- Quimera
Si, como señalaba la nota principal de EL INFORMADOR, ayer, el nivel de efectividad del Sistema de Justicia Penal, en Jalisco, alcanza para sancionar solo 5.5 de cada cien delitos que se cometen, no hay necesidad de gastar demasiado lápiz y papel para llegar a la desoladora conclusión de que la calificación que merece dicho sistema de “justicia”, en que la justicia brilla por su ausencia, es de 0.5 -(cero punto cinco): ¡ni siquiera 1!- sobre diez.
La misma nota indica que la cifra negra de delitos en la entidad, en 2020, fue de 92.9%. Ello significa que casi 93 de cada cien delitos ocurridos ni siquiera fueron denunciados por sus víctimas, y que la “eficacia” del dichoso “Sistema de Justicia Penal” es aún inferior al difundido por la Organización No Gubernamental “México Evalúa”.
Conclusión: en esta (dizque) “Tierra de Dios y de María Santísima”, la impunidad es la regla; la aplicación de la ley..., la excepción que la confirma.
-II-
Se pregona que en México impera “el Estado de derecho”. Este concepto alude a un modelo de orden por el cual todos los miembros de una sociedad están sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. Entre esos códigos están las leyes penales, que determinan tanto las conductas que están prohibidas por cuanto afectan la vida, la salud, las propiedades, posesiones y derechos de las demás personas, cuanto las sanciones a que se exponen quienes eventualmente incurren en dichas conductas.
Si el orden social es una obligación para todos los miembros de una sociedad, la pena -entendida como la remuneración del mal, dispuesta con peso y medida por un juez legítimo- es una obligación de la autoridad.
Los estudiosos del derecho coinciden en que la pena, por una parte -en conceptos de Eugenio Cuello Calón consignados por Fernando Castellanos en su Derecho Penal-, “responde a los sentimientos tradicionales hondamente arraigados en la conciencia colectiva, los cuales exigen el justo castigo del delito y dan a la represión de la conducta criminal un tono moral que la eleva y ennoblece”; por la otra -según los mismos autores-, “debe perseguir la ejemplaridad, al patentizar a los ciudadanos pacíficos la necesidad de respetar la ley (...), para que todos adviertan la efectividad de la amenaza estatal”.
-III-
Cuando esto último -la efectividad de la amenaza estatal- es, como se ha apuntado, la rarísima excepción y no la regla generalizada, el cacareado Estado de derecho es una quimera: palabrería químicamente pura.
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