Comisión de la Verdad en Jalisco
Más allá de las querencias o fobias contra el gobierno de la Cuarta Transformación, la deliberación sobre los alcances de la Consulta Popular puso sobre la mesa un tema de relevancia crucial en el país: la exigencia de justicia y verdad que han levantado desde hace años miles de víctimas de distintas atrocidades y distintos tipos de violencia estatal.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador y muchos de sus seguidores pusieron el tema de la lucha contra la corrupción y el enjuiciamiento a ex presidentes como el objetivo de la Consulta Popular celebrada el pasado 1º de agosto, muchas organizaciones de víctimas de distintos tipos pusieron como objetivo del resultado de dicha consulta instaurar un mecanismo especial (Comisión de la Verdad le llaman desde la justicia transicional), que un ejercicio de memoria e investigación brinde verdad y justicia a las víctimas.
En esta comisión de la verdad, o el mecanismo extraordinario que se decida constituir, indagaría sobre distintos tipos de represión y violencias que el Estado mexicano ha cometido contra la población a lo largo de varias décadas. Por ejemplo, los operativos represivos contra movimientos sindicales, donde incluso se usó al ejército para reprimir movimientos como el ferrocarrilero en 1958, las grandes matanzas como la del 2 de octubre de 1968, la Guerra Sucia, los vuelos de la muerte, hasta la reciente violencia de guerra informal con su estela de torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y masacres como la de Allende, ocurrida en Coahuila en marzo de 2011.
Sólo para dimensionar la importancia de un proceso de esta naturaleza, podemos hacer un ejercicio de recuperación de la memoria de lo que debería investigar una comisión de la verdad en Jalisco.
Una Comisión de la Verdad sobre violencias estatales debería empezar por indagar, nombrar y castigar a quienes han decidido o protegido los procesos de despojo y represión contra las comunidades indígenas en Jalisco. Una comisión de esta naturaleza debería recordar lo más de 30 miembros de la comunidad nahua de Ayotitlán, en el municipio Cuatitlán de García Barragán, que han sido asesinados o desaparecidos desde la década de 1970 a la fecha. En un episodio represivo, el gobierno federal envió al ejército a ocupar la comunidad para defender los intereses de las empresas madereras y mineras, lo que implicó que la comunidad padeciera retenes y toques de queda, y además torturaron y secuestraron a sospechosos de organizar la resistencia contra los invasores.
No hay comunidad indígena en Jalisco que no haya padecido violencia, a veces por invasores y caciques, a veces por el gobierno; o a menudo de ambos. De eso pueden dar testimonios el pueblo wixárika que ha padecido persecución, criminalización y hasta el asesinato de sus dirigentes como ocurrió con el caso de Miguel Vázquez Torres y su hermano Agustín, asesinados en San Sebastián Teponahuaxtlán, en mayo de 2017.
Recientemente la comunidad de tepehuana y wixárika de San Lorenzo Asqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, han denunciado amenazas, persecución, desaparición y amenazas de muerte, por parte de invasores de sus tierras, incluso con la participación de policías municipales. La comunidad indígena de Mezcala ha padecido la persecución, criminalización y encarcelamiento de comuneros que defienden la comunidad de la invasión de su territorio por un empresario tapatío. Algo parecido han padecido comuneros de San Francisco Ixcatán, Zapopan.
Una comisión de la verdad en Jalisco debería indagar la violencia que han padecido pobladores de la costa que se defienden de los procesos de despojos de tierras para los grandes negocios turísticos e inmobiliarios. Entre ellos se debería investigar la desaparición de tres pescadores de la Cruz de Loreto en marzo de 2011, o los asesinatos de Aureliano Sánchez Ruiz en julio de 2011 o Salvador Magaña, en diciembre de 2017.
La Guerra Sucia sería un capítulo muy extenso de la comisión de la verdad en Jalisco, porque además de la participación de policías secretas como la Brigada Blanca, contó con la participación del ejército, pues en los cuartes militares asentados en el estado se secuestró, torturó y eventualmente se ejecutó a disidentes detenidos por el Estado. Este capítulo debe incluir un apartado en el que se de cuenta de a cuantos opositores detuvieron, torturaron o asesinaron miembros de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG).
Poco se sabe, pero el movimiento sindical independiente de la década de 1970 fue reprimido brutalmente por el gobierno. No sólo con despidos y listas negras de sindicalistas, sino incluso el uso ejército, como contra los electricistas. Y un capítulo más de la comisión de la verdad incluiría la represión y acciones ilegales utilizadas por el gobierno en contra de un movimiento campesino que se movilizó en las décadas de 1970 y 1980.
Por supuesto, el capítulo más grande de una eventual comisión de la verdad en Jalisco, debe investigar, revelar las cadenas de complicidades e impunidades que hicieron que en apenas pocos años esta entidad encabece el listado de desaparecidos y fosas clandestinas, con su consecuente crisis forense.
Para esto debería servir una comisión de la verdad nacional y en cada entidad del país. Para procurar verdad y justicia a los miles de víctimas de la violencia estatal o paraestatal.
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