"Pero poli, ¿qué no era ya legal la marihuana en México?"
Dos elementos policiales retienen a un joven por consumo de marihuana en la vía pública, próximo al Hospicio Cabañas, en el centro de la ciudad
“¿Cómo que le sirve de terapia, joven, para qué?”, pregunta uno de los oficiales.
“Pues... (Gerardo piensa sin hablar, para que no se le note lo pachequísimo: para la que me alcanza con los cinco mil pesos mensuales que gano en la papelería, todos los días de nueve a seis, sin crecimiento laboral)... terapia, poli”.
Manoseo procesal. Arriba, abajo, al centro y adentro... ya en la entrepierna, el joven se incomoda y es alcanzado por su capacidad de indignación.
No se imagina metida en este problema a la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, quien dijo en televisión nacional, a principios del sexenio, que la mota mexicana es de las mejores del mundo; o al anterior líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien apuntaba a un Pemex pero de marihuana (Cannsalud), que la comprara y vendiera, a través de franquiciatarios, al inicio de aquella legislatura en la que se suponía que entre todos, obreros, estudiantes, marihuanos y la izquierda, iban a hacer historia.
De hecho, el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la marihuana se fue haciendo más renuente desde que finalizó su campaña, pues de ser la regularización parte de sus propuestas, pasó a reflexionar que en el país no existe consenso político al respecto y advirtió en 2021 la promulgación de una ley para prohibirla, de ser necesario.
Toma sentido si consideramos la encuesta de Grupo Reforma y The Dallas Morning News, de 2019, que indicaba cómo seis de cada 10 mexicanos rechazaban la legalización de la marihuana. Solo un 36% dijo estar a favor.
“Por eso joven, pero anda haciendo sus dagas en la calle y ni siquiera trae el recurso que le estamos pidiéndo. Aquí hay niños chiquitos que ven. Pida Once, compañero, para que se vayan acercando, ¿o cómo le hacemos, joven?”.
Gerardo sabe que lo que estaba haciendo, mientras escuchaba el álbum The Division Bell y se comía una nieve de garrafa, es un delito. Y no cualquier delito, sino uno de los que aparecen al inicio de las estadísticas nacionales de percepción de inseguridad, bajo el rubro "Atestiguación de incivilidades" junto al robo, asalto, vandalismo y disparos de armas de fuego.
Apenas el mes pasado le decomisaron su pipa de cuarzo gris en la entrada de la cervecería Morelos y no se la devolvieron a la salida:
“Neta me cae que sí me voy a enseñar a forjar, chingao”.
El pobre Gerardo se deja manosear, reprender y, si tuviera, hasta sobornar. Tímidamente pregunta:
“¿No que ya era legal la mota en México, poli?”
Ante el atorón legislativo y ejecutivo, la Suprema Corte emitió el pasado 28 de junio de 2021, una declaratoria general de inconstitucionalidad sobre la norma que impide el uso recreativo del cannabis en el país, resolución que, no obstante, dejó más dudas en la mesa.
De entrada, la respuesta a la pregunta de Gerardo es no. En teoría él debería tramitar un permiso para poder sembrar, poseer o transportar cannabis para uso personal ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud.
Sin embargo, desde principios de este año, la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) acusó a la Cofepris de poner trabas para la emisión de licencias para el consumo lúdico de marihuana, como exigir el CURP de los ciudadanos, la constancia de cita impresa o copias adicionales, sin que ninguno de estos requisitos tenga fundamento en la ley.
Igualmente, la ONG añadió que en los estados, las comisiones locales de regulación argumentan que los permisos sólo se pueden tramitar en la Ciudad de México, cuando existen convenios de colaboración que facultan a las comisiones estatales para recibir las solicitudes correspondientes.
¿Todos pueden pedir permisos?
Tampoco. La Corte ordena que se emitan las autorizaciones a personas adultas, pero estas no deberán consumir en espacios públicos, ante menores de edad o terceros que puedan verse afectados.
La sanción con cárcel continúa, de uno a tres años, por comercialización de cannabis sin autorización, cuando sea entre 200 gramos y 5 kilos 600 gramos. Lo mismo para la siembra y cultivo de marihuana sin autorización o el suministro de el estupefaciente a menores de edad.
Como sea, Gerardo asegura que intenta ser un buen ciudadano y carga con 200 pesos planchados, todos los días, para cuando lo vuelvan a detener por fumar bajo luz pública; o por si lo asaltan en un callejón oscuro, donde se oculta mientras fuma.
¿Dónde quedó el derecho al libre desarrollo de la personalidad ese día? Gerardo y los polis no tuvieron ni idea.
En contraste, la SCJN basó su histórica pero simbólica resolución de 2021 en este derecho a elegir autónomamente su forma de vivir: Ser y actuar.
Combatir la discriminación es parte sustancial de la protección del libre desarrollo de la personalidad, una amenaza latente en contra de la dignidad y la calidad humana.
CP