- Investigar y denunciar
José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo y Héber López Vázquez son los nombres de los cinco periodistas mexicanos que han sido asesinados en lo que va del año. En julio de 2021, la Secretaría de Gobernación informó que de diciembre de 2018 a esa fecha, 43 periodistas y 68 defensores de los derechos humanos habían sido asesinados en el país. Esta semana, tanto en una sesión de la Cámara de Diputados como en las “mañaneras” del miércoles en la Ciudad de México y el jueves en Tijuana, los reporteros han tenido actitudes de protesta, en solidaridad con los deudos de sus colegas asesinados y con el gremio en general, y de reproche por la manifiesta incapacidad de las autoridades para esclarecer esos crímenes y aplicar a los responsables -según reza la verborrea oficial- “todo el peso de la ley”. En un caso, se abstuvieron de hacer preguntas en la supuesta rueda de prensa. En otro, evocaron a sus camaradas asesinados en una simbólica lista de presentes.
-II-
La respuesta de la representación por excelencia de la autoridad interpelada fue la petición de “no politizar” los asesinatos de periodistas, y la aseveración de que ella misma, en ningún caso, reprime o agrede a los informadores... aunque las sistemáticas, casi cotidianas ofensas y descalificaciones contra varios de ellos son, de hecho, parte sustancial de “el estilo personal de gobernar”.
Podría decirse que los periodistas pueden ser indistintamente actores o víctimas de crímenes en un país en que la violencia reina y la impunidad impera. Un periodista, al igual que un obrero, un empleado o un profesionista cualquiera, puede asesinar o ser asesinado por razones económicas, pasionales o de cualquier otra índole.
En todo caso, la insistente y vehemente demanda de que esos delitos se esclarezcan, obedece a que su oficio consiste en investigar y denunciar, lo que los convierte, ipso facto, en enemigos -y potenciales blancos, por ende- tanto de delincuentes como de personajes involucrados en actividades empresariales o políticas turbias.
-III-
Hacia allá se orienta la demanda de los colegas que han convertido en clamor la frase “Nos queremos vivos”. Investigar y denunciar son funciones que benefician a la sociedad, y pretender silenciarlas -o no tener capacidad para judicializarlas- es alentar conductas antisociales y aun delictivas; es cubrir con el manto de la impunidad a posibles delincuentes.
De ahí la legitimidad y pertinencia de la demanda -estéril hasta ahora- de que esos crímenes no queden impunes.
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