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¿Alguien leyó el dictamen?

A lo mejor no se enteró de la nueva Ley de Movilidad aprobada en el Congreso de Jalisco el sábado por la madrugada, pero le compartimos en cinco pasos las alertas para conductores infractores. El primero: la máxima multa por no respetar el derecho para el paso de peatones o invadir los accesos o zonas peatonales se triplicará a mil 443 pesos. Segundo: la sanción por hablar o enviar mensajes en el celular pasará hasta dos mil 405. Tercero: por conducir con cigarro encendido será sancionado con 481 pesos. Cuarto: para los motociclistas que no respeten su carril o sean sorprendidos zigzagueando, la multa máxima quedará en 962. Y cinco: la sanción para los motociclistas que lleven a bebés será de cinco mil 772 pesos.

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El tercer punto exhibió el trabajo de las diputadas y los diputados, ya que en el Artículo 360 se estipula que se sancionará a las personas conductoras o propietarias de los vehículos, o en su caso, personas operadoras de vehículos del servicio público de transporte, por conducir con cualquier producto encendido de tabaco. Eso involucra a los conductores de cuatro millones de vehículos en Jalisco.

Sin embargo, el pasado sábado desde el Gobierno de Jalisco aclararon que solamente es para los choferes del transporte público. Supuestamente, se realizará una modificación al dictamen y quedará plasmada en el transcurso de esta semana.

Tantos meses y mesas de trabajo exhiben otra vez a las diputados y los diputados que avalaron el dictamen. ¿Algún fumador influyente se quejó y recularon? ¿No leyeron todo el dictamen? ¿O las dos cosas?

Tan cara que cuesta la nómina del Congreso.

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Y mientras la mayoría de las diputadas y los diputados coinciden en que esa reforma es para prevenir las conductas de choferes que ponen en riesgo su integridad y la de otras personas, también se exhibe que ni un poquito de pudor tiene el Gobierno de MC, quien a través de su “Oficina de trámites”, llamada Congreso del Estado, aprobó la nueva Ley de Movilidad, en la que se establecen aumentos automáticos a la tarifa del transporte público para aplicarse a partir del segundo semestre del 2024. Lo anterior significa que establecieron estos aumentos después de las siguientes elecciones. Ni siquiera disimulan un poco en su medición política, calculando que esto no les afecte en sus campañas a la gubernatura, alcaldías y diputaciones por el descontento social que suelen generar estas alzas al transporte, pero le dejan todo el paquete al siguiente gobernador.

Los precios de los combustibles, gastos de operación y costos de los recursos humanos determinarán el alza automática. ¿Quiénes son los consentidos? El “pulpo camionero”.

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