Agua neoliberalizada
Como muchos de los males modernos del país, el de la distribución del agua proviene de las políticas y leyes neoliberales aplicadas en México desde hace 30 años. En 1992, en la presidencia fraudulenta de Carlos Salinas de Gortari, se creó la Ley de Aguas Nacionales, que como la Ley Minera, de Inversión Extranjera y la modificación al artículo 27 de la Constitución, tenían como objeto privilegiar la participación de las corporaciones privadas en la mercantilización de los bienes comunes, como agua, tierra, montes y minerales. Tres décadas después, los resultados del manejo de las aguas nacionales indican que los neoliberales se salieron con la suya.
El mercado del agua que el propio Estado impulsó mediante los títulos de concesiones ha sido radiografiado a cabalidad en el reportaje periodístico “Los explotadores del agua”, coordinado por Thelma Gómez Durán, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con la participación de otros siete periodistas, entre ellas Sonia Serrano, quien analizó el manejo del agua en Jalisco.
El reportaje presenta un panorama general del manejo del agua en México que revela que si bien hay más de 506 mil concesiones de explotación y aprovechamiento del recurso hídrico, el mayor volumen está concentrado en apenas algunas corporaciones privadas que explotan ese recurso en distintas dinámicas de acumulación de capital: minería, cerveceras, refresqueras, agroindustrias, inmobiliarias, entre otras.
Tres décadas después, los resultados del manejo de las aguas nacionales indican que los neoliberales se salieron con la suya
La mayoría de las concesiones de agua son para uso agrícola que están exentas del pago de derechos. Debido a la laxitud en la aplicación de la ley p ara vigilar la extracción de volúmenes de agua, y del permiso para el traspaso de títulos de concesión, se ha generado un lucrativo mercado negro de dichos títulos que se han ido concentrando en unas cuantas empresas que terminan con los mayores volúmenes de agua.
Así como sin agua no hay vida, del mismo modo, las grandes dinámicas de acumulación de capital no serían posibles sin la explotación de grandes volúmenes de agua. Y esto ha llevado a una desigual distribución de este recurso, como lo expone en detalle Sonia Serrano en el reportaje sobre las concesiones de agua en Jalisco.
Hay ejidos que han demandado una concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para abrir un pozo pero que les ha sido negada, mientras a grandes empresas como ITLC Agrícola, vinculada a Grupo Azucarero México y a la empresa refresquera PepsiCo, se les entregan concesiones mediante las cuales acaparan millones de metros cúbicos al año, al igual que empresas dedicadas a la producción de berries como Naturesweet Invernadero o Nutrilite.
La negativa de concesiones a los pequeños productores ha terminado por propiciar un mercado de renta de tierras para la producción de berries como fresa, arándano, frambuesa y zarzamora, cuya extensión se triplicó entre 2007 y 2017 (al pasar de 2,182 a 6,646 hectáreas). Con tierras rentadas y con los títulos de concesión de agua en su poder, las agroindustrias (varias de ellas extranjeras) están teniendo un impacto significativo en el campo de Jalisco, en donde miles de campesinos han dejado de sembrar para pasar a rentar sus tierras. De esa manera, se les ha expropiado de los medios para la reproducción digna de su vida.
A escala nacional, esta política del agua ha terminado por propiciar su mercantilización donde se facilita que quienes concentran capital y poder, se queden con los mayores volúmenes de agua. Mientras pocas empresas privadas concentran el recurso, ocho millones de hogares reciben agua dos o tres días a la semana y dos millones de hogares no la reciben: tienen qué acarrearla o comprarla en pipas. El resultado de estas políticas: agua neoliberalizada en México.