- “Ver sangre”
Enrique Peña Nieto ya mandó decir que si se le cita para comparecer ante un juez, se presentará; Felipe Calderón Hinojosa comentó, muy a la mexicana, que tanto la amenaza de someterlo a juicio como el ínclito autor de la misma, “le hacen los mandados”...
Se trata, en ambos casos, de reacciones a la ocurrencia presidencial -que no iniciativa formal- de que una consulta popular determine si los ex presidentes, a los que ha dedicado reiteradas referencias en sus cotidianas “mañaneras”, particularmente cuando la tónica de las mismas ha sido la corrupción que -en tiempos supuestamente ya superados- permeaba al aparato gubernamental en todos sus niveles, deben ser sometidos al escrutinio del aparato judicial, para determinar si incurrieron en delitos como pudieran ser el ejercicio indebido de sus funciones, la malversación de fondos públicos que pasaron por sus manos, o el enriquecimiento ilícito, en cualquiera de sus múltiples variantes, y aplicar, llegado el caso, las sanciones correspondientes.
-II-
Puesto que la experiencia mexicana en materia de mecanismos de consulta -como el plebiscito y el referéndum que en otros países se aplican cuando se estima pertinente (el muy reciente caso del “Brexit” en que Gran Bretaña se separó de la Unión Europea por decisión mayoritaria de los ciudadanos)- es prácticamente nula, se comprende la división de opiniones que la propuesta presidencial generó entre los legisladores en ejercicio. “Consultas” ha habido, ciertamente (sobre la cancelación de las obras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o la construcción de la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, por ejemplo), cuestionadas por su pertinencia técnica y su validez jurídica... aunque sus resultados están en marcha.
-III-
La reciente difusión de “videos” en que el manejo de paquetes con grandes sumas de dinero se asocia a actos de corrupción, generó un sentimiento generalizado de repulsa e incluso de condena contra quienes supuestamente recibirían esos dineros. De ahí la pertinencia de la posición de algunos senadores, al señalar que todo posible delito debe manejarse a partir de denuncias o señalamientos responsables, y que el aparato judicial debe investigar y llegar a las últimas consecuencias.
La posibilidad de que una conducta sea delictiva o no, como la inocencia o la culpabilidad de las personas, no puede estar a expensas de las opiniones ni mucho menos de las emociones de una “vox populi” ávida, muchas veces, de ver sangre.
En la lucha libre, pasa. En el ámbito de la justicia, es inadmisible.