Por corrupción, 35 bajo proceso penal en Jalisco

A un año y 10 meses de la puesta en marcha de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 35 personas han sido vinculadas a proceso penal. En su mayoría se trata de ex servidores públicos de la pasada administración estatal, aunque también se encuentran representantes de empresas. A la fecha no hay sentenciados o encarcelados.

El principal delito por el que se encuentran bajo proceso es por el uso ilícito de atribuciones y facultades, con un total de 18. En esta lista se ubican ex funcionarios del sector Salud, quienes encabezan algunos de los asuntos más polémicos y entre los que más han retrasado los procesos por la presentación de amparos. “Algún imputado puede estar por más de algún delito”, detalla la institución.

El pasado 5 de diciembre, luego de tres intentos fallidos para desarrollar la audiencia de imputación, las autoridades lograron acusar al ex titular de la Secretaría de Salud, Antonio Cruces Mada, por las presuntas irregularidades en la firma de un contrato para asesoría contable y financiera por 6.2 millones de pesos.

Cuatro días después, por las mismas acusaciones que Cruces Mada, fueron vinculados el también ex titular de esta dependencia durante la pasada administración, Jaime Agustín González Álvarez, y otros dos ex servidores del área.

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía Anticorrupción, el mayor número de vinculados obedece a las irregularidades cometidas en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), con 14.

En julio pasado fueron procesadas seis personas que presuntamente participaron en el fraude por la compra de medicamentos a sobreprecio por parte del Ipejal y la empresa Abisalud. Entre éstos, el ex director general, Fidel Armando Ramírez, y tres representantes de la compañía.

El fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz, informa que las audiencias “están evolucionando muy rápido”. Aclara que este lunes se dará a conocer un corte del trabajo realizado durante 2019.

“Se puede decir que los temas que han sido más llamativos son los de Salud, Pensiones y la Comisión Estatal del Agua”. También la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), pues ocho ex titulares de dependencias estatales se encuentran bajo proceso.

De la Cruz asegura que se investiga a funcionarios de todos los niveles. “Un compromiso que hemos hecho es no buscar chivos expiatorios”.

Jesús Ibarra, experto en la materia, agrega que ahora también se deberá poner la lupa en el trabajo de los jueces a cargo de estos procesos.

Por corrupción, denuncian a 2 mil 422 servidores públicos

Entre 2018 y 2019, en Jalisco han sido denunciados dos mil 422 servidores públicos ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de acuerdo con información otorgada vía Transparencia.

La dependencia informa que el año pasado se denunciaron a mil 082 funcionarios. La cifra ya fue rebasada durante 2019, pues han sido señalados mil 340.

En el año y 10 meses de operación de la dependencia se han abierto dos mil 333 carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción, de las cuales, 945 ya fueron concluidas.

Sin embargo, de éstas últimas, casi ocho de cada 10 se remitieron a otra autoridad. El fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, recuerda que en esas carpetas se encuentran las 416 que se recibieron por casos de tortura, las cuales se pusieron a disposición de la Fiscalía del Estado para su seguimiento, pues no es competencia de la dependencia a su cargo.

De las 877 carpetas de investigación abiertas durante este año, 63% se concentra en tres tipos de delitos: abuso de autoridad (317), anomalías en la administración de justica y en otros ramos del poder público (177), así delitos cometidos en custodia o guarda de documentos (64).

Jesús Ibarra, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, considera que la Fiscalía de Jalisco ha dado resultados si se compara con sus homólogas en el país, incluso con la nacional. “Creo que destaca porque tiene más funcionarios con carpetas de investigación abiertas y además con vinculación a proceso en el Poder Judicial”.

Resalta que durante el primer año de la puesta en marcha de esta Fiscalía, algunos señalamientos eran que no contaban con los recursos y personal suficiente para llevar a cabo las investigaciones, lo cual cambió durante 2019.

“Me da gusto conocer ahora que ya están vinculando a proceso a funcionarios. No es poca cosa porque en el nuevo sistema penal, vincular a proceso a un funcionario no es algo sencillo; es el primer paso para abrir un proceso judicial por hechos de corrupción”.

El fiscal Anticorrupción destaca que los asuntos de trascendencia se han centrado en los titulares de las instituciones, pero también se ha avanzado en casos de menor jerarquía, que no son tan mediáticos.

Reconoce que los montos señalados son bajos en comparación con las cifras millonarias que se han observado, pero la cifra final se conocerá cuando concluyan las investigaciones.

Entre los montos más altos por los que algunos funcionarios han sido vinculados a proceso, se encuentra el pago de 13.5 millones de pesos en favor de la empresa BPS y Asociados para supuestamente recuperar saldo vencido del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Pese al fuero, mantienen investigaciones

Aunque en septiembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) regresó el fuero a magistrados, jueces y consejeros de la Judicatura, el fiscal Anticorrupción de Jalisco aclara que el hecho de que no se pueda iniciar una judicialización porque tienen otra vez este privilegio, no quiere decir que exista impunidad.

“Finalmente, lo único que implica es que tenemos un requisito de procedibilidad que agotar, que es un juicio de procedencia (desafuero). Los asuntos se van venciendo, los vamos valorando y, en la medida que consideramos necesario, iniciaremos también procedimientos del Poder Judicial”.

Este medio publicó que hasta noviembre pasado se tenían 249 carpetas de investigación abiertas contra servidores públicos del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia por su presunta responsabilidad en la comisión o participación de un delito.

Sin embargo, no se han iniciado procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos del Poder Judicial.

Al rendir su Tercer Informe de Actividades, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves, aseguró que no tolerará casos de corrupción. “De comprobarse una conducta de este tipo, no dudaré en actuar, ya que en donde más duele y lastima la corrupción es en un Poder Judicial”.

Reforma 2.0

• En mayo pasado, las organizaciones civiles que participan en el “Pacto por la integridad y por el bien ser de Jalisco” acordaron con los diputados locales trabajar en los siguientes temas para realizar la reforma 2.0 al Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco:
• Articulación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
• Modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales.
• Dotar de recursos tecnológicos como el “blockchain”, así como de figuras como testigo social o la declaración jurada como instrumentos que privilegien la vigilancia ciudadana y el compromiso ético en los procesos de compras y contrataciones.
• Fortalecimiento de la Fiscalía anticorrupción. Se propone crear una unidad de análisis financiero para fortalecer sus capacidades de investigación, particularmente el seguimiento y recuperación de activos.
• Profesionalización del servicio público. Introducir las bases de una “Ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera”.
• Paridad de género.

LA VOZ DEL EXPERTO

Falta unidad especializada

Jesús Ibarra (integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción)

La Fiscalía Anticorrupción en Jalisco todavía no tiene todos los instrumentos para que sus capacidades de investigación sean las óptimas, considera Jesús Ibarra.

“Con lo que tiene hace lo que puede, pero faltaría que, por ejemplo, existiera una Unidad de Inteligencia Financiera”.

Esto permitiría, dice, no sólo presentar pruebas de delitos como el soborno o el enriquecimiento ilícito sino también para que se pudieran recuperar los activos robados.

En la Entidad sólo se ha anunciado la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera que operará a través de la Secretaría de la Hacienda Pública. “Se necesita otra unidad diferente, que rastree la huella del dinero, que lleve realmente al Ministerio Público a recorrer la ruta por donde escapó del erario público el dinero y se fue a cuentas privadas”.

Vinculan a representantes de empresas

Debido a que en los meses de junio y julio pasados, cuatro representantes de empresas fueron vinculados a proceso por estar involucrados en presuntos casos de corrupción cometidos por ex servidores públicos, el titular de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) Guadalajara, Xavier Orendáin, declara que en todos los casos se debe seguir el debido proceso.

“Nos parece que en el combate a la corrupción, además del fomento a la integridad, se deben desmantelar las redes de corrupción, se debe buscar toda la cadena de complicidades. No deben pagar justos por pecadores”.

En junio pasado, Annye Pamela “N”, representante legal de la empresa BPS y Asociados, fue vinculada a proceso por presunto desvío de recursos en perjuicio de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Ella fue incluida dentro de la carpeta de investigación que se abrió también en contra de ex funcionarios del organismo operador del agua, quienes durante la pasada administración habrían participado en el desvío de 13.5 millones de pesos. Se les señala por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, los recursos fueron etiquetados para el saneamiento de agua y abastecimiento, pero fueron utilizados para el pago de servicios profesionales a dicha empresa para recuperar saldo a favor por concepto del Impuesto Sobre la Renta, pese a que la recuperación se hace de manera automática con el personal de la propia dependencia.

En julio pasado,  seis personas también fueron procesadas  por irregularidades detectadas en la compra de medicamentos de Ipejal, entre ellas están tres representantes de la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud): su representante legal, Raquel “N”, y Juan Manuel “N” y María del Carmen “N”, quienes firmaron el contrato de la compra. Fueron señalados por fraude.

GUÍA

Casos polémicos

• Por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en el desvío de 13.5 millones de pesos, en junio pasado fueron procesados el ex director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) durante la pasada administración, Salvador “N”; la ex directora de Planeación Estratégica, Linda “N”; el ex director de Administración, Roberto “N”, y el ex titular de Contabilidad en el Organismo Público Descentralizado, Héctor “N”. Esos recursos se pagaron a la empresa BPS y Asociados para supuestamente recuperar saldo vencido del Impuesto Sobre la Renta. Fue procesada también Annye Pamela “N”, representante legal de la empresa.
• En julio pasado, por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades fueron vinculadas a proceso seis personas que habrían participado en el presunto fraude de compras de medicamentos a sobreprecio por parte del Ipejal y la empresa Abisalud. Se trata de tres ex servidores públicos y tres representantes de la empresa. Entre los ex funcionarios se encuentran Fidel Armando “N”, ex director general del Ipejal; Adriana Gabriela “N”, ex directora Administrativa y Servicios, y Jorge Arturo “N”, ex jefe de Recursos Materiales y Servicios.
• Por la presunta comisión del delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades que habrían provocado un daño al erario  por  al menos 3.1 millones de pesos, tras celebrar un contrato desventajoso para el Ipejal y la condonación de arrendamiento a favor de la empresa Abastecedora de Servicios para la Bisutería, en agosto pasado fueron vinculados a proceso Fidel Armando Ramírez, director del Instituto en la pasada administración; Salvador Méndez Carrillo, ex director de promoción de la vivienda e inmobiliaria, y Francisco Javier Ramos Alvarado, que ocupó ese mismo cargo de 2011 a 2013.
• Por el presunto uso ilícito de atribuciones y facultades, Yolanda Salomé “N”, ex coordinadora General de Administración de la anterior Fiscalía General del Estado, fue sometida a proceso en septiembre pasado. La ex funcionaria es señalada como la persona responsable de contratar los servicios de las cámaras refrigerantes (en tráileres) donde se almacenaron 322 cadáveres del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
• La contratación de las empresas Logística Montes y Cold Red Transport se hizo a través de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y los recursos se tomaron del fondo revolvente de la dependencia.
• Acusados de los delitos de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades y fraude genérico, los ex servidores públicos Manuel “N”, Humberto “N” y Julio César “N”, fueron vinculados a proceso. Son señalados de presuntamente haber participado en la manipulación de documentos y alterar el sistema del Ipejal para el otorgamiento de  un préstamo a mediano plazo.
• Tres ex titulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Miguel Castro Reynoso, Salvador Rizo y Daviel Trujillo fueron vinculados a proceso en octubre pasado. Se les señala por presuntamente haber otorgado 5.7 millones de pesos a 13 asociaciones civiles que tenían a servidores públicos entre sus miembros.
• La ex directora Administrativa y Servicios del Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), Adriana Gabriela “N”, fue vinculada a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en una compra de medicamentos a sobreprecio realizada por el organismo. La ex funcionaria deberá presentarse ante el juez cada mes hasta octubre de 2020.
• Señalado por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, fue vinculado a proceso Salvador Sánchez Guerrero, quien fue director del Ipejal de 2010 a 2013. Pese a promover amparos, finalmente se le inició proceso por las irregularidades cometidas en la condonación del arrendamiento de un edificio ubicado en el Centro de Guadalajara, que habría provocado un daño al erario por alrededor de 3.1 millones de pesos.
• Antonio Cruces Mada, ex secretario de Salud en la pasada administración, fue vinculado a proceso por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Es señalado por haber firmado, sin contar con facultades (como titular de Salud), un contrato de prestación de servicios con una empresa consultora. Entre las medidas cautelares se determinó resguardo domiciliario durante un año.
• También se  iniciaron procesos en contra del ex secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, José Luis “N”, ex director general de Administración, y Luis Daniel “N”, ex director de planeación, quienes son señalados por contratar un servicio de asesoría de manera irregular. 

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