Colapso forense
La desbordada crisis de violencia e inseguridad que no ha dejado de escalar en los últimos años ha agravado severamente los problemas que se tienen en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) con la identificación y entrega de las personas fallecidas, situación que hace más doloroso el drama que padecen miles de familias que buscan a algún ser querido desaparecido.
Las quejas de los familiares por el mal servicio, lentitudes y trato que reciben en el IJCF cuando van en búsqueda de información o para recuperar algún cuerpo ya dejaba ver que se está muy lejos de corregir el colapso forense que quedó al descubierto desde el 2018, a fines del sexenio del priista Jorge Aristóteles Sandoval, con el bochornoso asunto de los tráileres en los que deambulaban por la ciudad cientos de cuerpos que ya no tenían cabida en las morgues del Estado.
En medio de aquella crisis forense que provocó la caída del procurador estatal y del entonces director del IJCF, el gobierno saliente y el entrante de Enrique Alfaro prometieron ampliar los espacios y dotar de más personal a esta institución para mejorar su operación, sin que ese objetivo se haya alcanzado ni se destinen los presupuestos necesarios para lograrlo.
La grave situación que atraviesa el IJCF está claramente documentada en el informe que la semana pasada presentó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y que llamó “¿Quiénes son? La Crisis de la Identificación de Personas en Jalisco”, en el que el dato que destaca es que en los ocho centros del servicio médico forense se tienen seis mil 249 personas fallecidas y restos sin identificar.
Si bien es cierto que el hallazgo de múltiples fosas clandestinas, que tienen a Jalisco como la entidad en donde más cuerpos se exhuman de esos cementerios clandestinos, ha aumentado considerablemente el trabajo de los peritos forenses, y más aún por los crecientes casos de cuerpos mutilados que complican su labor, lo cierto es que también, como lo señala informe, se han cometido errores administrativos y negligencias institucionales que han hecho crítico el funcionamiento del IJCF, donde en los últimos dos años creció 40 por ciento el rezago en la identificación de los cuerpos.
Bien harían en el gobierno estatal atender lo planteado en este informe para hacer los ajustes que urgen para sacar del colapso al IJCF y que deje de ser fuente de revictimización para las familias que buscan a alguna de las casi 13 mil personas que están reportadas como desaparecidas en Jalisco en el registro de la Secretaría de Gobernación. Enfrentar de mejor forma el problema de las desapariciones, sin duda el mayor problema de inseguridad en el estado, pasa por corregir los malos desempeños en el IJCF.
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