- ¿A consulta...?
El tiempo en que Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto eran –por así decirlo— intocables, ya pasó. Y no precisamente porque, por obra y gracia de la cacareada “Cuarta Transformación”, ahora sí puedan perseguirse, implacablemente, conductas delictivas otrora inimputables, sino porque, para salvaguardarlos de interferencias eventualmente perversas, mal intencionadas, los presidentes no pueden ser sometidos a proceso por asuntos de carácter civil... mientras estén en ejercicio de su encargo. Desde el momento en que perdieron esa potestad y volvieron a ser ciudadanos de a pie, los señores Salinas, Calderón y Peña –como un Pérez, un González, un Zedillo o un Fox cualquiera— perfectamente pueden ser denunciados y procesados por los delitos que hubieren cometido, si los mismos no han prescrito.
-II-
La posibilidad de que los tres ex presidentes citados en las primeras líneas pudieran ser sometidos a juicio por presuntamente haber incurrido en actos de corrupción, surgió la semana pasada, a raíz de la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, que los involucra en las turbias maniobras que supuestamente compraron voluntades para fraguar la llamada Reforma Energética que sirvió de marco a una serie de operaciones que facilitaron contratos al margen de la ley, y representaron graves quebrantos financieros para la empresa paraestatal y espectaculares beneficios económicos tanto para quienes propiciaron tales maniobras como para quienes participaron directa o tangencialmente en ellas. Sobornos, “mordidas” o como quiera llamárseles, si puede probarse que tales conductas estaban tipificadas como delictivas en las leyes entonces vigentes, se supone que la Procuraduría General de la República no tiene margen de maniobra. Al aparato encargado de hacer cumplir la ley y sancionar a quienes la quebrantan, solo le queda un camino: actuar. Punto.
-III-
Si, como se ha planteado, se convoca a una consulta para que el pueblo decida “si los ex presidentes mencionados deben ser llevados a juicio por casos de corrupción”, la respuesta no cabe en un monosílabo. La respuesta seria tendría que ser: “Depende...”. Y de haber, en efecto, indicios de que cualquiera de ellos le torció el cuello al cisne de la ley que solemnemente protestó “cumplir y hacer cumplir” al asumir su encargo, no hay, en absoluto, necesidad de someter el asunto al dictamen de la opinión pública...
(Claro: salvo que aquello de “Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie”, no pase de ser retórica químicamente pura).