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La forma y el fondo, esos dos extraños
La izquierda impugnó el resultado de la elección presidencial sosteniendo que hubo compra y coacción del voto; sin embargo el Tribunal Electoral apeló al más estricto sentido de la ley. Nada de interpretación y resolvió a favor de Peña Nieto
GUADALAJARA, JALISCO (02/SEP/2012).- La realidad es de grises, pero la política es de blancos y negros. Si un extraterrestre llegara a la tierra con la firme disposición de estudiar el sistema electoral en México, nos podría acusar de esquizofrénicos, incluso de rayar en la demencia. ¿Cómo es posible que en México se cuenten dos historias tan distintas de un mismo hecho? ¿Tenemos el sistema más corrupto y clientelar imaginable o una democracia a prueba de golpes y sesgos? Lo cierto es que a dos meses de que los mexicanos hayan acudido a las urnas, no podría existir ninguna comisión de sabios que plasmara en papel la verdadera historia de los comicios del 1 de julio, las informaciones se contradicen y las acusaciones entre ambos bandos parecen fruto de supuestos irreconciliables.
La izquierda alega: “El retroceso democrático es evidente. Las instituciones han sido cooptadas, ¡nuevamente!, por las oligarquías, por esa ‘mafia del poder’ que todo controla y todo decide. La elección es una simulación, la voluntad popular está coaccionada desde las entrañas, los aparatos del poder se activan y limitan la genuina deliberación del sufragio. Medios, encuestas, sindicatos y empresarios operan para preservar un régimen de opacidad y privilegios. Las instituciones sólo son fachadas que legitiman la esencia fraudulenta del sistema electoral mexicano, no verlo ni siquiera es un engaño, sino que representa el auténtico cinismo. En México, la constitución es vulnerada constantemente y los magistrados son el último eslabón de una cadena de entidades que deben ‘limpiar’ en términos legaloides, una elección donde más de cinco millones de votos fueron comprados”.
Del otro lado está la versión de democracia del bando que ha sido declarado ganador, el PRI: “La elección del 2012 muestra a un México maduro y democrático. Las instituciones han conseguido, tras sexenios de transformaciones, ser el garante más fidedigno de la voluntad popular. Lejos quedaron los años en que, desde el poder, se podía manipular el ejercicio democrático, el proceso electoral ha alcanzado un cénit de credibilidad y autenticidad. Las elecciones son organizadas por millones de ciudadanos, libre y voluntarios, que han entregado su tiempo y su disposición a las causas políticas de nuestro país. Vivimos en un México de libertades donde los votos cuentan y el clientelismo es una manifestación marginal, presente sólo en pequeños espacios de la sociedad. Demeritar a más de 50 millones de mexicanos que salieron a las urnas para expresar su voluntad, constituye una afrenta a la independencia del electorado mexicano, cosechada a través de una transición estable y sólida”.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) se enfrentó a un fallo sumergido en polarización: para el PRI, el Tribunal sólo debía apegarse a la ley y calificar, con estricto apego a derecho, una elección que había demostrado tendencias positivas: alta participación, casillas instaladas, pocas demandas ante la FEPADE y nulos conflictos el día de la elección. Para los otros, el frente de izquierdas, el Tribunal tenía que valorar la calidad de nuestra democracia, posicionarse acerca de los vicios que corroen a las elecciones en México: compra de voto, encuestas amañadas, medios vendidos e incluso gastos excesivos. 2006 es un episodio de la vida electoral mexicana, que los magistrados decidieron no soslayar. En aquel año, los magistrados validaron la elección presidencial, pero tibiamente, con argumentos contradictorios y sin solidez en su resolución. Dijeron: “miren, la elección no fue limpia ni equitativa; y bueno, el Presidente sí se metió y los empresarios no se comportaron a la altura, pero nada que pueda derrotar la ventaja de 0.56% de Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador”. La sentencia generó inconformidades y el Tribunal decidió no repetir esa actitud autocrítica.
En esta ocasión, el Tribunal apeló al más estricto sentido de la ley. Nada de interpretación, sólo pruebas. Los temas planteados por la coalición de izquierda son vertientes del debate políticos que han sido analizadas por décadas. Ni siquiera entre los expertos existen consensos en torno a los efectos causales de los alegatos impulsados por el frente de partidos que postuló a López Obrador.
Encuestas
Las encuestas jugaron un papel fundamental en esta elección. Muchos medios de comunicación impulsaron estos estudios en los principales espacios de difusión y analistas basaron gran parte de su análisis en el resultado de éstas. 12 casas encuestadoras se registraron ante el Instituto Federal Electoral (IFE), y solamente cuatro de ellas entregaron su último estudio dentro del margen de error de la votación final del 1 de julio. Así, las casas encuestadoras, sobre todo las más consolidadas, sobrevaloraron la tendencia positiva del PRI, dando ventajas al tricolor que superaron por mucho la elección final. Ante esto, la izquierda argumentó que fue una estrategia para debilitar el “voto útil” a favor de López Obrador y mandaron un mensaje de la inevitabilidad del triunfo priista. Por el contrario, el fallo del Tribunal indicó que no existe consenso en los especialistas en torno a los impactos que tiene una encuesta en el sentido del voto de los ciudadanos. Por un lado, existen aquellos que sostienen que, efectivamente, desaniman el voto útil; pero, por otro lado, hay especialistas que sostienen lo contrario: genera incentivos para que los votantes pasivos de la segunda opción se decidan a acortar distancia con el puntero. Argumento desechado.
Cooptación del voto
El clientelismo y la venta del voto, son dos manifestaciones políticas arraigadas en la cultura electoral no sólo mexicana, sino latinoamericana. El sistema electoral mexicano hereda una serie de alianzas electorales, vínculos clientelares y acuerdos corporativistas, que vician comicios en todos los niveles, desde el local hasta el federal. La izquierda señaló que a través de mecanismos como monederos electrónicos o transferencias económicas, el PRI “compró la voluntad” de cinco millones de ciudadanos que, al final, definieron el rumbo de la elección. La respuesta del Tribunal fue contundente: no se demuestra que el PRI haya entregado esas tarjetas, ni siquiera que los operadores tricolores hayan condicionado la entrega de éstas a cambio del voto. Otro argumento desechado.
Gastos excesivos de campaña
Los topes de campaña no se respetan en ninguno de los niveles, ni en las elecciones a diputados locales o a munícipes. El dinero en las campañas es fundamental, y muchas veces, quien más recursos tiene, puede influir más certeramente en el electorado. El dinero permite acceso a medios, espectaculares y a movilizadores. Para la izquierda, el PRI gastó 20 veces más de lo permitido por el tope de gastos de campaña. Si la elección presidencial estaba regulada por un techo de gasto de un poco más de 330 millones de pesos, el rebase del PRI se cuenta en miles de millones. En este caso, el Tribunal apeló a la ley vigente: el rebase de topes de campaña no es motivo de nulidad, ya sea por un peso o por miles de millones. Así está en la ley que aprobaron los partidos en 2007, y la autoridad judicial se remite a esa disposición del marco regulatorio de las elecciones. La fiscalización es a posteriori, como señala la reforma que impulsó López Obrador en San Lázaro.
Medios encubiertos
Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en los procesos electorales, y la televisión aún más. Un mercado altamente concentrado donde existen opciones, representa empoderar a las televisoras que cuentan con un servicio prácticamente monopólico. En este sentido, la izquierda denunció una estrategia, abanderada por una de las televisoras, que buscó desde hace más de un lustro, construir la candidatura de Peña Nieto. Así, televisoras y algunos periódicos se sumaron al enaltecimiento de la figura del candidato priista, lo que le dio una ventaja abismal en términos de exposición pública. En contraposición, el Tribunal determinó que la izquierda no prueba a cabalidad ese vínculo. Los magistrados toman el monitoreo de la UNAM como sinónimo de que la elección fue cubierta equitativamente. En este punto en específico, los integrantes del Tribunal fueron particularmente severos: las pruebas son muy débiles y se componen de recortes de periódicos y de grabaciones que supuestamente evidencian la preferencia de ciertos medios hacia Peña Nieto.
La forma y el fondo se convirtieron en dos extraños que ni siquiera cruzaron miradas. La izquierda apeló a la estrategia mediática, buscó posicionarse en los medios de comunicación y descuidó la coherencia de una impugnación que tenía que ser bien trazada y sólida. El proyecto de impugnación de la izquierda está repleto de supuestos incomprobables, de afirmaciones sin sustento y de tesis sobre comunicación que son consideradas por muchos académicos como obsoletas (véase en la impugnación la referencia ala “Guerra de los Mundos” de Orson Wells, de finales de los treinta). Y, por el otro lado, un Tribunal que niega su carácter de última instancia, de espacio de deliberación que no sólo construye argumentos jurídicos, sino que califica una elección con todas las características “abstractas” que incluye la Constitución: equidad, imparcialidad, libertad, etc.
Al final, Enrique Peña Nieto ha sido declarado presidente electo con una distancia de más de tres millones de votos. Categórica, indudablemente. Y, en este sentido, la deuda del Tribunal no es su postura ante las débiles y poco sustentadas pruebas impugnatorias de la izquierda, sino su negación a contarnos una narrativa profunda y rica de la elección, una historia que trace con claridad los puntos que debe tener una próxima reforma electoral. Sabemos qué no pasó, pero no sabemos qué sí pasó.
La izquierda alega: “El retroceso democrático es evidente. Las instituciones han sido cooptadas, ¡nuevamente!, por las oligarquías, por esa ‘mafia del poder’ que todo controla y todo decide. La elección es una simulación, la voluntad popular está coaccionada desde las entrañas, los aparatos del poder se activan y limitan la genuina deliberación del sufragio. Medios, encuestas, sindicatos y empresarios operan para preservar un régimen de opacidad y privilegios. Las instituciones sólo son fachadas que legitiman la esencia fraudulenta del sistema electoral mexicano, no verlo ni siquiera es un engaño, sino que representa el auténtico cinismo. En México, la constitución es vulnerada constantemente y los magistrados son el último eslabón de una cadena de entidades que deben ‘limpiar’ en términos legaloides, una elección donde más de cinco millones de votos fueron comprados”.
Del otro lado está la versión de democracia del bando que ha sido declarado ganador, el PRI: “La elección del 2012 muestra a un México maduro y democrático. Las instituciones han conseguido, tras sexenios de transformaciones, ser el garante más fidedigno de la voluntad popular. Lejos quedaron los años en que, desde el poder, se podía manipular el ejercicio democrático, el proceso electoral ha alcanzado un cénit de credibilidad y autenticidad. Las elecciones son organizadas por millones de ciudadanos, libre y voluntarios, que han entregado su tiempo y su disposición a las causas políticas de nuestro país. Vivimos en un México de libertades donde los votos cuentan y el clientelismo es una manifestación marginal, presente sólo en pequeños espacios de la sociedad. Demeritar a más de 50 millones de mexicanos que salieron a las urnas para expresar su voluntad, constituye una afrenta a la independencia del electorado mexicano, cosechada a través de una transición estable y sólida”.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) se enfrentó a un fallo sumergido en polarización: para el PRI, el Tribunal sólo debía apegarse a la ley y calificar, con estricto apego a derecho, una elección que había demostrado tendencias positivas: alta participación, casillas instaladas, pocas demandas ante la FEPADE y nulos conflictos el día de la elección. Para los otros, el frente de izquierdas, el Tribunal tenía que valorar la calidad de nuestra democracia, posicionarse acerca de los vicios que corroen a las elecciones en México: compra de voto, encuestas amañadas, medios vendidos e incluso gastos excesivos. 2006 es un episodio de la vida electoral mexicana, que los magistrados decidieron no soslayar. En aquel año, los magistrados validaron la elección presidencial, pero tibiamente, con argumentos contradictorios y sin solidez en su resolución. Dijeron: “miren, la elección no fue limpia ni equitativa; y bueno, el Presidente sí se metió y los empresarios no se comportaron a la altura, pero nada que pueda derrotar la ventaja de 0.56% de Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador”. La sentencia generó inconformidades y el Tribunal decidió no repetir esa actitud autocrítica.
En esta ocasión, el Tribunal apeló al más estricto sentido de la ley. Nada de interpretación, sólo pruebas. Los temas planteados por la coalición de izquierda son vertientes del debate políticos que han sido analizadas por décadas. Ni siquiera entre los expertos existen consensos en torno a los efectos causales de los alegatos impulsados por el frente de partidos que postuló a López Obrador.
Encuestas
Las encuestas jugaron un papel fundamental en esta elección. Muchos medios de comunicación impulsaron estos estudios en los principales espacios de difusión y analistas basaron gran parte de su análisis en el resultado de éstas. 12 casas encuestadoras se registraron ante el Instituto Federal Electoral (IFE), y solamente cuatro de ellas entregaron su último estudio dentro del margen de error de la votación final del 1 de julio. Así, las casas encuestadoras, sobre todo las más consolidadas, sobrevaloraron la tendencia positiva del PRI, dando ventajas al tricolor que superaron por mucho la elección final. Ante esto, la izquierda argumentó que fue una estrategia para debilitar el “voto útil” a favor de López Obrador y mandaron un mensaje de la inevitabilidad del triunfo priista. Por el contrario, el fallo del Tribunal indicó que no existe consenso en los especialistas en torno a los impactos que tiene una encuesta en el sentido del voto de los ciudadanos. Por un lado, existen aquellos que sostienen que, efectivamente, desaniman el voto útil; pero, por otro lado, hay especialistas que sostienen lo contrario: genera incentivos para que los votantes pasivos de la segunda opción se decidan a acortar distancia con el puntero. Argumento desechado.
Cooptación del voto
El clientelismo y la venta del voto, son dos manifestaciones políticas arraigadas en la cultura electoral no sólo mexicana, sino latinoamericana. El sistema electoral mexicano hereda una serie de alianzas electorales, vínculos clientelares y acuerdos corporativistas, que vician comicios en todos los niveles, desde el local hasta el federal. La izquierda señaló que a través de mecanismos como monederos electrónicos o transferencias económicas, el PRI “compró la voluntad” de cinco millones de ciudadanos que, al final, definieron el rumbo de la elección. La respuesta del Tribunal fue contundente: no se demuestra que el PRI haya entregado esas tarjetas, ni siquiera que los operadores tricolores hayan condicionado la entrega de éstas a cambio del voto. Otro argumento desechado.
Gastos excesivos de campaña
Los topes de campaña no se respetan en ninguno de los niveles, ni en las elecciones a diputados locales o a munícipes. El dinero en las campañas es fundamental, y muchas veces, quien más recursos tiene, puede influir más certeramente en el electorado. El dinero permite acceso a medios, espectaculares y a movilizadores. Para la izquierda, el PRI gastó 20 veces más de lo permitido por el tope de gastos de campaña. Si la elección presidencial estaba regulada por un techo de gasto de un poco más de 330 millones de pesos, el rebase del PRI se cuenta en miles de millones. En este caso, el Tribunal apeló a la ley vigente: el rebase de topes de campaña no es motivo de nulidad, ya sea por un peso o por miles de millones. Así está en la ley que aprobaron los partidos en 2007, y la autoridad judicial se remite a esa disposición del marco regulatorio de las elecciones. La fiscalización es a posteriori, como señala la reforma que impulsó López Obrador en San Lázaro.
Medios encubiertos
Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en los procesos electorales, y la televisión aún más. Un mercado altamente concentrado donde existen opciones, representa empoderar a las televisoras que cuentan con un servicio prácticamente monopólico. En este sentido, la izquierda denunció una estrategia, abanderada por una de las televisoras, que buscó desde hace más de un lustro, construir la candidatura de Peña Nieto. Así, televisoras y algunos periódicos se sumaron al enaltecimiento de la figura del candidato priista, lo que le dio una ventaja abismal en términos de exposición pública. En contraposición, el Tribunal determinó que la izquierda no prueba a cabalidad ese vínculo. Los magistrados toman el monitoreo de la UNAM como sinónimo de que la elección fue cubierta equitativamente. En este punto en específico, los integrantes del Tribunal fueron particularmente severos: las pruebas son muy débiles y se componen de recortes de periódicos y de grabaciones que supuestamente evidencian la preferencia de ciertos medios hacia Peña Nieto.
La forma y el fondo se convirtieron en dos extraños que ni siquiera cruzaron miradas. La izquierda apeló a la estrategia mediática, buscó posicionarse en los medios de comunicación y descuidó la coherencia de una impugnación que tenía que ser bien trazada y sólida. El proyecto de impugnación de la izquierda está repleto de supuestos incomprobables, de afirmaciones sin sustento y de tesis sobre comunicación que son consideradas por muchos académicos como obsoletas (véase en la impugnación la referencia ala “Guerra de los Mundos” de Orson Wells, de finales de los treinta). Y, por el otro lado, un Tribunal que niega su carácter de última instancia, de espacio de deliberación que no sólo construye argumentos jurídicos, sino que califica una elección con todas las características “abstractas” que incluye la Constitución: equidad, imparcialidad, libertad, etc.
Al final, Enrique Peña Nieto ha sido declarado presidente electo con una distancia de más de tres millones de votos. Categórica, indudablemente. Y, en este sentido, la deuda del Tribunal no es su postura ante las débiles y poco sustentadas pruebas impugnatorias de la izquierda, sino su negación a contarnos una narrativa profunda y rica de la elección, una historia que trace con claridad los puntos que debe tener una próxima reforma electoral. Sabemos qué no pasó, pero no sabemos qué sí pasó.
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