La información es terrible; las cifras son escalofriantes. Alrededor de 20 mil adolescentes y niños son víctimas de explotación sexual comercial en México, y hasta la fecha ni autoridades ni sociedad han sido capaces de frenar este decadente “negocio” que ha sido revelado por el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) al entregar un informe a la Cámara de los Diputados.
El organismo actualizó los datos porque el órgano legislativo tiene en puerta la presentación de una iniciativa de ley para hacer frente a la trata de personas y los delitos de explotación sexual con menores y jóvenes.
Para sentar las bases de un combate eficaz a este fenómeno, que revela los peores rasgos de miseria humana que impera en las redes de traficantes y explotadores, será necesario reformar el marco jurídico relacionado con la trata de personas y los derechos de los niños, que incluirá la introducción de cambios al Código Penal Federal, y la definición de políticas públicas que refuercen la prevención, el enjuiciamiento y la penalización de estos actos.
El contexto en que se reproducen estas viciadas prácticas que ponen a la niñez como víctimas indefensas, hace imperativo que se actúe de inmediato. Reportes de organizaciones no gubernamentales dan cuenta de que en México existen 3.5 millones de niños trabajadores, de los cuales 170 mil viven y trabajan en las calles. En esas condiciones, los menores están prácticamente a merced de que adultos abusadores se acerquen a ellos y los involucren en actividades ilícitas de las que aquellos difícilmente podrán defenderse.
Desde luego que nuestro país no es el único que padece este cáncer que corroe la convivencia social: datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indican que la trata de personas es, en el mundo, el tercer negocio que más beneficios deja a quienes lo practican, sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas. Es, por desgracia, uno de los fenómenos nocivos que arrastra la nueva era de la globalización, pero Gobierno y sociedad deben verlo como propio para combatirlo hasta que sea borrado del mapa.
El organismo actualizó los datos porque el órgano legislativo tiene en puerta la presentación de una iniciativa de ley para hacer frente a la trata de personas y los delitos de explotación sexual con menores y jóvenes.
Para sentar las bases de un combate eficaz a este fenómeno, que revela los peores rasgos de miseria humana que impera en las redes de traficantes y explotadores, será necesario reformar el marco jurídico relacionado con la trata de personas y los derechos de los niños, que incluirá la introducción de cambios al Código Penal Federal, y la definición de políticas públicas que refuercen la prevención, el enjuiciamiento y la penalización de estos actos.
El contexto en que se reproducen estas viciadas prácticas que ponen a la niñez como víctimas indefensas, hace imperativo que se actúe de inmediato. Reportes de organizaciones no gubernamentales dan cuenta de que en México existen 3.5 millones de niños trabajadores, de los cuales 170 mil viven y trabajan en las calles. En esas condiciones, los menores están prácticamente a merced de que adultos abusadores se acerquen a ellos y los involucren en actividades ilícitas de las que aquellos difícilmente podrán defenderse.
Desde luego que nuestro país no es el único que padece este cáncer que corroe la convivencia social: datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indican que la trata de personas es, en el mundo, el tercer negocio que más beneficios deja a quienes lo practican, sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas. Es, por desgracia, uno de los fenómenos nocivos que arrastra la nueva era de la globalización, pero Gobierno y sociedad deben verlo como propio para combatirlo hasta que sea borrado del mapa.
Síguenos en