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¡Claro que es política, Presidente!

Las movilizaciones en defensa del INE del pasado domingo 26 de febrero se inscriben por derecho propio entre las movilizaciones sociales más importantes del presente siglo. Junto con las manifestaciones en decenas de ciudades del país y las plazas pletóricas de personas exigiendo que se frene la reforma electoral, también pasará a las páginas de la historia la declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que minimizó y desacreditó con un argumento propio de su mañanera: “Siempre he dicho que se trata de un asunto político”.

¡Claro que es política, Presidente!

Es política la voluntad de la gente que se manifestó en las grandes ciudades y en las pequeñas urbes. Porque repudian lo que están aprobando las mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Naturalmente es político el ejercicio de la libertad de manifestación, y es político también el ejercicio de la libertad de expresión.

Y obviamente, entre los cientos de miles de manifestantes hubo militantes de partidos políticos. Pero cuando el Presidente López Obrador condena desde su púlpito en Palacio Nacional la actividad de militantes de partidos, debiera también condenar lo que hacen sus compañeros de partido, los de Morena.

Olvida algo elemental: también existe en la Constitución que tanto ha querido reformar, el derecho de libertad de asociación… y no cometen delito ni son menos ciudadanos ni atropellan creencias morales quienes deciden registrarse y militar en un partido político.

¡Claro que es política! ¿Y cuál es el problema, cuál es la falta?

El Presidente del país y sus numerosos aliados insisten sin ningún freno ético (cuando menos), en descartar y reducir a quienes no están de acuerdo con esa reforma electoral, con el “Plan B”. Conservadores, adversarios, manipulados por las élites, opositores a la transformación y muchos más calificativos. El Mandatario del país incluso aseguró que las manifestaciones fueron motivadas y manipuladas por los grupos aliados con el crimen organizado.

Esas y muchas otras descalificaciones seguirán escuchándose en los días que vienen, hasta que se organice en marzo (faltaba más) otra movilización que pretenda responder a la concentración ciudadana del domingo.

Lo paradójico del caso es que en el discurso de descalificación, vuelven a postular la idea de que hay mexicanos de primera (los que están de acuerdo con el Presidente y lo que él dice que es la “transformación” del país) y los de segunda: los conservadores, los que están contra los pobres, los que pretenden “saquear” al país.

Lamentablemente, el discurso presidencial ha caído en un pozo profundo donde sólo hay más pretextos de confrontación y donde está dilapidando lo poco que queda de la autoridad moral y la legitimidad que le dieron los mexicanos en la elección de 2018… que organizó el INE.

Sostengo la hipótesis de que las manifestaciones del 13 de noviembre de 2022, también para defender al INE y el andamiaje electoral del país, obligaron e impulsaron a los diputados que dudaban, a rechazar la reforma electoral a la Constitución, lo que dio pie al “Plan B”.

Las movilizaciones del 26 de febrero enviaron, esta vez, un mensaje potente y claro a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: deben impedir que entre en vigor el “Plan B” de la reforma electoral.

Es más potente la exigencia ciudadana y más legítima también. No importa que el Presidente desde la mañanera les diga “corruptazos” y los tilde de “traidores a la Patria”.

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