- Campañas
Comenzaron ayer, formalmente, las campañas electorales orientadas hacia los comicios a celebrarse el próximo 6 de junio. Las únicas diferencias significativas con respecto a la etapa precedente -la de las precampañas- estriba en que los entonces simples aspirantes (o “suspirantes”) han alcanzado el rango de candidatos, ya no desempeñan cargos públicos (algunos renunciaron, otros pidieron licencia), y pueden valerse de todos los medios permitidos por la ley -e incluso de algunos expresamente prohibidos e incluso calificados como delitos electorales por la misma- para darse a conocer, promocionarse y hacer proselitismo.
-II-
En términos objetivos, se supone que las campañas sirven para que el ciudadano común -el potencial elector, pues- adquiera, durante los tres meses que durará esta etapa, los elementos de juicio necesarios para emitir un voto responsable y bien informado.
En la gran mayoría de los casos, los candidatos a desempeñar cargos de elección popular -alcaldes, diputados federales y diputados locales, principalmente- son, para la generalidad de los potenciales electores, ilustres desconocidos. Su estrategia de persuasión -o seducción- consiste, generalmente, en promover su imagen (afable, sonriente, optimista…: cara de gente decente) acompañada por una frase breve, rotunda, pegajosa -fruto, ordinariamente, de una “tormenta de ideas” entre los “creativos” de una agencia de publicidad-, como sacada de un manual de superación personal, al estilo de los establecimientos comerciales que prometen “surtido, calidad y precio”. Los pocos más o menos conocidos son los que ya han desempeñado cargos públicos -presidentes municipales, sobre todo-, de cuya capacidad el ciudadano común, en su calidad de vecino, puede tener una idea en función de la calidad y eficiencia de los servicios que recibía del municipio: seguridad, aseo, mantenimiento de pavimentos, parques y jardines, particularmente.
-III-
Por desgracia, las campañas llevan implícita una faceta sombría, tenebrosa, perversa. Se trata de la llamada “guerra sucia” consistente en difundir informaciones -falsas, en el caso de las calumnias, eventualmente verídicas en el de las difamaciones- acerca de los adversarios, con la deliberada intención de desprestigiarlos, desacreditarlos o descalificarlos, poniendo en tela de duda su moralidad, su honorabilidad o su capacidad para desempeñar los cargos a los que se postulan. Y aunque las autoridades electorales hacen llamados y los partidos políticos o los propios candidatos se comprometen a evitar esos métodos canallescos, la maldita realidad es que, en México, la calidad de los profesionales de la política es, vía de regla, tan raquítica, que sus mejores argumentos consisten… en querer demostrar que sus adversarios son peores.