La crisis económica internacional está propiciando un abanico de medidas que antes podrían resultar inconcebibles. Entre otras, establecer regulaciones más estrictas a las instituciones financieras, presionar a los llamados paraísos fiscales para que colaboren en combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, restringir el secreto bancario —como está ocurriendo en Suiza— cuando haya motivos fundados para sospechar que los bienes depositados proceden de la delincuencia organizada, e impulsar mejores prácticas comerciales, entre otras, significan cambios verdaderamente atrevidos para los negocios en el mundo; imposibles hace un par de años.
En este contexto, la decisión del Gobierno federal para imponer aranceles a algunos productos estadounidenses y expresarle a la Unión Americana que ha incumplido con sus obligaciones contraídas con México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), luego de 13 años en los que nuestro vecino del Norte ha impedido permitir la entrada de autotransporte de carga mexicano para entregas en su país, es una acción positiva.
Nadie puede ignorar en México que nuestros camiones de carga tienen, en términos generales, numerosas deficiencias, frente a lo que ocurre con los estadounidenses. Pero tampoco nadie debe ignorar que detrás de las largas que nos han dado para, en reciprocidad, permitirnos el acceso, está vinculado a las presiones de sus transportistas para no perder mercado, y a los compromisos de algunos legisladores de ese país para obstaculizar el libre tránsito al que se han comprometido, violando abiertamente un acuerdo internacional.
Como cualquier país, Estados Unidos tiene todo el derecho de aplicar las mismas regulaciones a nuestros camiones que las que aplica a los estadounidenses. Pero hasta ahí. Seguramente habrá empresas transportistas mexicanas capaces y dispuestas a competir con las de nuestro vecino. De eso se trata, de competir abiertamente.
Por esto resulta plausible la acción tomada por nuestro Gobierno, como también lo es que la administración del presidente Barack Obama haya anunciado, en correspondencia, un nuevo programa que dé acceso a nuestros transportistas, preservando la legítima seguridad en sus carreteras.
Los mexicanos sí podemos competir con otras naciones, en condiciones de igualdad. No hay vuelta posible.
En este contexto, la decisión del Gobierno federal para imponer aranceles a algunos productos estadounidenses y expresarle a la Unión Americana que ha incumplido con sus obligaciones contraídas con México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), luego de 13 años en los que nuestro vecino del Norte ha impedido permitir la entrada de autotransporte de carga mexicano para entregas en su país, es una acción positiva.
Nadie puede ignorar en México que nuestros camiones de carga tienen, en términos generales, numerosas deficiencias, frente a lo que ocurre con los estadounidenses. Pero tampoco nadie debe ignorar que detrás de las largas que nos han dado para, en reciprocidad, permitirnos el acceso, está vinculado a las presiones de sus transportistas para no perder mercado, y a los compromisos de algunos legisladores de ese país para obstaculizar el libre tránsito al que se han comprometido, violando abiertamente un acuerdo internacional.
Como cualquier país, Estados Unidos tiene todo el derecho de aplicar las mismas regulaciones a nuestros camiones que las que aplica a los estadounidenses. Pero hasta ahí. Seguramente habrá empresas transportistas mexicanas capaces y dispuestas a competir con las de nuestro vecino. De eso se trata, de competir abiertamente.
Por esto resulta plausible la acción tomada por nuestro Gobierno, como también lo es que la administración del presidente Barack Obama haya anunciado, en correspondencia, un nuevo programa que dé acceso a nuestros transportistas, preservando la legítima seguridad en sus carreteras.
Los mexicanos sí podemos competir con otras naciones, en condiciones de igualdad. No hay vuelta posible.
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