¿Anaya en fuga o en exilio?
El ex candidato panista a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, no dudó ayer en señalar que tras recibir el domingo pasado un citatorio para comparecer ante un juez en el Reclusorio Norte, acusado de corrupción y por supuestamente recibir alrededor de seis millones de pesos de los sobornos del caso Odebrecht, saldría del país como exiliado porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo quería meter “a la mala” a la cárcel, para eliminarlo como adversario político para la elección presidencial del 2024.
El propio Presidente abordó durante 40 minutos el tema en su mañanera y negó que se tratara de una persecución política de su parte, sino de resoluciones jurídicas y de la Fiscalía General de la República (FGR), en la que, asegura, no tiene injerencia.
El caso es que los bandazos y la justicia selectiva que ha desplegado la FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero, hace difícil pensar que se trata exclusivamente de un auténtico propósito de combatir la corrupción y acabar con el lastre de la impunidad que siempre hemos padecido en el país.
A reserva de que se conozcan las pruebas que se tengan contra Anaya, lo cierto es que hasta ahora no han aparecido, por ejemplo, pruebas tan contundentes como los videos donde los hermanos de López Obrador, Pío y Martín, reciben dinero de operadores gubernamentales, sin que en estos casos la FGR haya actuado con la diligencia y agilidad como lo hace en el asunto de Anaya y en otros casos, entre los que sin duda destacan el encarcelamiento de la ex secretaria de Desarrollo Social en el pasado sexenio priista, Rosario Robles, y el desafuero y orden de aprehensión en contra del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Si a eso sumamos la inacción para corregir el culiacanazo con la recaptura de Ovidio Guzmán; la laxitud extrema de la lujosa prisión domiciliaria del ex director de Pemex, Emilio Lozoya; la exoneración por la omisión de los millonarios patrimonios inmobiliarios del director de la CFE, Manuel Barttlet y de la ex secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval; la atropellada liberación del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos y del empresario Alonso Ancira; y la falta de seguimiento al tráfico de influencias de su prima Felipa Obrador que recibió de Pemex contratos por 365 millones para su empresa Litoral Laboratorios Industriales, entre otros, se dibuja claramente un esquema de justicia selectiva, y lo peor, el uso faccioso de las instituciones encargadas de impartir y procurar justicia.
Este episodio, pues, debe ponernos nuevamente a todos en alerta. No hay mayor riesgo para la democracia, que el permitir que ánimos autoritarios hagan uso político y selectivo para perseguir a sus opositores. Ojalá que el gobierno de la 4T demuestre y deje claro que no está cayendo en esta tentación. Como sociedad estamos obligados a impedir que los grupos de poder, sean del color que sean, se apropien de las instituciones que son de todos los mexicanos, principalmente las encargadas de impartir justicia. Más aún en medio de la crisis desbordada de violencia e inseguridad que sufrimos.
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