La inseguridad que se vive en todo el territorio nacional es motivo de preocupación y temor para la sociedad, y mantiene ocupado a todo el aparato gubernamental, cuya lucha contra el crimen organizado parece no tener fin, a pesar de los informes sobre estadísticas alegres que se dan periódicamente, y a los golpes que se han dado a la delincuencia. Cada que se anuncia la detención de criminales, el desmantelamiento de redes del narcotráfico o la incautación de cuantiosas cantidades de droga y armamento, viene invariablemente una respuesta que siempre es sangrienta y cuesta la vida de seres humanos.
Ante esta situación, que se vio agravada tras el secuestro y asesinato del hijo de un reconocido empresario, la sociedad ha reaccionado exigiendo al Gobierno acciones concretas y eficaces para poner un alto a la ola de inseguridad, y éste ha respondido con decisiones que, aceptadas por unos y criticadas por otros, tienen la finalidad de fortalecer el combate frontal a la delincuencia, y ayer mismo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en una reunión del gabinete de seguridad con los líderes del Congreso, planteó la necesidad de que el Gobierno federal cuente con el “acompañamiento” del Poder Legislativo para continuar los cambios legales necesarios para el combate al crimen y a la inseguridad.
El martes, Mouriño llamó a no permitir “que los criminales secuestren la seguridad de los mexicanos”, e invitó a gobernadores, alcaldes, a los demás Poderes y a la sociedad en general, a suscribir el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad: “Es tiempo de escuchar el reclamo de la sociedad y de actuar en consecuencia depurando todos los cuerpos policiacos para garantizar que quien tenga una placa y un arma del Estado mexicano esté realmente al servicio de los ciudadanos y no al mismo tiempo trabajando por los delincuentes”.
También ayer, la organización México Unido contra la Delincuencia exigió al Presidente Felipe Calderón y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, reunirse para proponer soluciones al tema de la inseguridad, y propuso cinco puntos para combatir el secuestro, basados en la participación de la sociedad como vigilante de las autoridades.
Tanto Calderón como Ebrard dijeron sí al llamado, como se espera que respondan gobernadores, alcaldes, legisladores y sociedad en general al que a su vez hizo el secretario de Gobernación, porque es necesario, con carácter de urgente, que se dejen de lado celos partidistas, que no se politice el tema y que juntos los tres órdenes de Gobierno, los Poderes de la Unión y todos los sectores sociales del país unan esfuerzos y voluntades para dar la batalla firme y decidida a la delincuencia organizada, hasta lograr tener un México seguro y en paz.
Ante esta situación, que se vio agravada tras el secuestro y asesinato del hijo de un reconocido empresario, la sociedad ha reaccionado exigiendo al Gobierno acciones concretas y eficaces para poner un alto a la ola de inseguridad, y éste ha respondido con decisiones que, aceptadas por unos y criticadas por otros, tienen la finalidad de fortalecer el combate frontal a la delincuencia, y ayer mismo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en una reunión del gabinete de seguridad con los líderes del Congreso, planteó la necesidad de que el Gobierno federal cuente con el “acompañamiento” del Poder Legislativo para continuar los cambios legales necesarios para el combate al crimen y a la inseguridad.
El martes, Mouriño llamó a no permitir “que los criminales secuestren la seguridad de los mexicanos”, e invitó a gobernadores, alcaldes, a los demás Poderes y a la sociedad en general, a suscribir el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad: “Es tiempo de escuchar el reclamo de la sociedad y de actuar en consecuencia depurando todos los cuerpos policiacos para garantizar que quien tenga una placa y un arma del Estado mexicano esté realmente al servicio de los ciudadanos y no al mismo tiempo trabajando por los delincuentes”.
También ayer, la organización México Unido contra la Delincuencia exigió al Presidente Felipe Calderón y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, reunirse para proponer soluciones al tema de la inseguridad, y propuso cinco puntos para combatir el secuestro, basados en la participación de la sociedad como vigilante de las autoridades.
Tanto Calderón como Ebrard dijeron sí al llamado, como se espera que respondan gobernadores, alcaldes, legisladores y sociedad en general al que a su vez hizo el secretario de Gobernación, porque es necesario, con carácter de urgente, que se dejen de lado celos partidistas, que no se politice el tema y que juntos los tres órdenes de Gobierno, los Poderes de la Unión y todos los sectores sociales del país unan esfuerzos y voluntades para dar la batalla firme y decidida a la delincuencia organizada, hasta lograr tener un México seguro y en paz.
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