Compras públicas a la SFP, ¿tendremos nueva súper secretaría?
El Gobierno federal hace alrededor de 150 mil compras cada año y en ellas gasta cerca de medio billón de pesos anuales. Son mil 300 millones de pesos diarios y sirven para mantener funcionando a las dependencias del Gobierno. El sistema de compras sirve para muchas otras cosas, entre ellas para ver de qué está hecho el Gobierno, ¿qué tan eficiente es? ¿Cómo se relaciona con sus proveedores? ¿Cómo lo comunica? ¿Es transparente? ¿Se toma en serio el combate a la corrupción?
Los mexicanos hemos padecido durante años la corrupción en los sistemas de compras públicas, en los tres niveles de Gobierno. El candidato López Obrador hizo suyas las críticas y aprovechó el enojo por algunos escándalos como la Estafa Maestra. Prometió cambios a fondo para erradicar la corrupción. No prometió eficiencia, porque esa palabra tan neoliberal no está en su diccionario, pero era tan consistente en sus críticas a los arreglos en lo oscurito que casi todos supusimos que también estaba ofreciendo máxima transparencia.
No consiguió erradicar la corrupción ni incrementar la transparencia, quizá ni siquiera lo intentó. Podemos dudar de las versiones que afirman que del cobro de comisiones desde el Gobierno, pero el hecho es que se incrementaron las compras por asignación directa, sin concursos ni licitaciones. Ahora son más de 40% del total, en promedio. Hay dependencias como los Laboratorios de Biológicos y Reactivos, Birmex, que hacen 90% de sus compras por adjudicación directa.
Un caso emblemático de expectativas en colisión con la realidad es el Instituto de Salud para el Bienestar. Su ineficacia resultó poliédrica, porque tenía muchas caras. Un aspecto que no debemos perder de vista es que realizaba 75% de sus compras por adjudicación directa, según un trabajo del IMCO, dedicado a los riesgos de corrupción. Más de 12 mil millones de pesos anuales se asignaron sin concurso o licitación. ¿Qué parte de esas compras formaba parte de procesos viciados o corruptos? Quizá nunca lo sabremos, porque la desaparición del INSABI complicará la revisión de sus cuentas. Lo único que es irrefutable es que la asignación directa de los contratos está correlacionada con un pésimo funcionamiento del Insabi.
En el diluvio de cambios que el Poder Legislativo está aprobando al vapor tenemos una reforma al sistema de compras en la que se transfiere el control de casi todas las compras del Gobierno federal desde la Secretaría de Hacienda hasta la Secretaría de la Función Pública. ¿Cuál es el problema?, se preguntarán ustedes. La SFP tiene también la función de supervisar las compras que hace el Gobierno. A ella le tocará autoevaluarse. Como a todos nos consta, eso no funciona ni en las escuelas Montessori.
¿Qué pretende el Gobierno con los cambios en las compras? La exposición de motivos de la iniciativa está llena de frases rimbombantes, pero es tacaña en lo que se refiere a explicaciones concretas de por qué hacer un cambio que quita “el control” de las compras a la Secretaría de Hacienda para otorgarla a la Función Pública. ¿Se trata de debilitar a una secretaría que fue una Vicepresidencia en el periodo neoliberal?
La centralización de las compras en la SFP abarca casi todo el Gobierno, pero deja fuera a las Fuerzas Armadas. No sabemos sí esa era la intención, pero refuerza la idea de que la Marina y el Ejército funcionan como un Estado dentro del Estado. Según datos del IMCO, en un informe presentado en 2021, la Secretaría de Marina realizó su proveeduría sin licitaciones abiertas. El 75% es adjudicación directa y el resto con invitaciones restringidas para proveedores.
¿Funcionará el intento de convertir a la SFP en una supersecretaría? La exposición de motivos no habla de dotar de más recursos presupuestales a la Función Pública. El contexto de presión contra el INAI y el Sistema Nacional Anticorrupción nos da derecho a temer por el futuro de la transparencia en las compras públicas. Llama la atención de la propuesta que esta no expresa metas cuantificables de los objetivos del cambio, quizá porque eso les parece el culmen de la argumentación tecnocrática. Por supuesto que los diputados que aprobaron la iniciativa ni siquiera se molestaron en debatir sobre el problema de que la SFP vivirá su curva de aprendizaje en materia de compras a partir del segundo semestre del quinto año de Gobierno.
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