Mal tardó la mayoría de consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) en acordar el martes pasado modificar la decisión de la Junta Ejecutiva de aumentarse el sueldo para homologarlo al ingreso que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que en desatar una oleada de críticas y señalamientos acerca de la desproporcionada alza, que superaría el 40% para hacerlos percibir más de 300 mil pesos mensuales.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, integrada por los ocho coordinadores parlamentarios, calificó de “imprudente” el aumento, y exhortó a los consejeros del IFE a reconsiderar la medida y a mostrar solidaridad con el pueblo de México, en este momento de crisis. El miércoles trascendió que no se aplicaría el incremento salarial, y el jueves la negativa se hizo oficial en una exposición de los propios consejeros, quienes aclararon que el alza tenía fundamento jurídico, y que no respondieron a presiones ni amagos de nadie.
El episodio, que no es insignificante porque revela una de las serias distorsiones que se han dado en el servicio público, debe mirarse en un contexto más amplio a la idea de que hay funcionarios que quieren hacerse ricos con dinero de toda la sociedad. La verdad es que, en amplios territorios del ámbito gubernamental y de las instituciones públicas hay graves desmesuras que no deben persistir, al margen de que el país se encuentre en una etapa de dificultades financieras.
¿Es mucho o poco que un consejero electoral cuente con un ingreso neto mensual de 152 mil 467 pesos? ¿Es correcto (no legal) que perciba tres mil 600 pesos para uso de celular y hasta 12 mil 600 para gastos de alimentación? ¿En realidad hay un control que permita saber si esos gastos, más los de viáticos, seguros y otras prestaciones, se apegan al uso correcto del dinero, no sólo en el IFE, sino en el Congreso de la Unión, en los gobiernos estatales y municipales, en los congresos locales?
La verdad, todavía hay mucho por hacer para cerrar la válvula al despilfarro de recursos públicos con el pretexto de que se usan para tareas oficiales. Urge que se legisle para poner tope a los salarios de funcionarios y para que se hagan cargo de sus gastos y sus gustos.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, integrada por los ocho coordinadores parlamentarios, calificó de “imprudente” el aumento, y exhortó a los consejeros del IFE a reconsiderar la medida y a mostrar solidaridad con el pueblo de México, en este momento de crisis. El miércoles trascendió que no se aplicaría el incremento salarial, y el jueves la negativa se hizo oficial en una exposición de los propios consejeros, quienes aclararon que el alza tenía fundamento jurídico, y que no respondieron a presiones ni amagos de nadie.
El episodio, que no es insignificante porque revela una de las serias distorsiones que se han dado en el servicio público, debe mirarse en un contexto más amplio a la idea de que hay funcionarios que quieren hacerse ricos con dinero de toda la sociedad. La verdad es que, en amplios territorios del ámbito gubernamental y de las instituciones públicas hay graves desmesuras que no deben persistir, al margen de que el país se encuentre en una etapa de dificultades financieras.
¿Es mucho o poco que un consejero electoral cuente con un ingreso neto mensual de 152 mil 467 pesos? ¿Es correcto (no legal) que perciba tres mil 600 pesos para uso de celular y hasta 12 mil 600 para gastos de alimentación? ¿En realidad hay un control que permita saber si esos gastos, más los de viáticos, seguros y otras prestaciones, se apegan al uso correcto del dinero, no sólo en el IFE, sino en el Congreso de la Unión, en los gobiernos estatales y municipales, en los congresos locales?
La verdad, todavía hay mucho por hacer para cerrar la válvula al despilfarro de recursos públicos con el pretexto de que se usan para tareas oficiales. Urge que se legisle para poner tope a los salarios de funcionarios y para que se hagan cargo de sus gastos y sus gustos.
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