Aileen enfrenta a Trump
Cuando Aileen Cannon se graduó como abogada en la Universidad de Michigan en 2007, no imaginaba que se convertiría en jueza federal en Florida, y mucho menos que a sus 42 años tendría en sus manos un caso que pondría a prueba al sistema judicial y a la democracia misma de Estados Unidos. Con determinación, emprendió una carrera meteórica que le permitió ser nominada por Donald Trump, quien sabía que era miembro de la Sociedad Federalista, de corte conservador.
El nombre de Aileen apareció en días pasados en los documentos que citaron al ex presidente que la había nominado; ahora acusado de delitos graves por mal uso de información clasificada y obstrucción de la justicia. Había nacido en 1981 en la ciudad de Cali, Colombia. Luego se educó en escuelas privadas en Miami y se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. Fue nombrada jueza en un tribunal federal solo 12 años después de haber sido admitida por primera vez para ejercer la abogacía, la experiencia mínima que el Colegio de Abogados de los Estados Unidos exige a los nominados a la judicatura. Anteriormente, había sido secretaria proyectista de un juez de apelaciones en Iowa y luego asociada en el bufete de abogados Gibson Dunn en Washington DC.
Pertenece a una generación que ha leído mucho sobre la crisis de la democracia, respecto a la concentración de poder en los partidos y el surgimiento de una poderosa ola de técnicos en comunicación, mercadotecnia y operación de masas, como los movimientos sociales encabezados por nuevos caudillos irreverentes carentes de límites políticos.
Sabe bien que muchas naciones en el mundo, incluidas las más poderosas, han enfrentado crisis debido al surgimiento de liderazgos de este tipo: Putin, Xi Jinping, Trump, Orban, Erdogan, Bolsonaro, Johnson, son algunos ejemplos de gobernantes que han puesto en tensión a los sistemas políticos de sus países y han aumentado el tono del debate sobre la legitimidad democrática y la necesidad de someter el ejercicio del poder a las leyes. Todos estos mandatarios han enfrentado crisis al intentar limitar los contrapesos de poder en sus naciones.
Pero seguramente, en estas noches en las que ha repasado su historia y reflexionado sobre su responsabilidad, ha llegado a la conclusión de que ninguna de estas crisis es comparable con la acusación criminal contra Donald Trump, quien comparecerá el martes ante su tribunal federal en Florida. Y no porque se trate de un asunto relacionado con la seguridad nacional, sino porque sabe que en la práctica no sólo se juzgará a un exPresidente y posible candidato a la elección de 2024, sino, sobre todo, porque el juicio es una prueba para la democracia de los Estados Unidos.
Más allá de las pruebas, que parecen contundentes respecto a la posesión indebida de información clasificada y a la obstrucción de la justicia, que pudieran llevar a la cárcel al ex mandatario; e independientemente de los aspectos técnicos del procedimiento, está el aspecto político del caso. Es claro que Trump podrá arroparse en las túnicas de víctima de persecución y aprovechar al máximo la enorme exposición mediática que tendrá para colocar sus mensajes y fortalecer así su intención de ser candidato republicano a Presidente una vez más. Y es posible que lo consiga, aún si es procesado y condenado, ya que la ley permite que cualquier ciudadano pueda ser candidato y presidente en esas condiciones.
El desafío entonces no está en cómo juzgarlo o en los aspectos jurídicos del asunto, el reto está en cómo comunicar a la opinión pública el proceso y el resultado. Minar la credibilidad del sistema judicial es un propósito de coyuntura que puede provocar daños duraderos. En una sociedad profundamente polarizada, en la que los argumentos esgrimidos entre demócratas y republicanos son cada vez más emocionales y a las puertas de un proceso electoral, el caso de Trump será una prueba estructural para el sistema político de aquella nación.
No hay certeza de que Aileen permanezca en el caso, porque se espera que la primera audiencia del próximo martes en Miami se lleve a cabo frente al juez magistrado Bruce Reinhart, quien firmó la orden original que autorizó la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago, la casa de Trump en Florida. Pero mientras sea la jurista asignada, ella tendrá amplia autoridad para controlar casi todos los aspectos, incluida la evidencia admisible, la capacidad de retrasar o acelerar los procedimientos e incluso la viabilidad legal del caso del Departamento de Justicia.
Algo que ni en sus mayores fantasías imaginó puede convertirse en un caso exitoso o en una pesadilla.