- Juez del gobernante
“A confesión de parte, relevo de prueba”. El principio general de derecho condensado en esas siete palabras, aplica al caso de la flamante -y acaso espuria- presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra. Claro indicio -por no decir “prueba plena”- de ello, que ella misma declaró haber renunciado a su militancia y a su carácter de dirigente nacional de Morena, el pasado 7 de noviembre; es decir, menos de una semana antes de su polémica designación por parte de la Cámara de Senadores. La Ley de la CNDH establece expresamente que los aspirantes o candidatos a la presidencia de la misma que hubieran militado en un partido político, deben haberse desvinculado del mismo “un año antes” de su elección.
Más claro, agua.
-II-
La historia registra casos, verdaderamente ejemplares, de funcionarios que anteponen el respeto a la ley y la fidelidad a su conciencia, al compromiso con los gobernantes que los designan. El de Tomás Moro con respecto a Enrique VIII sería el paradigma por excelencia. Imitarlo sería, por cierto, una honrosa excepción a la regla de que difícilmente puede ser crítico -o juez, como de ordinario debe serlo un funcionario de la CNDH, en cuanto defensor del ciudadano con respecto a quienes gobiernan- quien públicamente ha externado su simpatía e incluso afinidad política... con el gobernante.
El principio general de derecho condensado en esas siete palabras, aplica al caso de la flamante -y acaso espuria- presidenta de la CNDH, Rosario Piedra.
Más allá del ya señalado impedimento formal para ser elegida -ostensiblemente desestimado por sus electores-, Rosario Piedra arrastra varios lastres adicionales. Uno, la declaración del Presidente López Obrador, al confesarse “contento con esta decisión” -su nombramiento-, porque su calidad de “víctima” (por la desaparición de su hermano en los sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco) la califica para el cargo mejor que la acreditada ciencia jurídica o la probada experiencia en encomiendas afines. Otro, que las inconformidades por su designación pueden promoverse “en la OEA o en cualquier organismo internacional”… aunque él mismo, al proponer su candidatura, quebrantó su “protesta” de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan”, y, de paso, su elocuente coletilla adicional de que “al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie”.
-III-
Pudiera ser que Rosario Piedra, en los hechos, llegara -como Tomás Moro- al heroísmo en grado de santidad, en respeto a la ley y fidelidad a su conciencia. Así legitimaría lo que ahora parece ser ilegítimo.
Como diría José Feliciano: “Ya veremos…”.