¿A cambio de qué aprobaría el PRI la reforma eléctrica de AMLO?
El presidente López Obrador sabía que una reforma constitucional en materia eléctrica no podría ser aprobada en el Congreso solo con los votos de Morena y sus aliados.
Entonces, ¿por qué razón envió la iniciativa?
AMLO dijo en diferentes ocasiones que no podía dejar de formular su propuesta al margen de que contara con los votos suficientes o no.
Claro que es importante contar con los votos suficientes. Pero AMLO tiene una estrategia para tratar de conseguirlos.
La aprobación de esa iniciativa en la Cámara de Diputados requiere de 331 votos. Morena y sus aliados tienen 278. Les hacen falta 53 para la mayoría calificada.
Este fin de semana, hubo rechazo a la propuesta del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. No lo hizo el PRI, que anunció que realizará foros para analizarla.
El PRI tiene 71 diputados. La apuesta de AMLO es que de allí salgan los votos que faltan.
En el Senado, necesitan 86 votos. Morena y sus aliados cuentan con 76 votos (o 73 si se descuentan los que salieron de Morena y PT para buscar la formación de su propio grupo parlamentario). Les harían falta al menos 10 votos (o 13). El PRI tiene 12 asientos en el Senado.
Es probable que se busque presionar a legisladores de varios partidos para que den su voto a la iniciativa.
No se trataría solamente de convencerlos del mérito que ésta tiene sino, por ejemplo, buscar a aquellos que tengan ‘colas que les pisen’ y que sean susceptibles de ser extorsionados.
Otra posibilidad es buscar a aquellos que pudieran aceptar dar luz verde a la propuesta a cambio de dinero. No sea mal pensado. A cambio de financiar algunos proyectos en el presupuesto.
Y no descarte usted tampoco que incluso pueda ser posible convencer a algunos que en su fuero interno piensen que es preferible contar con una empresa eléctrica estatal todopoderosa, aunque el consumidor y el ambiente resulten perjudicados.
Otra posibilidad que no debe descartarse es que el contenido de la iniciativa esté diseñado exprofeso para ser recortada. Es decir, para quitarle algunos componentes que son intransitables, como los cambios que hundirían a quienes ya han hecho inversiones en el sector.
En ese caso también podría haber un juego en el que se permite que algunos legisladores de la oposición hagan algunos cambios para hacerla digerible pero sin modificar nada de lo esencial.
Justamente para definir que es “esencial” hay que tomar en cuenta que el gobierno de López Obrador no quiere un sistema eléctrico en el cual haya competencia.
Desde 1992 el sector privado ha invertido decenas de miles de millones de dólares en el sector. Hoy se busca que esas inversiones dejen de ser rentables, o que incluso que ya no generen ingresos y se hundan.
El gobierno quiere que la CFE se fortalezca a costa de deteriorar el valor de dichas inversiones y aún a costa de los consumidores o incluso de las finanzas del gobierno federal.