Traiciones mortales

¿Quién informó al cártel de los hermanos Beltrán Leyva a dónde, cuándo, cómo y quiénes trasladarían a Jerónimo Gámez García, su operador financiero, a una cárcel en Tepic? Esa infidencia provocó un espectacular intento de rescate con más de 30 sicarios atacando a fuerzas federales y militares, que aunque al final resultó fallido, dejó en el camino a seis agentes federales y dos funcionarios penitenciarios muertos, toque de queda en la capital nayarita y una sensación de miedo generalizada que afectó la vida cotidiana en la comunidad. Mientras tanto, quien informó a los Beltrán Leyva los detalles del traslado de Gámez García, debe estar durmiendo sin problema, luego de haber desquitado la paga del crimen organizado.

Pero ¿quién fue? La pregunta ha sido elevada desde distintos medios en los últimos días. ¿Quién informó del operativo? Nadie, fuera de las áreas de seguridad del Gobierno federal, tenía acceso a esa información. Tuvo que haber sido transmitida con tiempo suficiente para que se preparara la operación de rescate con varias decenas de sicarios, porque una acción de esa naturaleza no puede ser improvisada. ¿Quién fue? Altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal se deslindaron desde el domingo, al señalar que la operación y la logística recayó en la Procuraduría General de la República
(PGR). En pocas palabras, lo que dijeron es que si hubo una filtración a los Beltrán Leyva, la fuente más probable se encuentra dentro de la PGR. La dependencia no ha respondido nada ante esa imputación, que lo único que vuelve a dejar claro es la interminable pugna entre las dos áreas civiles que combaten al narcotráfico.

¿Dónde están los traidores? La pregunta ha perseguido al Gobierno de Felipe Calderón, que ya tuvo que sufrir la infiltración de todos los cárteles en la Subsecretaría para las Investigaciones contra la Delincuencia Organizada, la famosa SIEDO, que era la que tenía que combatirlos, y obligar a una purga de varios meses. El problema de las filtraciones no es nuevo, y Calderón lo hereda del Gobierno de Vicente Fox, en donde parecen haberse anidado varias de las redes de complicidades que han dejado trunca la lucha contra el narcotráfico, y donde las sospechas y desconfianzas entre todas las áreas a las que les encargaron combatir al narco, hacen que muchas veces operen individualmente sin el conocimiento de las demás  dependencias por el temor de las traiciones.

Las traiciones no siempre salen de la PGR. Traidores hay en todas las dependencias. La Secretaría de Seguridad Pública Federal ha encontrado mandos superiores al servicio de los cárteles, y dentro de las propias Fuerzas Armadas han descubierto oficiales de alto rango en la nómina de los narcotraficantes.

Hay también casos donde, a decir por  las secuelas, han servido inopinadamente a los cárteles, como el del ex procurador general, Rafael Macedo de la Concha, quien detuvo una operación de agentes federales que le pidieron autorización para arrestar a Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien tenían perfectamente localizado, y que se las negó. Les dijo que lo dejaran al Ejército, pero cuando la tropa llegó al rancho tres días después, ya se había ido.

En tres ocasiones más, de acuerdo con lo informado al gabinete de seguridad del ex presidente Fox, estuvieron a punto de capturar a Guzmán. En tres ocasiones, las intervenciones de funcionarios federales impidieron la captura. Algo similar sucedió cuando el entonces director de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, estaba investigando al coordinador de Giras Presidenciales de Fox, Nahúm Acosta Lugo, cuyo número de teléfono celular estaba registrado en un teléfono encontrado en un decomiso a propiedades de Arturo Beltrán Leyva. La investigación llevaba su curso cuando un funcionario federal le contó al periodista Francisco Garfias sobre el caso.

La publicación causó al final una especie de sabotaje de la investigación, que Santiago Vasconcelos lamentó hasta su muerte. La PGR tuvo que detener prematuramente a Acosta, pero con las pruebas insuficientes que hasta el momento tenían, nunca pudieron mantenerlo en la cárcel. En este sexenio, Beltrán Leyva estuvo a punto de ser detenido en la casa donde vivía en el Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. Una unidad de élite fue por él, pero cuando llegaron a la residencia, 20 minutos después de haber partido, ya no estaba. Alguien le informó que iban tras él. Sobre la mesa encontraron todavía los alimentos calientes. Ha habido otros casos donde han llegado comandos de fuerzas federales a un  operativo donde resulta que los estaban esperando, como consecuencia de alguna infidencia. Dentro del Ejército no confían ni en la Secretaría de Seguridad Pública, ni en la PGR, porque han tenido experiencias donde cuando llegan a detener a un capo, o ya se fugó, o son emboscados.

 El caso de traición más notorio, por lo público, se dio el año pasado cuando “pusieron” al coordinador de seguridad regional
de la Policía Federal, Edgar Millán, quien fue asesinado dentro de una casa a la cual llegó a descansar unas horas por mero accidente, y a donde tenía tiempo de no frecuentar. El intento de rescate en Tepic —que por lo demás, es un modus operandi de los Beltrán Leyva— es el recordatorio trágico de una deuda pendiente: los traidores dentro del Gobierno federal. Son funcionarios en puestos de mando operativo o de inteligencia que tienen acceso a información sobre operativos que van a ser puestos en marcha, con el tiempo suficiente —horas o minutos, incluso—, para que puedan alertar a sus patrones en el narcotráfico y cambiar el destino de la guerra contra el narcotráfico.

Si no se acaba con ellos, la derrota de los cárteles será meramente una ilusión. Si no se erradica la impunidad y se lucha contra la corrupción interna, esa guerra también será inútil.

RAYMUNDO RIVA PALACIO / Periodista.
Correo electrónico: rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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