¿Ayudará Caro a atenuar los roces entre la DEA y la 4T?
Más allá de las especulaciones de que en la recaptura del capo Rafael Caro Quintero el viernes pasado (y que a la postre costó la vida a 14 marinos que lo detuvieron y viajaban de regreso en el helicóptero que se desplomó) gravitó el encuentro que dos días antes habían tenido en Washington el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en lo que habrá que poner atención es si esta detención y una eventual rápida extradición al vecino país del norte contribuye a limar las asperezas entre la agencia antidrogas estadounidense (DEA) y el gobierno lópezobradorista, cuyas relaciones no sólo están deterioradas sino prácticamente rotas.
En agosto de 2013 la DEA y la Casa Blanca hicieron fuertes extrañamientos contra el gobierno del priista Enrique Peña Nieto por la liberación fasta track de Caro Quintero del penal de Puente Grande, 12 años antes de cumplir su sentencia y acusaron de corrupción a los magistrados del Tribunal Colegiado en materia penal del Tercer Circuito en Jalisco que ordenaron su excarcelación bajo el argumento de que no debió ser enjuiciado en el fuero federal, sino en el común, por el asesinato de su agente Enrique “Kiki” Camarena Salazar y su piloto Alfredo Avelar en 1985 año que fue arrestado. Fue tanta la presión que en 2015 los tribunales mexicanos volvieron a declararlo culpable de estos asesinatos y se emitió la orden de aprehensión que se ejecutó el viernes pasado luego de siete años.
En el Gobierno de la 4T las relaciones con la DEA se empezaron a tensar por la liberación y exoneración también fast track que hizo la Fiscalía mexicana, del ex secretario de la Defensa en el gobierno de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, luego de que fue detenido en Estados Unidos acusado de estar coludido con el narcotráfico. Más aún porque en una de sus mañaneras, el Presidente acusó a la DEA de hacer señalamientos contra el militar sin pruebas.
A partir de ahí se acumularon las diferencias por las restricciones que les pusieron a sus agentes en México y la suspensión del Plan Mérida, con el que por años Estados Unidos y México, hacían programas de colaboración para el combate al narcotráfico. Todo esto se agravó por el creciente poderío del crimen organizado en México, por episodios como el “Culiacanazo” cuando soltaron a Ovidio Guzmán el hijo de El Chapo, líder preso del cártel de Sinaloa, y sus desacuerdos con la estrategia de seguridad de “los abrazos y no balazos”.
Como se sabe, la DEA ofreció una recompensa récord de 20 millones de dólares a quien ayudara con información para la recaptura del fundador del cártel de Guadalajara en la década de los ochentas y a quien señalaban que desde su liberación en 2013 volvió a la producción y tráfico de enervantes convirtiéndose en el líder del cártel de Caborca, Sonora, territorio que le era disputados por los hijos del Chapo.
Lograda esta reaprehensión la incógnita es si la DEA abre una tregua con el Gobierno mexicano o mantiene su presión por el caso Cienfuegos y Ovidio.
Veremos.
Jaime Barrera
jbarrera4r@gmail.com