- Medida populista
Es probable que la decisión del gobernador Aristóteles Sandoval, de revocar, de un plumazo, “en uso de sus atribuciones”, el incremento a la tarifa del transporte público recientemente anunciado por el Comité Técnico de Validación de Tarifas, le gane aplausos de “el respetable”. Sin embargo, también es posible que el gesto se inscriba, por derecho propio, entre las “cosas malas que parecen buenas” de su gestión gubernamental.
-II-
Va de cuento: hace tres décadas, una de las últimas decisiones del entonces gobernador interino Francisco Rodríguez Gómez, fue conceder un incremento a las tarifas del transporte urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Al tomar posesión, unos días después, el gobernador constitucional, Guillermo Cosío Vidaurri, también en uso de sus atribuciones, decidió revocar esa decisión, con el consiguiente beneplácito del susodicho “respetable”…
Al enterarse de la noticia, Don Gabriel Covarrubias Ibarra -fallecido hace una semana-, quien había sido Tesorero del Estado en la administración precedente, acompañado de un grupo de amigos, tomó lápiz y papel, hizo unas cuentas, y declaró:
-En tantos días, habrá tantos camiones menos circulando por la ciudad.
Fue profeta: los concesionarios retiraron las unidades que salían de circulación por descomposturas, porque -como explicó en su momento Don Gabriel-, con la nueva tarifa no era rentable repararlos.
-III-
Revocar el incremento a las tarifas es, por donde se mire, una medida populista: nadie quiere pagar más por un servicio notoriamente deficiente. Pero, por otra parte, no hay servicio más caro que el que no existe...
En el “interés social” que Sandoval esgrimió para justificar su decisión, tanto la diligencia de los concesionarios para disciplinarse al “Nuevo Modelo de Transporte Público”, como la cacareada “Ruta Empresa” e incluso la calidad del servicio, están supeditadas a una premisa previa: la existencia del mismo… Para que el servicio exista, lo primero es que sea costeable. Los continuos incrementos en los precios de los combustibles -la materia prima por excelencia del transporte- son públicos y notorios. Así, salvo que sean subsidiadas por el Gobierno, las tarifas necesariamente deben estar vinculadas a esa realidad.
Vigilar sistemáticamente el cumplimiento de determinados parámetros de calidad para que los usuarios tengan acceso a un transporte digno y eficiente, es una obligación que la autoridad ha cumplido a medias. Revocar el incremento a las tarifas es -reiterémoslo- una medida populista que no compensa la ostensible ineficiencia gubernamental para apretar clavijas en el tema de la calidad del que sigue siendo, esencialmente, un servicio público.