- ¿Cisma...?
¿Revolución...? ¿Cisma...? ¿Terremoto político...? ¿Señal de que el país se desmorona...? Fue noticia -no podía ser de otra manera- la decisión de los gobernadores de diez estados, no precisamente de sacar sus canicas de la rueda pero sí de romper con la Conago (Confederación Nacional de Gobernadores). Tenía que ser noticia, porque en este país es totalmente inaudito que los ocupantes de cualquier peldaño de la pirámide del poder, tengan algún gesto que denote rebeldía o simple discordancia con las decisiones del ocupante del peldaño superior. La regla ha sido la sumisión “hasta la ignominia”.
Que un gobernador osara salirse del huacal, equivalía a exhibirse como un apestado. Que diez, de común acuerdo, tras una serie de reuniones en las que fueron acumulando reparos a decisiones otrora indiscutibles por definición, particularmente en lo que atañe a la distribución del dinero que, vía impuestos, aportan los ciudadanos, tomaran la decisión que hicieron pública el lunes, no estaba en el script.
-II-
Aunque se trató de la tercera parte de los gobernadores del país, cabe subrayar que su decisión no implica fractura del pacto federal, ni rompimiento de los estados que gobiernan con el mismo. Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas -por orden alfabético- seguirán siendo, como establece el Artículo 40 de la Constitución, “Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación”. Mantendrán la potestad de gobernarse a sí mismos; tendrán patrimonio y personalidad jurídica diferentes a los demás estados, aunque continuarán vinculados a un todo común: la federación.
-III-
La Conago fue creada hace 19 años con la intención de “lograr un mayor equilibrio y mejor distribución de las potestades que corresponden a los órdenes de gobierno federal y estatal”; “impulsar el fortalecimiento de las entidades federativas para que contribuyan en mayor medida al desarrollo nacional”; diseñar “programas incluyentes que satisfagan las demandas de seguridad, justicia, bienestar social”, etc.; consolidar “una nueva relación de respeto y colaboración entre los órdenes de gobierno”, y “proponer soluciones sobre asuntos relativos a política presupuestaria, transferencia de potestades y recursos, desarrollo social, seguridad pública, servicios públicos, procesos de desarrollo y descentralización administrativa, políticas de inversión pública, fortalecimiento a los gobiernos locales...”, etc.
Los diez gobernadores que decidieron romper con ella, en ejercicio de sus facultades y en concordancia con el espíritu de toda democracia, lo hicieron porque se han sentido defraudados -por decir lo menos- por el Gobierno federal. Punto.