Rezago y corrupción, fallas del Poder Judicial
Jalisco ocupa el sitio 19 nacional en emisión de sentencias y el 27 en percepción de honestidad; sólo la mitad de los casos se resuelven
El Poder Judicial de Jalisco está lejos de ser un sistema judicial ejemplar por los rezagos en la impartición de justicia y la desconfianza de población, la cual percibe corrupción en los tribunales estatales.
De acuerdo con el más reciente Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 del Inegi, Jalisco se ubicó en el lugar número 19 de 32 Entidades en emisión de sentencias, con solo 306 casos resueltos durante 2022.
En comparación, la Ciudad de México ocupó el primer lugar, con nueve mil 315, seguido del Estado de México, con siete mil 723.
El Poder Judicial jalisciense sólo ha logrado concluir el 51% de todos los casos que se acumulan en sus órganos jurisdiccionales, según las estimaciones del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal.
“Los rezagos en materia de impartición de justicia en el Poder Judicial de Jalisco son más evidentes que los que se presentan a nivel federal”, indica Anuar García, del Grupo SOS Capítulo Jalisco.
El experto apuntó varias razones de esta situación: la cantidad insuficiente de jueces y juzgados que hay en la entidad, y el alto número de audiencias pendientes que se tienen que desahogar.
Añadió que este retraso deriva en un mayor hacinamiento en las cárceles del estado, por el alto número de personas en prisión preventiva que no reciben todavía una condena.
Por otra parte, el Índice de Estado de Derecho en México 2023, de World Justice Project, posicionó a Jalisco en el lugar 27 de 32 en el rubro de “ausencia de corrupción”.
Anuar García añade que la reforma judicial que se discutirá en la Cámara de Diputados no podrá resolver la problemática de corrupción del Poder Judicial en el país.
“Va a empeorar las cosas porque, con los actuales mecanismos para que haya jueces mediante concurso, conocimiento y carrera judicial, aun así hay rezago en la impartición de justicia, imaginémonos a alguien que por el simple hecho de ser abogado y pueda ser votado por la ciudadanía, de repente esté resolviendo temas jurídicos complejos”.
Por lo tanto, no habría certeza jurídica en el país y se violentarían derechos para la ciudadanía, añadió.
Marco del Toro, abogado penalista, consideró de igual manera que la reforma judicial no tiene por objetivo el combate a la corrupción. “En nada va a contribuir a ello, al contrario, en mi opinión se va a agudizar el problema de justicia en México”.
De acuerdo con el presidente del Poder Judicial del Estado, Daniel Espinosa Licón, para agosto de 2023 hubo un aumento de 70% en casos por violencia familiar y de 40% en casos de abuso sexual infantil dentro de los hogares, generando un rezago en estas y otras materias.
Además, cada año se eleva hasta 16% el número de juicios en todas las materias, lo que agrava el problema.
El titular del Supremo Tribunal de Justicia afirmó que en Jalisco apenas hay dos jueces por cada 100 mil habitantes; el estándar internacional señala que debe haber cinco y en Europa llegan a ser 22 por cada 100 mil.
Hoy se espera que la Cámara de Diputados discuta la reforma al Poder Judicial que pretende, entre otros temas, la elección popular de jueces. Por lo pronto, jóvenes universitarios, asociaciones civiles y trabajadores anuncian movilizaciones por todo el país.
Prevén reducir rezagos y ganar la confianza social
En julio del año pasado, se anunció que el Poder Judicial tendrá este año un presupuesto constitucional, que representa el 2% del total del Presupuesto del Gobierno de Jalisco, alcanzando tres mil 342 millones de pesos (más del 40% respecto a lo presupuestado en 2023).
El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal reveló que en nuestro estado solo se contaba con 272 jueces en los distintos órganos jurisdiccionales. Pero esto no es todo, puesto que la situación actual del Poder Judicial (PJ) ha llevado a que, en general, la ciudadanía desconfíe de ellos, principalmente por considerarlos corruptos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Urbana del Inegi, presentada en septiembre pasado, el 65.7% de la ciudadanía jalisciense dijo percibir como corruptos a los jueces, solo por debajo de los policías viales.
Sobre este tema, se ha hecho público que algunos de los jueces trabajan, por ejemplo, bajo nepotismos, como lo dio a conocer esta casa editorial en 2023, cuando se reveló que 15 de 33 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmaron que tienen familiares en el organismo.
Además, hasta julio pasado, confirmó el magistrado presidente del Poder Judicial, eran alrededor de 50 los jueces que eran investigados por presuntos casos de negligencias en los expedientes a sus cargos.
En julio pasado, durante la mesa de diálogo emprendida en Jalisco para analizar las propuestas sobre la Reforma, el presidente del Poder Judicial del Estado, Daniel Espinosa Licón, admitió que hay deficiencias y anomalías dentro del organismo, como ocurre en todos los poderes del país, por lo cual está de acuerdo en que exista una reforma, siempre y cuando sea la más adecuada y discutida por todos los entes involucrados.
Por su parte Marcos del Rosario Rodríguez, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), consideró que, entre las principales fallas del Poder Judicial, en Jalisco y en México, se encuentra el que se suele ligar a los jueces y magistrados con los gobiernos en el cargo para favoreces ciertos casos a juzgar.
Dijo que si bien es necesaria una reforma judicial, en esta debe prevalecer el derecho a la carrera de los juzgadores, puesto que deben llegar al cargo aquellas personas quienes estén mejor preparadas para su puesto, manteniendo en todo momento la observancia en su actuar. Por ello, señaló, es un error el considerar que los jueces y magistrados podrían ser electos por el pueblo, tal como lo propone la iniciativa del Presidente.
Consideró el investigador que podrían empeorar algunas de las cuestiones antes abordadas, ya que, al tener que entrar en campañas para darse a conocer ante la ciudadanía, existe el riesgo de que se desatiendan los casos y aumenten los rezagos.
Otra cuestión que podría incurrir en un riesgo, y con ello posibles actos de corrupción anticipada, es que se preste a la contraprestación de favores para impulsar la candidatura de algun juez a cambio de beneficiarle en casos particulares.
Sobre ello había hablado ya el Observatorio del Sistema de Justicia en el Estudio del Poder Judicial en Jalisco 2020, el que señaló que la influencia de los partidos políticos dentro de la labor de los funcionarios del Poder Judicial del Estado de Jalisco es un ejercicio habitual que termina por permear en las decisiones que ahí se llevan a cabo, y a su vez, colaboran a nutrir los actos de corrupción.
ENTREVISTA
“Esta reforma no plantea una verdadera elección”
Marco del Toro, abogado penalista, descarta que la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a discutirse en la Cámara de Diputados tenga por objetivo el combate a la corrupción. Menciona algunos puntos sobre lo que puede conllevar esta modificación.
¿Cuáles son sus detalles?
Definitivamente es cierto que ha habido una decadencia en los poderes judiciales. El nivel de corrupción que existe es muy alto, no de ahorita, sino desde hace varios años.
El Poder Judicial Federal siempre había tenido un nivel de ética muy elevado y de técnica, es decir, un Poder Judicial confiable. Por distintos factores, ha incrementado el nivel de corrupción. Hubo hasta consejeros que empezaron a litigar desde la oscuridad o la existencia de lobistas judiciales que empezaron a tentar a los jueces con dinero y vender resoluciones. Pero sigue siendo el más limpio del país.
¿La reforma ataca la corrupción?
¿Hay que atacar esa corrupción? Desde luego que sí. La pregunta es si la reforma constitucional planteada tiene por objetivo acabar la corrupción y no es así. No es así porque esta reforma implica remover a mil 600 jueces y magistrados federales, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cada Estado de la República va a tener que eliminar a todos sus jueces para que sean sustituidos. Todo ello mediante un procedimiento de elección.
No creo que esta reforma plantea una verdadera elección. El votante se va a enfrentar a una boleta en la que aparezcan 600 nombres para elegir a 350 jueces y magistrados.
Desde luego, el votante no va a conocer a ninguno o si acaso a algunos que aparezcan en esa lista de 600. Una elección verdaderamente supone que el elector conozca las opciones. En México nos pasa que mucha gente vota por diputados sin conocerlos y sin saber quiénes son, pero por lo menos vota por el partido que representa. En el caso de jueces y magistrados, no va a haber partidos y el elector se va a encontrar con un listado de personas que no va a saber quiénes son”.
¿A dónde pueden acudir jueces y magistrados?
Los jueces y magistrados pueden acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Relatoría de la ONU solicitando medidas cautelares para que no se aplique esta reforma una vez que sea votada.
Seguramente se va a votar y se va a aprobar en nuestro Congreso. Esta reforma en nada va a contribuir a acabar con la corrupción, al contrario, en mi opinión se va a agudizar y se va a agudizar el problema de justicia en México.