INAI: la venganza por los juniors de AMLO
El gobierno de Claudia Sheinbaum va por la desaparición de siete organismos autónomos. Si fue uno los encargos que le dejó López Obrador o es parte de su agenda, ya es lo de menos. Estamos en su gobierno y ella va a jalar el gatillo contra los órganos creados para vigilar el poder. Ella quiere tener todo el poder y sus secuaces en el Legislativo la acompañan con la esperanza de algún día ejercerlo ellos mismos. Están preparando el pastel que a todos se les antoja comerse.
El primero en la fila de la muerte es el instituto de transparencia, el INAI. Su asesinato es la secuencia iniciada por López Obrador: el que se meta conmigo las va a pagar. Lo ejerció durante su gobierno, y las cuentas que no alcanzó a cobrar, la presidenta se encarga de ejecutarlas.
Y contra el INAI la venganza es porque sus resoluciones contribuyeron a revelar los escándalos de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés de sus tres hijos mayores de edad. Gracias al INAI supimos de los contratos de la empresa contratista propietaria de la Casa Gris, la mansión donde vivía José Ramón López Beltrán en Houston. El INAI contribuyó a transparentar los contratos que exhibieron la red de tráfico de influencias de Andy y Bobby López Beltrán (El Clan) en el Tren Maya, Dos Bocas, el Transístmico y la venta de medicinas.
Ahora que aniquilen al INAI, el régimen dice que toda esa información va a ser proporcionada por el propio gobierno, concretamente, por la Secretaría Anticorrupción. Ajá. ¿Van a transparentar los contratos de los amigos de Andy y Bobby, de sus prestanombres, de sus empresarios favoritos? Ajá.
Los hijos del presidente fueron exhibidos como corruptos y traficantes de influencias gracias a las herramientas que el INAI pone a disposición de los ciudadanos, académicos, investigadores, periodistas. Eso dejará de existir. Es un paso al autoritarismo, a la opacidad, a dejar de rendir cuentas, a favorecer los tratos en lo oscurito.
Cuando el INAI se fundó en el sexenio de Fox con el nombre de IFAI, la oposición de entonces (sí, de la que López Obrador y los suyos fueron parte central hasta 2018) fue clave en la presión al gobierno para la creación de estos órganos especializados que no dependen directamente del gobierno. Incluso mucho tuvieron que ver las protestas y berrinches que hizo López Obrador posterior a las dos campañas presidenciales que perdió, para que en 2015 el IFAI se transformara en INAI y tuviera mejores condiciones para que el gobierno en turno rindiera cuentas de sus gastos y que la protección de datos de todos estuviera más protegida.
Hoy los obradoristas lo sepultan. Pero tienen cómplices: no veo a muchas voces que impulsaron estas leyes de transparencia poner el grito en el cielo. Están acomodadas con el régimen. Si esto hubiera sucedido en el sexenio de Peña Nieto, estarían incendiando Los Pinos… y con razón.
Que la utilidad, costo y funcionamiento de cada uno de estos organismos se deben de revisar a fondo nadie lo pone en duda. En cualquier análisis objetivo, la conclusión tendría que ser que el INAI debe alejarse del gobierno, volverse más ciudadano y con mayor poder punitivo para que las corrupciones que contribuye a revelar, sean castigadas. Ese es el gran faltante. No lo contrario: que sus funciones pasen a estar en manos del gobierno. Eso es seguir avanzando en la autopista de la dictadura.
Lo del INAI no es austeridad republicana, no es cortar excesos presupuestales. Es venganza. Simple y llana venganza. Fox sufrió la transparencia por el “toallagate” y los negocios de sus hijastros. Los contratos de García Luna -estrella del sexenio de Calderón- se revelaron vía transparencia. La Estafa Maestra de Peña Nieto también. Ninguno de esos presidentes se atrevió a desaparecer al INAI, como lo está haciendo ahora la dupla AMLO-Sheinbaum. Eso dice mucho del pasado, y del presente.