COVID-19 y corrupción, ¿Cómo vamos, Jalisco?
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemoró ayer, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, emitió un discurso en el que llamó la atención a gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de los riesgos y las “oportunidades adicionales para la corrupción” que ha creado la pandemia del coronavirus en este 2020.
Abrió con la advertencia de que en “los últimos años se han producido estallidos de ira y frustración contra líderes y gobiernos corruptos. En algunos países la gente ha salido a la calle para exigir justicia social y rendición de cuentas” y alertó también de las corruptelas que se pueden dar porque “los gobiernos están gastando rápidamente para volver a encarrilar la economía, prestar apoyo de emergencia y adquirir suministros médicos” sin una supervisión adecuada, por lo que convocó a no “permitir que se malversen los fondos destinados a estimular la economía ni los recursos vitales para hacer frente a la emergencia”.
De estos riesgos y de la necesidad de que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) emprendiera acciones para prevenir y combatir la eventual corrupción que se podría dar por la discrecionalidad en el gasto público que les permitía a las autoridades de Jalisco el decreto por la emergencia sanitaria emitida desde marzo, hice referencia aquí desde inicios de la pandemia que se hicieron los primeros gastos extraordinarios, después cuando se contrató el crédito de 6 mil 200 millones de pesos y más aún cuando vinieron las primeras acusaciones de compras a sobreprecio que hicieron partidos de oposición al gobierno estatal.
Además de esos primeros señalamientos hechos en mayo sacados de la página coronavirus.jalisco.gob.mx entre los que destaca el que los 26 millones de pesos gastados en comunicación por la pandemia, superaban los 23 millones invertidos en la pruebas para detectar casos de COVID-19; los 14 millones de pesos ejercidos en la compra de gel para escuelas cerradas desde marzo; o la opacidad en los 450 millones de apoyos a micro y pequeñas industrias, los 150 millones entregados a productores de maíz o los 400 millones de pesos a actores económicos informales, en julio vino una primera llamada de atención también de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) por la poca claridad en los gastos por la pandemia que empezó a revisar desde el 8 de junio pasado.
Fue cuando publicó el primer estudio titulado “Gasto Público por COVID-19. Áreas de oportunidad y recomendaciones para disminuir riesgos”, que consta de 35 páginas, en el que detectó 15 áreas de oportunidad, entre ellas lo invertido en el Hospital privado Ángel Leaño y las reasignaciones presupuestales hechas para los gastos extraordinarios de la pandemia en las que la ASEJ detectó información generalizada que no cubría los estándares de transparencia.
El llamado de Guterres nos obliga a hacer otra revisión de lo que el gobierno estatal contestó al primer estudio, qué nuevos hallazgos ha hecho la ASEJ, y cuáles la mesa de seguimiento del ejercicio presupuestal del crédito de 6 mil 200 millones de pesos que instaló el propio gobierno y que encabeza Augusto Chacón para saber en Jalisco cómo vamos en cuanto a corrupción y COVID-19.
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