Casualidad o no, el presidente saliente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, puso el dedo en la llaga: Jalisco es el segundo Estado, después del Distrito Federal, en donde se violan con más frecuencia las garantías individuales.
El ombudsman dio a conocer, el lunes, el documento “Derechos Humanos en México, Un Diagnóstico en Cifras”, en donde esboza un panorama, a su juicio completo, de esta realidad.
El dato puntual es que en Jalisco se han registrado casi 81 mil denuncias (80 mil 794) de presuntas violaciones cometidas por las autoridades federales en un extraño lapso, para fines estadísticos, de 28 años: de 1980 a 2008.
Más allá de este vaciado de datos, llama la atención el sentido de la oportunidad de Soberanes: justo cuando el Senado postergó hasta la próxima semana la elección de la terna de los candidatos que se pondrá a consideración del Pleno, para elegir al nuevo defensor del pueblo.
Este hecho noticioso, obviamente, reactualizará un tema espinoso, no por la concepción filosófica de lo que significan los derechos humanos, sino por los instrumentos disponibles para hacer que la autoridad los respete.
¿Qué caso tendría dar a conocer estas cifras ahora? ¿Es una rendición de cuentas no solicitada? ¿Dirigida a quién? ¿Un misil contra algún candidato o candidata?
El diagnóstico transparenta una realidad y, elípticamente, trata de dar respuestas, pero no resuelve, más allá de las dobles intenciones, temas puntuales que tienen que ver con la eficacia institucional de la CNDH, un organismo cuyo titular gana 149 mil 340 pesos mensuales, dos mil 510 pesos más que el Presidente Felipe Calderón.
El sentido de oportunidad, desde la perspectiva de la gente que cree en los derechos humanos y los hace respetar, es diferente al de Soberanes; tiene que ver más con explicaciones de fondo que propongan una salida clara y positiva que lleven al buen funcionamiento de una institución que opera con el presupuesto más alto de Latinoamérica, similar al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El de Soberanes fue sólo un tiro con efecto que quedó muy lejos de lo que la ciudadanía demanda.
El ombudsman dio a conocer, el lunes, el documento “Derechos Humanos en México, Un Diagnóstico en Cifras”, en donde esboza un panorama, a su juicio completo, de esta realidad.
El dato puntual es que en Jalisco se han registrado casi 81 mil denuncias (80 mil 794) de presuntas violaciones cometidas por las autoridades federales en un extraño lapso, para fines estadísticos, de 28 años: de 1980 a 2008.
Más allá de este vaciado de datos, llama la atención el sentido de la oportunidad de Soberanes: justo cuando el Senado postergó hasta la próxima semana la elección de la terna de los candidatos que se pondrá a consideración del Pleno, para elegir al nuevo defensor del pueblo.
Este hecho noticioso, obviamente, reactualizará un tema espinoso, no por la concepción filosófica de lo que significan los derechos humanos, sino por los instrumentos disponibles para hacer que la autoridad los respete.
¿Qué caso tendría dar a conocer estas cifras ahora? ¿Es una rendición de cuentas no solicitada? ¿Dirigida a quién? ¿Un misil contra algún candidato o candidata?
El diagnóstico transparenta una realidad y, elípticamente, trata de dar respuestas, pero no resuelve, más allá de las dobles intenciones, temas puntuales que tienen que ver con la eficacia institucional de la CNDH, un organismo cuyo titular gana 149 mil 340 pesos mensuales, dos mil 510 pesos más que el Presidente Felipe Calderón.
El sentido de oportunidad, desde la perspectiva de la gente que cree en los derechos humanos y los hace respetar, es diferente al de Soberanes; tiene que ver más con explicaciones de fondo que propongan una salida clara y positiva que lleven al buen funcionamiento de una institución que opera con el presupuesto más alto de Latinoamérica, similar al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El de Soberanes fue sólo un tiro con efecto que quedó muy lejos de lo que la ciudadanía demanda.
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