Economía y fisco
Los políticos de izquierda han lanzado a la opinión pública el concepto de revocación de mandato para ganarse la confianza de los electores. Si esta iniciativa hubiera salido del Congreso de la Unión, tendría toda la credibilidad para considerarse como una propuesta seria, pero como tema de discurso ante las masas no ha tenido mayor trascendencia. No obstante, el concepto aun cuando no es nuevo ni en México ni en otros países, vale la pena comentarlo con el propósito de que en un futuro no lejano se pueda plantear con formalidad.
En efecto, Ignacio Ramírez, apodado “El Nigromante”, reconocido como un brillante político liberal, quien fue diputado constituyente de 1857, planteó en el Congreso una iniciativa formal de reformas a la Constitución, en cuyos artículos 1º y 5º dice: “Corresponderá a los poderes de la Unión vigilar su exacta observancia y aplicación, incluyéndose al Presidente de la República, so pena de destitución por el Congreso”, “el pueblo mexicano debe tener formas y procedimientos concretos para remover, en casos determinados en la Constitución Política, al Presidente de la República si, como cualquier empleado de Gobierno o particular, carece de la capacidad profesional o mental con que se ofertó al pueblo mexicano…”.
Los casos por los cuales planteaba que podría removerse al Presidente de la República eran: “Por traición a la Patria, comprometer el patrimonio y los recursos nacionales a favor de estados o empresas extranjeras o nacionales en detrimento del pueblo de México, o por asociarse en forma reiterada con minorías o congregaciones religiosas que promueven fueros, privilegios o exenciones legales, violando las leyes de equidad vigentes en México”; “incapacidad mental o administrativa, basada en el comportamiento personal del mismo presidente…”; “mentir al pueblo de México en asuntos de interés general, así como comprometer la soberanía política o económica de la nación; falsear documentos e informes de la administración pública y desviar recursos presupuestales serán delitos graves…”; “…permitir el ingreso de tropas extranjeras o policías foráneos a territorio nacional…”; “Disponer del Ejército o de las fuerzas del orden público en contra del pueblo de México…”.
Cuando han surgido crisis de confianza en nuestros mandatarios, los ciudadanos nos preguntamos por qué razón nuestra Constitución no previene la revocación del mandato. La respuesta viene implícita en nuestra historia. La eterna lucha del México independiente entre liberales y conservadores, que ahora se identifican como izquierda y derecha, daría lugar a confrontar una de las situaciones más peligrosas para una nación: la inestabilidad que, aunada a una democracia incipiente, podría darnos muchos descalabros.
Para implementar la forma legal de revocar el mandato, debería consultarse a la opinión pública por el único medio legal que sería el plebiscito que, como nos las gastamos en México, podría crearse la ilusión de participación y el mito de la soberanía popular. En fin, hay mucho camino por recorrer en este tema, pero no estaría por demás agregar como causal el incumplimiento de las promesas de campaña, porque significan un engaño al pueblo que debe castigarse.
LUIS JORGE CÁRDENAS DÍAZ / Contador Público Certificado.
Correo electrónico: luisjcardenas2@hotmail.com
Los políticos de izquierda han lanzado a la opinión pública el concepto de revocación de mandato para ganarse la confianza de los electores. Si esta iniciativa hubiera salido del Congreso de la Unión, tendría toda la credibilidad para considerarse como una propuesta seria, pero como tema de discurso ante las masas no ha tenido mayor trascendencia. No obstante, el concepto aun cuando no es nuevo ni en México ni en otros países, vale la pena comentarlo con el propósito de que en un futuro no lejano se pueda plantear con formalidad.
En efecto, Ignacio Ramírez, apodado “El Nigromante”, reconocido como un brillante político liberal, quien fue diputado constituyente de 1857, planteó en el Congreso una iniciativa formal de reformas a la Constitución, en cuyos artículos 1º y 5º dice: “Corresponderá a los poderes de la Unión vigilar su exacta observancia y aplicación, incluyéndose al Presidente de la República, so pena de destitución por el Congreso”, “el pueblo mexicano debe tener formas y procedimientos concretos para remover, en casos determinados en la Constitución Política, al Presidente de la República si, como cualquier empleado de Gobierno o particular, carece de la capacidad profesional o mental con que se ofertó al pueblo mexicano…”.
Los casos por los cuales planteaba que podría removerse al Presidente de la República eran: “Por traición a la Patria, comprometer el patrimonio y los recursos nacionales a favor de estados o empresas extranjeras o nacionales en detrimento del pueblo de México, o por asociarse en forma reiterada con minorías o congregaciones religiosas que promueven fueros, privilegios o exenciones legales, violando las leyes de equidad vigentes en México”; “incapacidad mental o administrativa, basada en el comportamiento personal del mismo presidente…”; “mentir al pueblo de México en asuntos de interés general, así como comprometer la soberanía política o económica de la nación; falsear documentos e informes de la administración pública y desviar recursos presupuestales serán delitos graves…”; “…permitir el ingreso de tropas extranjeras o policías foráneos a territorio nacional…”; “Disponer del Ejército o de las fuerzas del orden público en contra del pueblo de México…”.
Cuando han surgido crisis de confianza en nuestros mandatarios, los ciudadanos nos preguntamos por qué razón nuestra Constitución no previene la revocación del mandato. La respuesta viene implícita en nuestra historia. La eterna lucha del México independiente entre liberales y conservadores, que ahora se identifican como izquierda y derecha, daría lugar a confrontar una de las situaciones más peligrosas para una nación: la inestabilidad que, aunada a una democracia incipiente, podría darnos muchos descalabros.
Para implementar la forma legal de revocar el mandato, debería consultarse a la opinión pública por el único medio legal que sería el plebiscito que, como nos las gastamos en México, podría crearse la ilusión de participación y el mito de la soberanía popular. En fin, hay mucho camino por recorrer en este tema, pero no estaría por demás agregar como causal el incumplimiento de las promesas de campaña, porque significan un engaño al pueblo que debe castigarse.
LUIS JORGE CÁRDENAS DÍAZ / Contador Público Certificado.
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