Sin dar metas, asume fiscal para desaparecidos

En días donde los reclamos se han multiplicado por los crecientes casos de desapariciones, ayer se nombró a José Raúl Rivera Rivera como titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, tras la renuncia de María Teresa Medina el 1 de noviembre de 2017. “He estado del lado de las víctimas”, remarcó tras asumir el cargo.

Fue el gobernador Aristóteles Sandoval quien dio el anuncio en Palacio de Gobierno. “La situación que ha vivido nuestro Estado es francamente preocupante. Son totalmente comprensibles los reclamos y exigencias”.

El fiscal fue evaluado por el Comité Ad-Hoc, que revisó cuatro aspectos en 17 aspirantes: trayectoria, la presentación de un plan de trabajo, solución de casos y un examen. En su plan de trabajo, Rivera destacó una estrategia de búsqueda e investigación inmediata, establecer capacitaciones, una policía técnica para la relación con las víctimas. Mientras el gobernador aseguró que se le entregarán los recursos necesarios para cumplir con su labor, el fiscal no dio plazos para mejorar la situación: “Todavía, hasta el día de hoy, no (hay plazos), pero tenemos que dar resultados. Estamos aquí porque nuestra primera obligación es dar resultados, deben ser resultados positivos y transparentes”, declaró Rivera.

Jorge Alatorre, miembro del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, e integrante del Comité Ad-Hoc, avaló la designación. “Fue el número dos… era el que tenía más aceptación entre los organismos no gubernamentales porque no estaba vinculado con la Fiscalía”.

Antes de renunciar, la anterior fiscal encontró varios “cuellos de botella” en las investigaciones, como la falta de coordinación con otras dependencias, problemas de acceso a sus bases de datos, la falta de un sistema de videovigilancia y la tardanza en las investigaciones.

Rivera fue agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (1997-1998), subdirector de la Visitaduría de la PGR (1999-2000), director de Seguridad Pública de Toluca (2003-2004) y supervisor en la Comisión Nacional Forestal (2012-2013).

Mientras tanto, a casi un mes de la desaparición de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, ayer se convocó a una manifestación este 19 de abril, partirá a las 18:00 horas de la Glorieta de los Niños Héroes para dirigirse a Casa Jalisco. Al respecto, Aristóteles respondió: “Sí hay avances concretos, no puedo anunciarlos… esperemos pronto darles a conocer los resultados, sobre todo la prioridad, que es la localización de los jóvenes y los responsables”.

Personal de Fiscalía de Desaparecidos es insuficiente: CEDHJ

Con la finalidad de combatir la desaparición de personas en Jalisco, uno de los rezagos que debe atender la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas es la falta de personal acorde a las dimensiones del problema, a la par de una política preventiva que incida en la disminución de este delito.

“El número limitado de las personas que perten ecen al área de desaparecidos y no localizados resulta insuficiente ante el número y cúmulo de desapariciones, además hay que actualizar los equipos tecnológicos y materiales con que se cuentan y esto implica asignaciones presupuestales”, señaló Javier Perlasca Chávez, cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

El funcionario urgió a trabajar en la prevención de las desapariciones, pues aunque hay protocolos homologados de búsqueda, como la alerta Amber y el Protocolo Alba, se trata de medidas reactivas que se ejecutan cuando la desaparición ocurrió, por lo que recomendó implementar un esquema de coordinación con protocolos de prevención que se anticipen a las desapariciones.

El 21 de marzo pasado, la Comisión dio a conocer la recomendación general sobre el derecho a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares en el Estado, que consta de 65 puntos, 112 acciones específicas y seis peticiones.

Entre los primeros asuntos que deberá atender el nuevo fiscal de desaparecidos, Perlasca Chávez precisó que debe encabezar a la brevedad una reunión interinstitucional para analizar el cumplimiento de cada recomendación y acciones en las que tenga injerencia la Fiscalía de Desaparecidos.

“Hay muchas peticiones específicas para esa área, por lo que es necesario reunirnos para implementar todas las acciones que se requieran, los cambios de prácticas administrativas y si es necesario las políticas públicas para que se adecue el actuar por parte de la nueva Fiscalía”.

Entre los puntos que aborda el documento se encuentra un mecanismo para la creación y la activación de alertas que identifique la amenaza a la población e incluya mecanismos de comunicación y respuesta para una búsqueda efectiva de personas desaparecidas; la atención y reparación integral de las víctimas de delito y violaciones de derechos humanos y la elaboración de un protocolo especializado para la identificación de personas, cadáveres o restos humanos.

De acuerdo con la CEDHJ, la recomendación ya fue aceptada por el Gobierno del Estado y están a la espera del resto de las instancias a las que está dirigida. El otro pendiente es la instalación de la Comisión Estatal de Búsqueda para facilitar la localización de los desaparecidos. La recomendación está dirigida según su competencia a los titulares de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, a los 125 Ayuntamientos y de forma específica al fiscal general del Estado, al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a la Comisión estatal de atención a víctimas, mientras que las peticiones tienen como destinatarios senadores y diputados.

• A principios de febrero, los ciudadanos italianos Antonio Russo, Raffaele Russo y Vicenzo Cimmino, quienes se encontraban en México por cuestiones de negocios, fueron “levantados” en Tecalitlán. Lo último que se supo de ellos fue que unos policías los habían detenido. La Fiscalía tomó el control de la seguridad en ese municipio y envió a sus Policía a la Academia. En la investigación, cuatro oficiales fueron arrestados al comprobarse que estuvieron relacionados con la desaparición de los extranjeros. Confesaron que los entregaron a una célula delictiva. El director de Policía huyó y “está ilocalizable”, según el secretario de Gobierno de Jalisco, Roberto López. El alcalde de ese municipio, Víctor Díaz, consideró el hecho como un “caso aislado”.
• Tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) desaparecieron cuando realizaban un trabajo escolar en Tonalá. Javier Salomón, Daniel Díaz y Marco Ávalos grababan en una casa del fraccionamiento Colinas de Tonalá, cuando un comando armado los “levantó”. Según los testimonios, regresaban a su hogar cuando ese grupo los interceptó y se los llevó. El pasado 4 de abril por la mañana, el gobernador Aristóteles Sandoval dijo en un programa de radio que la Fiscalía tenía un plazo de 15 días para dar resultados en este caso. En la fecha límite también se cumple un mes de que su paradero es incierto. Los grupos de apoyo a esos jóvenes montaron una manifestación en la que incluso rebautizaron la glorieta de los Niños Héroes, como la glorieta de Las y Los Desaparecidos.
• El pasado 8 de abril, otros tres estudiantes fueron reportados como desaparecidos en Guadalajara. La última vez que se supo de ellos estaban en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Paseos del Sol. Sus familiares levantaron la denuncia, pero se les localizó con vida dos días después. Los jóvenes decidieron no declarar las razones de su ausencia.

Reunión a las mesas de coordinación, sólo en promesa: FEU

El rezago en la búsqueda de personas es grave, pues tres mil casos registrados prueban que la autoridad ha sido “rebasada”. Según el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina, los expedientes acumulados ya superaron la capacidad de respuesta de la Fiscalía. Además, hay casos que debido a una mayor visibilidad se convierten en prioritarios, lo que confirma que hay niveles para la atención en el Estado. “Hay desaparecidos categoría A, B y C. Hay quienes son de primera importancia”.

Indica que durante el proceso de conformación de la mesa interinstitucional en la que se trabaja y coordina el tema, el fiscal en Derechos Humanos, Dante Haro, prometió que la FEU tendría un espacio. “Fue de palabra, hace como 20 días, y no hemos recibido invitación formal, escrito o algo”.

No les interesamos ni a los diputados ni al Gobierno en turno. No hay una propuesta sólida. Además, tenemos una grave descoordinación entre la Fiscalía y las corporaciones municipales.

Jesús Medina Varela, representante de la FEU

Sostiene que, al no tener una  cabeza clara en la Fiscalía de Desaparecidos, tampoco existe una “política consistente que articule una búsqueda rápida y una capacidad reactiva. Por ejemplo, en el caso de los tres compañeros del CAAV detectamos que la llamada al 911 nunca tuvo eco, que la Fiscalía tardó alrededor de ocho horas en atender el caso y el primer respondiente, cuatro”. Además, lamenta que tampoco existe un Comité Estatal de Búsqueda, pese a que la Ley federal en materia de desaparición así lo establece, y que la suficiencia presupuestal de esta nueva Fiscalía (17 millones de pesos) es nada en comparación con los cientos de millones que se han autorizado para el desarrollo de las campañas electorales.

De ahí el surgimiento de la campaña “¿Dónde están?”, en la que los estudiantes colocan calcas sobre los ojos de los candidatos publicitados en las que se lee esa pregunta.

• Las inconsistencias en la definición jurídica de los distintos tipos de desaparición. Además de que algunos Estados de la República no hubieran tipificado la desaparición forzada como un delito autónomo.
• La falta de los equipos profesionales encargados de la búsqueda de personas desaparecidas y la necesidad de una sólida base de datos.
• La profesionalización de los servidores públicos encargados de procesar y reportar toda la información, así como de aquellos encargados de investigar los casos y realizar labores de búsqueda a nivel federal y local.
• Aplicación de un protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas que genere una reacción inmediata de las autoridades para dar con el paradero de los ciudadanos.
• La tipificación del delito de desaparición por particulares y la regulación de la declaración de ausencia por desaparición.

Jalisco se mantiene en el tercer lugar nacional

Con tres mil 060 personas sin localizar, Jalisco ocupa el tercer lugar en el registro de desaparecidos en México, de acuerdo con las últimas estadísticas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

Solamente lo superan Tamaulipas en el primer lugar, con cinco mil 989 personas sin localizar, y el Estado de México en segundo lugar, con tres mil 834 desaparecidos al último día de enero de este año.

En contraste, en los últimos lugares figuran Entidades que registran menos de 100 desaparecidos, como Tlaxcala, Campeche, Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

A diferencia de otros Estados, el problema en Jalisco es que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas sumó cinco meses sin titular y se venció el plazo para generar la Comisión Estatal de Búsqueda, que exige la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

No se han abocado a la búsqueda efectiva mediante la rapidez y los protocolos adecuados para que las líneas de investigación tengan un objetivo más específico.

Javier Perlasca Chávez, cuarto visitador de la CEDH.

Para Javier Perlasca Chávez, cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco,  la falta de un fiscal y de la Comisión Estatal de Búsqueda han provocado que la atención al delito no sea idónea.

Por otra parte, calificó que las denuncias de familiares no han sido atendidas oportunamente: “No se han abocado a la búsqueda efectiva mediante la rapidez y los protocolos adecuados para que las líneas de investigación tengan un objetivo más específico”.

Aunque la mitad de las desapariciones tienen lugar en el Área Metropolitana de Guadalajara, en los últimos años la incidencia de este delito se ha venido presentando en ciudades medias, como Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Tepatitlán, La Barca y Ciudad Guzmán; mientras que, por regiones, la Región Ciénega es donde más desaparecidos han sido reportados, seguida de Costa Sierra Occidental y Altos Sur.

La Ciénega, que concentra los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, La Barca, Ocotlán, Poncitlán y Tototlán, suma 190 casos de personas desaparecidas aún no localizadas; el más alto está en La Barca, con 59.

Por edades, de los tres mil 60 desaparecidos en Jalisco que se reportan, hasta enero de 2018, mil 214 (40%) tienen entre 26 y 38 años, 892 (29%) son menores de 25 años, mientras que 662 (22%) tienen entre 39 y 51 años, entre otros.

Top 10 de municipios en Jalisco

Fuente: Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Resultados de enero de 2014 al 31 de enero de 2018.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Están rebasados”

Rodrigo Lazo Corvera (académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana)

Debido a que Jalisco tiene un acumulado de más de tres mil personas desaparecidas, el académico señala que las autoridades están rebasadas y ni la Fiscalía General del Estado ni la Procuraduría General de la República (PGR) cuentan con el equipo, personal y herramientas de investigación suficientes para esclarecer estos hechos.

“Sin duda es un tema que debe preocuparnos y alarmarnos. Y pues en la medida de lo posible exigir a nuestras autoridades, tanto prevención como resolución de casos relacionados a desaparición de personas”.

Reconoce que en muchos de los casos es probable que las investigaciones presenten avances importantes, aunque la mayoría lo desconoce porque esa información no se comparte. Esta situación, dice, podría presentarse actualmente en el caso de los italianos y los estudiantes de cine.

Sin embargo, remarca que si al paso de dos o cuatro semanas no se tienen resultados en estas búsquedas, tendría que llamar la atención y prender un foco rojo en el trabajo de las fiscalías.

Destaca que las autoridades están obligadas a dar una explicación y una conclusión de sus investigaciones a la ciudadanía, la cual ha presionado con mayor contundencia.

Considera que las manifestaciones y exigencias de las organizaciones que se presentan frente a las autoridades a reclamar resultados, respuestas y soluciones, “sin duda las tenemos que aplaudir y las tenemos que apoyar y tenemos que participar en la medida de nuestras trincheras y nuestras posibilidades”.

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