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Greenpeace acusa a Japón de violar los derechos humanos de dos activistas
Los abogados defensores de los dos activistas de Greenpeace procesados por robar carne de ballena acusaron hoy a las autoridades japonesas
JAPÓN-BALLENAS.- Tokio.- Los abogados defensores de los dos activistas de Greenpeace procesados por robar carne de ballena acusaron hoy a las autoridades japonesas de no haber investigado el caso de forma adecuada y no respetar la libertad de expresión.
"Las autoridades debieron investigar lo ocurrido pero no ha sido así", dijo en una entrevista con Efe el abogado y profesor universitario belga Dirk Voorhoof, especialista en la defensa de los Derechos Humanos.
"No hay razón para castigar a estas personas sólo porque trataban de mostrar al público algo de interés general como es el contrabando y el tráfico de carne de ballena", añadió Voorhoof, invitado por Greenpeace para formar parte de la defensa de los dos activistas.
Los acusados son Juinichi Sato, coordinador de Greenpeace Japón, y Toru Suzuki, que admitieron haberse apoderado en abril pasado de una caja con 23,5 kilos de carne de ballena salada de primera calidad, y haber entrado sin autorización en el almacén donde se guardaba para su posterior venta ilegal, según Greenpeace.
Ambos fueron detenidos sin cargos durante 26 días, más de lo permitido por la ley nipona, y ahora afrontan la posibilidad de ser condenados a diez años de prisión.
Sato y Suzuki mantienen que actuaron así con el objetivo de acusar a doce tripulantes del ballenero Nisshin Maru de contrabando de carne de ballena, tras la campaña de caza de esos cetáceos en el Océano Antártico patrocinada por el Gobierno japonés.
Según dijo a Efe Inger Hoedt-Rasmussen, abogada danesa también especialista en la defensa de Derechos Humanos, en este caso "no se trata de si estás a favor o en contra de la caza de ballenas, sino del acceso público a la información y la libertad de expresión".
Esta abogada danesa consideró que los acusados "han dejado claro que se trata de una cuestión pública, no causaron daños materiales ni personales. Sólo tomaron prestada una caja para presentarla ante las autoridades y demostrar que hay un problema en la forma en la que se está tratando a las ballenas", argumentó Hoedt-Rasmussen.
Ambos abogados, que se encuentran en Japón para participar en el primer juicio previo contra Sato y Suzuki, instaron a Japón a respetar la Convención Civil de Derechos Políticos (CCPR),ratificada por el país asiático hace 30 años hoy, y, según la cual, no pueden condenar a los activistas de Greenpeace.
El juicio previo de Sato y Suzuki ha coincidido con el inicio hoy de la cumbre anual de la Comisión Ballenera Internacional, que se celebra en la ciudad portuguesa de Madeira.
"Las autoridades debieron investigar lo ocurrido pero no ha sido así", dijo en una entrevista con Efe el abogado y profesor universitario belga Dirk Voorhoof, especialista en la defensa de los Derechos Humanos.
"No hay razón para castigar a estas personas sólo porque trataban de mostrar al público algo de interés general como es el contrabando y el tráfico de carne de ballena", añadió Voorhoof, invitado por Greenpeace para formar parte de la defensa de los dos activistas.
Los acusados son Juinichi Sato, coordinador de Greenpeace Japón, y Toru Suzuki, que admitieron haberse apoderado en abril pasado de una caja con 23,5 kilos de carne de ballena salada de primera calidad, y haber entrado sin autorización en el almacén donde se guardaba para su posterior venta ilegal, según Greenpeace.
Ambos fueron detenidos sin cargos durante 26 días, más de lo permitido por la ley nipona, y ahora afrontan la posibilidad de ser condenados a diez años de prisión.
Sato y Suzuki mantienen que actuaron así con el objetivo de acusar a doce tripulantes del ballenero Nisshin Maru de contrabando de carne de ballena, tras la campaña de caza de esos cetáceos en el Océano Antártico patrocinada por el Gobierno japonés.
Según dijo a Efe Inger Hoedt-Rasmussen, abogada danesa también especialista en la defensa de Derechos Humanos, en este caso "no se trata de si estás a favor o en contra de la caza de ballenas, sino del acceso público a la información y la libertad de expresión".
Esta abogada danesa consideró que los acusados "han dejado claro que se trata de una cuestión pública, no causaron daños materiales ni personales. Sólo tomaron prestada una caja para presentarla ante las autoridades y demostrar que hay un problema en la forma en la que se está tratando a las ballenas", argumentó Hoedt-Rasmussen.
Ambos abogados, que se encuentran en Japón para participar en el primer juicio previo contra Sato y Suzuki, instaron a Japón a respetar la Convención Civil de Derechos Políticos (CCPR),ratificada por el país asiático hace 30 años hoy, y, según la cual, no pueden condenar a los activistas de Greenpeace.
El juicio previo de Sato y Suzuki ha coincidido con el inicio hoy de la cumbre anual de la Comisión Ballenera Internacional, que se celebra en la ciudad portuguesa de Madeira.