AI denuncia la impunidad de los responsables del desastre tóxico de Bhopal

LONDRES, INGLATERRA.- Amnistía Internacional denunció hoy la impunidad de los responsables de la fuga tóxica de Bhopal (India) cuando está a punto de cumplirse un cuarto de siglo de aquella tragedia que alcanzó a miles de personas.

Poco después de la medianoche del 3 de diciembre de 1984 se produjo una fuga de 54 mil toneladas de iocianato de metilo y otros gases altamente tóxicos en una fábrica de pesticidas propiedad de la empresa estadounidense Union Carbide, cuyos activos adquiriría luego Dow Chemical.

Esas substancias formaron una nube espesa a poca altura del terreno, que, transportada por el viento, asfixió o produjo graves lesiones a miles de habitantes de la vecina ciudad de Bhopal.

Para cuando se dispersó finalmente la nube, entre 7 mil y 10 mil personas habían muerto o estaban a punto de morir, a lo que se suman los elevados índices de morbilidad y mortandad en las comunidades afectadas, que continúan hasta la fecha.

El impacto sobre la salud ha sido enorme: prevalencia de enfermedades oculares y respiratorias, lesiones de distintos órganos, aberraciones cromosómicas que pueden derivar en cánceres y defectos de natalidad, trastornos ginecológicos y reproductivos, afecciones neurológicas y neuromusculares e impactos inmunológicos, además de efectos psiquiátricos graves.

Según Amnistía Internacional, Bhopal no es solamente una tragedia de derechos humanos que ocurrió el siglo pasado, sino que sigue representando hoy "un escarnio" de esos derechos.

"La interacción de poderosos intereses corporativos, la complejidad legal del caso y los fallos y la negligencia de los gobiernos siguen impidiendo hacer justicia a los vecinos de Bhopal", denuncia la organización en un comunicado.

Aunque las autoridades indias se apresuraron a practicar algunas detenciones, veinticinco años después la "nadie ha respondido aún por lo ocurrido", critica la organización de derechos humanos.

Nueve individuos y tres corporaciones fueron acusados: entre los primeros, el presidente de Union Carbide Corporation (UCC), el estadounidense Warren Anderson, y el presidente de su división india, Keshub Mahindra, así como el director gerente, V.P. Gokhale, ambos de nacionalidad india.

Las tres corporaciones acusadas fueron Union Carbide Corporation, Union Carbide India y Union Carbide Easter Inc, filial propiedad de UCC con base en Hong Kong, pero registrada en Estados Unidos.

Los tres directivos citados fueron detenidos sólo cuatro días después del escape, y el estadounidense Anderson fue puesto en libertad bajo fianza el mismo día por presiones de la embajada de Estados Unidos.

Anderson fue acusado tres años más tarde por el Buró Central de Investigación de la India de delitos graves, incluido el de homicidio culpable, y aunque se había comprometido a comparecer ante la justicia de ese país cuando se le requiriese, hasta ahora no ha regresado al país asiático.

En noviembre de 1988, las autoridades indias emitieron una orden de detención contra él y en 1991 y 1992 volvieron a reclamar su presencia ante un tribunal del país, siempre sin éxito. Ni Anderson ni las empresas responsables comparecieron ante el juez y fueron declarados fugitivos de la justicia india.

En 2003, diez años después de que los tribunales pidieran la extradición de Anderson, el Gobierno de Nueva Delhi se decidió finalmente a actuar y solicitó a las autoridades norteamericanas su entrega, hasta ahora sin éxito.

Según Amnistía Internacional, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, los Estados están obligados a proteger a sus ciudadanos frente a las acciones de empresas y otros actores no estatales que pudieran resultar en una violación de los derechos humanos y cuándo éstos se producen deben buscar a los responsables y entregarlos a la justicia.

Esto no ha ocurrido en el caso de la catástrofe de Bhopa, pues el proceso criminal contra las compañías UCC, UCE y contra Warren Anderson sigue pendiente y UCC y Anderson siguen siendo considerados fugitivos de la justicia por el Tribunal Supremo de la India.

Con motivo del 25 aniversario, AI ha hecho un llamamiento al Gobierno de la India para que emprenda "acciones urgentes y decisivas" a fin de llevar a la justicia a los acusados.

A la vez ha pedido a Dow Chemical Company, sucesora de Union Carbide, que coopere plenamente con el proceso legal en curso para garantizar que los responsables responden finalmente de los gravísimos delitos que se les imputan.

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