Acoso sexual en la UdeG
La Universidad de Guadalajara (UdeG) enfrenta un momento clave en su evolución institucional hacia la igualdad. Esta revolución, con sello feminista, lleva años gestándose, a veces silenciosa, otras veces vociferante y pintada de púrpura.
En esta ocasión, la vida interna de la Máxima Casa de Estudios se ve sacudida otra vez. Pero no por un diferendo presupuestal con el gobernador sino por una demanda más compleja y amplia: la erradicación de las violencias contra las mujeres en las aulas.
Los casos se han acumulado. El magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, destituido por acoso sexual a una menor, fue cesado como profesor universitario. Esto tras años de protección institucional pese a las denuncias en su contra.
En días recientes, un profesor de la Preparatoria Vocacional y otro de la Preparatoria de Chapala, ambos acusados de acoso sexual, dejaron sus cargos para ser investigados. En el primer caso, las protestas de las alumnas en el plantel tuvieron un amplio eco mediático.
La presión surtió efecto. El Rector Ricardo Villanueva pidió disculpas públicas por las fallas y omisiones, y anunció un «nuevo pacto social» entre los universitarios a través de varias reformas que entrarán en vigor la próxima semana.
En febrero del año pasado, la UdeG creó la Unidad para la Igualdad. Poco después avaló un nuevo protocolo contra la violencia de género, lo que incluyó cambios a varios estatutos y códigos. Sin embargo, su aplicación se retrasó debido a que tuvieron que capacitar a 228 universitarios.
Estas reformas, más la creación de un manual y un reglamento, todo entrará en vigor este 29 de marzo. Significa que el trabajo del último año será sometido a prueba con la aplicación por fin del Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género.
El reto para la UdeG es demostrar que sus nuevos estatutos marcan un antes y un después. Que las instituciones aún son capaces de aplicar normas para transformarse
En este documento se definen procesos y acciones, según la gravedad de los hechos, para atender a las víctimas. También especifica qué es una prueba válida (mensajes de WhatsApp, testimonios de terceros, etc.), y cómo se desarrolla el derecho de audiencia de los acusados. Todo esto para garantizar la atención de las denunciantes y evitar el linchamiento gratuito.
Todas las violencias están asentadas en el protocolo: psicológica, física, digital y sexual como el acoso y el hostigamiento. El mecanismo funcionará así: en cada centro escolar habrá personal de primer contacto capacitado que atenderá las denuncias y evitará la revictimización. La investigación seguirá una ruta estandarizada que antes no existía. En resumen, la Máxima Casa de Estudios apuesta por un nuevo sistema de responsabilidades universitario.
El reto para la UdeG es demostrar que sus nuevos estatutos marcan un antes y un después. Que las instituciones aún son capaces de aplicar normas para transformarse. Que un problema de fondo, cultural y permisivo para el hombre, ha llegado a su fin en las aulas universitarias.