Caso Alfaro: El paso en falso del IEPCJ
En una apresurada decisión, sin debate de consejeros electorales de por medio y de un plumazo, el Instituto Electoral de Jalisco (IEPCJ) ordenó al portal Aristegui Noticias, de la periodista Carmen Aristegui, bajar una investigación de la reconocida reportera Anabel Hernández, que llevaba por título: “Enrique Alfaro, bajo investigación de EU por presuntos vínculos con el narcotráfico”, y que actualmente luce la leyenda “Contenido suspendido por orden del Instituto Electoral de Jalisco”.
El reportaje, que refiere como fuente un informe de la Secretaría de la Marina (y que como el Departamento de Estado de EU, también mencionado, no han desmentido la información revelada), fue publicado el 30 de junio, un día antes de la jornada electoral.
Como ha reaccionado recurrentemente cuando se publica información que lo cuestiona o critica, y aunque la reportera los buscó infructuosamente para escuchar su versión, tras la publicación, Alfaro descalificó el reportaje y lo calificó como “guerra sucia” para afectarlo en la elección del día siguiente. Por ello, se quejó ante el órgano local electoral y el domingo 1 de julio la Comisión de quejas, en fast track, le otorgó una medida cautelar y ordenó el retiro de este material periodístico.
Así, el IEPCJ más que actuar como un garante del derecho a la información, se convirtió en censor de un medio con el pretexto de la veda electoral, que es para detener la propaganda electoral de candidatos y de encuestas, y no una mordaza para los medios, como lo aclaran incluso documentos del INE.
Desde el primer momento, el equipo de Aristegui Noticias y la periodista Anabel Hernández supieron que el órgano electoral estaba excediendo sus atribuciones, pero decidieron acatar la medida, no sólo para evitar una cuantiosa multa económica, sino fundamentalmente para iniciar un proceso jurídico y revertir legalmente este acto de violación de garantías y sentar un precedente que evite atropellos a la libertad de expresión, que como éste, impide que la sociedad reciba información de interés público, cuya veracidad, en todo caso, se litiga en tribunales y no en órganos electorales.
El martes pasado, en el programa de TV en vivo que tiene en su portal la propia Aristegui planteó este caso, entrevistó a la autora de la investigación y a Leopoldo Maldonado, Coordinador del Programa Legal para México y Centroamérica, de la organización internacional Artículo 19, que tiene sede en Londres y que se dedica a la defensa de la libertad de expresión y del trabajo de periodistas, quien explicó la estrategia legal que emprendieron contra el IEPCJ. En el Tribunal Electoral, me dijo ayer su presidente, el magistrado Rodrigo Moreno, están ya ocupados en el litigio que esperan resolver en dos semanas.
A su regreso de vacaciones, este caso pondrá a prueba la promesa que Alfaro hizo el viernes pasado de abrir una nueva etapa de su hasta hoy conflictiva relación con los medios, por su poca tolerancia a la crítica, que volvió a aflorar el 30 de junio pasado.
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