Abrir la Fiscalía al escrutinio social
Ante el anhelo y la exigencia social que se vino construyendo desde años atrás y detonó con una potencia inédita en 2017 que se propusieron reformas para tener un fiscal autónomo en Jalisco, en octubre de 2018, siendo gobernador electo, Enrique Alfaro declinó aceptar ese reto en el gobierno que estaba a un punto de iniciar argumentando que la autonomía de la Fiscalía estatal no se podía dar por “decreto”, sino que se debía construir.
A juzgar por el hecho de que el mandatario estatal canceló la terna para que el Congreso definiera al sucesor de Gerardo Octavio Solís Gómez y propusiera sólo a consideración del Poder Legislativo el nombramiento de Luis Joaquín Méndez Ruiz, hasta ayer fiscal ejecutivo, y expresara que con ello pretende dar continuidad a los trabajos en la Fiscalía estatal, queda claro que los primeros tres años de su gobierno fueron insuficientes para construir esa evolución.
Eso era de esperarse porque como lo comenté ayer, nunca se trabajó en la agenda para ir cumpliendo la ruta de 22 puntos que propuso el movimiento #FiscalíaQueSirva y que como gobernador electo Enrique Alfaro se comprometió a cubrir.
El relevo en la Fiscalía estatal es un inmejorable momento para que este movimiento se reagrupe y exija el cumplimiento de ese compromiso gubernamental de ir adecuando la Fiscalía al modelo autónomo en el que trabajaron desde el 2015 más de 50 instituciones en la mesa interinstitucional y ciudadana para la creación del sistema estatal anticorrupción, entre ellas cúpulas empresariales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Es también el momento para que se retome la discusión en el Congreso de la iniciativa que recogía esos trabajos y que envió en 2017 el finado gobernador Aristóteles Sandoval, donde se proponía la Fiscalía Autónoma y que congeló la Legislatura pasada de mayoría naranja.
Si ayer el mandatario estatal consideró que erradicar la infiltración del crimen organizado en las dependencias, entre ellas la Fiscalía, llevará años, mucho tiempo más tardaremos si sigue esta institución y el resto de las corporaciones policiales, cerradas y operando en la opacidad total.
Urge, pues, que el nuevo fiscal revise los 22 puntos de la “FiscalíaQueSirva” y convoque a mesas de trabajo que le ayuden a crear mecanismos e instrumentos de Contraloría Social que permitan el escrutinio y la evaluación ciudadana y de expertos de la operación de la Fiscalía, para mejorar su eficacia y el respeto a los Derechos Humanos, entre otras prioridades.
Seguramente con este acompañamiento Méndez Ruiz podrá aspirar a sacar a la Fiscalía del sótano de las clasificaciones nacionales, poder enfrentar de mejor forma la desbordada crisis de inseguridad y violencia que sufren los jaliscienses y tener así un tránsito menos accidentado al que tuvo en esta grave misión su ex jefe Gerardo Octavio Solís Gómez.
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