Cinco empresas que enfrentan más riesgos con acuerdo de Cenace

El “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional” publicado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) abrió la posibilidad de que la autoridad detenga o limite la generación eléctrica de proyectos renovables de privados, lo que afectará a 109 plantas eólicas y solares en México. 

Dichas plantas, representaron una inversión de 18 mil 365.6 millones de dólares en los últimos 20 años, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero poco más de una tercera parte de ellas, 34 obras, son de cinco empresas: Iberdrola, TSK, Grupo Enel, Acciona y Ammper. 

“El acuerdo impide la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable en territorio nacional y puede limitar o excluir la generación de centrales que ya están en operación”, advirtió David Berezowsky, abogado del despacho Foley Arena en México. Remarcó que con esto el Cenace asume facultades del ente regulador del sector que es la CRE, o en su caso, de la Secretaría de Energía. 

“La fundamentación y motivación del Acuerdo no es correcta porque no acredita la razón de por qué la intermitencia de las fuentes renovables de energía ha causado los supuestos daños en la Red Nacional de Transmisión”, agregó. 

Fuentes cercanas a la industria energética privada revelaron que este tipo de decisiones causan intranquilidad entre los inversionistas, porque no sólo se trata de capital extranjero, sino también de empresas nacionales y fondos de pensión. 

Mientras que el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire refirió que este tipo de acuerdos abre la oportunidad de poner en marcha plantas de generación eléctricas a base de combustóleo que estaban en desuso y programadas para ser retiradas del sistema eléctrico debido a su ineficiencia, altos costos económicos, de salud, ambientales y por sus emisiones de gases efecto invernadero. 

Iberdrola es la empresa con más proyectos eólicos y solares en México en operación, pues cuenta con ocho plantas, las cuales representaron inversiones superiores a los mil 932 millones de dólares. Mientras que TSK también tiene ocho que representaron cerca de 500 millones. 

Grupo Enel también es una de las firmas con inversión en el país con proyectos eólicos y solares, que suman 2 mil 337 millones de dólares. 

En el caso de la españolas Acciona y Ammper son seis y cinco proyectos en operación los que tienen, respectivamente, que suman inversiones por 2 mil millones de dólares. 

Cabe mencionar que la semana pasada la autoridad federal publicó que 23 proyectos que estaban en fase preoperatoria pueden retomar sus actividades después de que algunos promovieron amparos contra el acuerdo del Cenace, estos suman inversiones superiores a 3 mil millones de dólares. 

Sin embargo, hay 269 proyectos con permiso de la CRE registrados en fase de construcción o por iniciar obras, por lo cual enfrentarán frenos. 

“Los problemas de operación de la Red Eléctrica no son provocados por las centrales limpias ni por las empresas, sino son consecuencia de una falta de inversión en redes de transmisión, que es facultad exclusiva del Estado”, describió la Coparmex. 

Juez apoya a renovables 

Energía (Cenace) aseguró que el juez de distrito que el lunes concedió la suspensión definitiva de las medidas publicadas por el organismo el 29 de abril pasado actuó sin conocimiento técnico del tema y sin medir el impacto que su resolución tendrá en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

El Cenace hace referencia al juez Rodrigo de la Peza que otorgó a 13 proyectos la suspensión definitiva de las medidas del organismo que frenan las pruebas pre operatorias a plantas eólicas y solares. 

“Cabe señalar que otorgó la suspensión definitiva sin el conocimiento de la situación técnica (...), poniendo en peligro dicho bien público en perjuicio del Estado Mexicano, representado por el Cenace para estos efectos”, dice el texto enviado esta mañana por el organismo. 

En el comunicado, el Cenace también informó que prepara las impugnaciones para la resolución del lunes dictada por el Juzgado primero de distrito en materia administrativa. Aún queda pendiente que los dos juzgados especializados en competencia económica otorguen los amparos definitivos a más de 25 proyectos que han interpuesto la solicitud. 

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