Colomos III en la indefensión
El predio y parque público en ciernes Colomos III está nuevamente en riesgo.Apenas en abril pasado estalló un escándalo que involucró al consejero de la judicatura Iván Novia, a quien el entonces director de amparos de la consejería jurídica del gobierno de Jalisco, Arturo Díaz Maldonado, denunció de estar presionando a un juez que lleva el litigio de la familia De Anda que reclama como suyo una parte de ese bien público.
El caso se hizo viral en redes sociales porque el funcionario estatal encaró y videograbó al consejero en los pasillos de la Ciudad Judicial saliendo de la oficina del juez y presumiendo que fue a velar por los intereses de la familia De Anda, quienes lo tenían contratado como su abogado en ese caso, antes de entrar a la judicatura.
Para Díaz Maldonado era claro que Novia Cruz estaba utilizando su puesto para litigar asuntos privados en detrimento del interés público que como funcionario judicial debía proteger. Desde la consejería jurídica del gobierno estatal, Díaz Maldonado promovió una denuncia contra el consejero en la Fiscalía de Jalisco y activistas solicitaron juicio político, que la mayoría naranja de la pasada legislatura rechazó.
El gobierno estatal estuvo lejos de acompañar la férrea defensa de Colomos III que hizo su director de amparos, quien semanas después renunció al cargo.
Lo preocupante ahora es que el gobierno estatal no sólo no ha dado seguimiento a la denuncia presentada en la Fiscalía, sino que ha descuidado otros litigios que mantienen otros particulares que reclaman predios de Colomos III.
La semana pasada, la consejería jurídica que encabeza José Luis Tostado no envió a ningún representante del gobierno estatal a la audiencia constitucional que podría traer como consecuencia que se pierda el primer amparo ante el particular Ricardo Ramírez Angulo que reclama como suyo un predio de mayores dimensiones que el que pretenden los De Anda. Se calcula en 5.7 hectáreas y el litigio inició en febrero de 2017 cuando la anterior administración de Jorge Aristóteles Sandoval recuperó 12 hectáreas de terrenos que demostraron ante tribunales que pertenecían al Estado.
“En estos momentos, se da cuenta al Secretario encargado del despacho, la inasistencia de Diana María Hernández Ángel y José Luis Tostado Bastidas, por parte de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo en representación del gobernador Constitucional y Secretario, ambos del Gobierno del Estado de Jalisco, de quienes se tiene generado su Código QR para el ingreso a las instalaciones de esta Ciudad Judicial Federal”, se lee en las actas de la audiencia.
La pregunta es si el gobernador Enrique Alfaro está enterado de esta irresponsable ausencia y descuido que no sólo pone en riesgo el parque que significa un victoria colectiva que como alcalde tapatío promovió, sino que podría significar la existencia de componendas y corruptelas para que del erario se termine indemnizando a estos presuntos propietarios en detrimento de las finanzas públicas. El valor comercial de ese terreno, por ejemplo, superaría los mil 900 millones de pesos. Casi una tercera parte del último crédito de deuda pública contratado por el gobierno alfarista de 6 mil millones de pesos.
Por eso, nuevamente el mandatario estatal está obligado a refrendar el compromiso que hizo en 2016 de primero renunciar que permitir alguna construcción o perder alguna parte de este predio que pertenece a todos los jaliscienses.