22 abril: control y represión política
El 22 de abril de 1992 ocurrió la peor tragedia urbana en la historia de Guadalajara. Más de catorce kilómetros de colectores que corrían por diversas colonias del sector Reforma de Guadalajara explotaron por la acumulación de hidrocarburos en su interior. El saldo fue devastador: 210 muertos según las cifras oficiales del gobierno de Jalisco, 1,570 edificaciones dañadas, 100 escuelas afectadas y 600 autos con pérdida total. Tras la destrucción de una docena de barrios, muertes y heridos para miles de familias, siguió un calvario de los damnificados, primero para recibir ayuda y posteriormente para demandar el castigo a los responsables de las explosiones.
La indignación que detonó esta tragedia provocada por fuga de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en sus plantas de la zona metropolitana se convirtió en un movimiento social organizado en torno a dos demandas centrales: una indemnización justa a todos los damnificados y castigo y sanción a los responsables de esta tragedia.
Pero lamentablemente, el movimiento social de damnificados por las explosiones del 22 de abril fue contenido políticamente mediante la cooptación y la represión violenta de manera directa. Cinco semanas después de las explosiones, un grupo del Movimiento Civil de Damnificados 22 de abril instaló un plantón en el quiosco de Plaza de Armas para exigir respuesta a sus demandas.
El plantón fue levantado la madrugada del 1 de junio. Cerca de 40 personas, entre damnificados y simpatizantes, fueron desalojados violentamente del plantón que mantenían en el quiosco frente a Palacio de Gobierno a las 3:15 de la mañana por un grupo de cerca de 50 personas armadas con tubos, que tumbaron casas de campaña y golpearon a los manifestantes. Entre los agresores iban mujeres e individuos uniformados, aunque inicialmente no se supo a qué corporación pertenecían (Siglo 21, 2 de junio 1992)
La represión a los damnificados mereció la reprobación de amplios sectores; sin embargo, el gobernador interino, Carlos Rivera Aceves, no solo eludió la responsabilidad en la violencia en contra de los damnificados sino que cínicamente dijo que probablemente ellos mismos se habían golpeado para llamar la atención.
Tres días después del desalojo violento del plantón de damnificados, Sergio René de Dios publicó una investigación en el diario Siglo 21 donde confirmó la participación de policías estatales en el desalojo y además develó los nombres de los responsables. De acuerdo con esta investigación periodística, el Departamento de Seguridad Pública del Estado organizó el desalojo de damnificados frente a Palacio de Gobierno. En el operativo intervinieron alrededor de 25 elementos de Investigación e Información y del Escuadrón de Apoyo o Antimotines. Al frente de la acción se encontraban Fernando Gómez y José C. Vinagre (Siglo 21).
Los hechos fueron posteriormente corroborados y ampliados por visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quienes identificaron al grupo policiaco que reprimió a los damnificados, estableció los detalles del operativo y reveló que, horas antes del desalojo, dos policías secuestraron al chofer del camión de Servicios y Transportes, de nombre Martín Hernández Santillán, en el que se transportó a los policías antimotines. El hecho represivo mereció una recomendación de la CNDH al gobernador interino Carlos Rivera Aceves, dos años después de ocurrido el desalojo violento.
La recomendación de la CNDH dejó en claro que durante el desalojo se cometieron diversos delitos: lesiones a damnificados, daño a la propiedad de los manifestantes, abuso de autoridad, injuria a miembros del Movimiento Civil de Damnificados 22 de abril, abuso de autoridad, encubrimiento dado que ninguna autoridad de Jalisco aportó información sobre el desalojo violento, violación a las garantías de libertad de expresión y de asociación.
A pesar de la contundencia en la recolección de evidencias, narración de hechos e identificación de los participantes, ninguna autoridad dio la cara. Tampoco hubo castigo a los responsables.
Aunque no hubo castigo para quienes cometieron la represión, las autoridades políticas responsables de los hechos fueron el gobernador interino Carlos Rivera Aceves, el secretario de Gobierno José Luis Leal Sanabria, y el teniente coronel Eduardo Ramírez Santamaría, director general de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, quien apenas “reconoció la posibilidad de que elementos de la corporación a su cargo pudieran haber efectuado el desalojo sin su conocimiento” (CNDH, 1994: 4).
No fue el único hecho represivo que ha padecido el movimiento de damnificados del 22 de abril de 1992. En abril de 2003, al cumplirse once años de las explosiones, damnificados instalaron un plantón frente a Palacio de Gobierno; un día después fueron hostigados por empleados del ayuntamiento de Guadalajara. En junio el plantón de damnificados siguió dentro de Palacio de Gobierno y durante varios días permanecieron en una especie de “semisecuestro”, pues el gobierno que encabezaba Francisco Ramírez Acuña impidió que personas o colectivos que pretendían acompañar y solidarizarse con los lesionados del 22 de abril pudieran ingresar a dicho inmueble.
Además de estos hechos represivos y de hostigamiento, los damnificados han padecido el olvido y el menosprecio sistemático de todos los gobiernos que no han terminado de asumir su responsabilidad en la mayor tragedia urbana en la historia de Guadalajara.
rubenmartinmartin@gmail.com