La tragedia del viernes pasado es una muestra más de la descomposición que vive la sociedad mexicana. La actitud asumida por las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es indignante: afirmar que la estancia infantil tenía en regla su situación, ofende a la inteligencia y la dignidad de la opinión pública. Todo por encubrir la extensa red de personas cercanas a funcionarios estatales y federales relacionados con la propiedad de estos negocios, que nacen a la sombra de las relaciones con el sector público.
Permitir que se instale una guardería en una bodega, que se construyan plafones con materiales altamente inflamables, que se admita que no existan rutas expeditas de evacuación, tolerar que los vecinos cercanos sean bodegas en donde se almacenan productos peligrosos, observar que las puertas son inoperantes, observar que las puertas de emergencia tienen cerraduras, y autorizar el uso del suelo para estancia infantil frente a una estación de gasolina, convalidar su funcionamiento, desde hace años, permitiendo a los propietarios realizar una sobreexplotación e una concesión pública, es inadmisible y sólo explicable con la palabra corrupción.
Pretender que luego de una tragedia como ésta no existan responsables, o que se perfilen las cosas para crear pequeños culpables que salgan al paso, es una irresponsabilidad, por parte del propio IMSS.
Para ser constructivos imaginemos lo que puede considerarse una conducta adecuada de la autoridad: luego de la tragedia se presenta la autoridad municipal y del Estado, dando la cara anunciando una investigación profunda. Acto seguido aparece a nivel nacional el director de IMSS para ofrecer una disculpa pública por lo acontecido, entrega a la opinión pública la información completa de los propietarios y suspende a los delgados y funcionarios de la región encargados de la autorización y supervisión de estos servicios, para abrir una investigación, comprometiendo con su renuncia el esclarecimiento inmediato. Los propietarios que son familiares de la primera dama y de funcionarios del Gobierno del Estado dan la cara y se comprometen a colaborar con las investigaciones, acompañan a los familiares de los niños fallecidos y heridos y se comprometen a indemnizarlos, adicionalmente a lo que corresponda legalmente. Se apenan públicamente y explican pormenorizadamente cómo adquirieron los contratos de concesión. Al día siguiente aparecen el Presidente de la República y el gobernador del Estado, anunciando una restructuración general del sistema de guarderías a nivel nacional. El director del IMSS renuncia a su cargo, luego de hacerse públicas las evidentes irregularidades. En los días posteriores se integran las averiguaciones para ejercer acciones legales contra los responsables de inspección del IMSS, contra quienes autorizan y verifican el uso de suelo. Contra los propietarios por usar sus relaciones para obtener privilegios.
Contrastemos esta hipótesis, que por supuesto es una fantasía, con la realidad que vivimos estos días y con lo que veremos en los que siguen, para darnos cuenta de que la descomposición está llegando a un punto de no retorno. Por respeto a la vida de 44 niños, los ciudadanos debemos exigir que se llegue al fondo y se castigue a los verdaderos responsables.
LUIS SALOMÓN / Doctor en derecho.
Correo electrónico: lsalomon@iberlinks.com.mx
Permitir que se instale una guardería en una bodega, que se construyan plafones con materiales altamente inflamables, que se admita que no existan rutas expeditas de evacuación, tolerar que los vecinos cercanos sean bodegas en donde se almacenan productos peligrosos, observar que las puertas son inoperantes, observar que las puertas de emergencia tienen cerraduras, y autorizar el uso del suelo para estancia infantil frente a una estación de gasolina, convalidar su funcionamiento, desde hace años, permitiendo a los propietarios realizar una sobreexplotación e una concesión pública, es inadmisible y sólo explicable con la palabra corrupción.
Pretender que luego de una tragedia como ésta no existan responsables, o que se perfilen las cosas para crear pequeños culpables que salgan al paso, es una irresponsabilidad, por parte del propio IMSS.
Para ser constructivos imaginemos lo que puede considerarse una conducta adecuada de la autoridad: luego de la tragedia se presenta la autoridad municipal y del Estado, dando la cara anunciando una investigación profunda. Acto seguido aparece a nivel nacional el director de IMSS para ofrecer una disculpa pública por lo acontecido, entrega a la opinión pública la información completa de los propietarios y suspende a los delgados y funcionarios de la región encargados de la autorización y supervisión de estos servicios, para abrir una investigación, comprometiendo con su renuncia el esclarecimiento inmediato. Los propietarios que son familiares de la primera dama y de funcionarios del Gobierno del Estado dan la cara y se comprometen a colaborar con las investigaciones, acompañan a los familiares de los niños fallecidos y heridos y se comprometen a indemnizarlos, adicionalmente a lo que corresponda legalmente. Se apenan públicamente y explican pormenorizadamente cómo adquirieron los contratos de concesión. Al día siguiente aparecen el Presidente de la República y el gobernador del Estado, anunciando una restructuración general del sistema de guarderías a nivel nacional. El director del IMSS renuncia a su cargo, luego de hacerse públicas las evidentes irregularidades. En los días posteriores se integran las averiguaciones para ejercer acciones legales contra los responsables de inspección del IMSS, contra quienes autorizan y verifican el uso de suelo. Contra los propietarios por usar sus relaciones para obtener privilegios.
Contrastemos esta hipótesis, que por supuesto es una fantasía, con la realidad que vivimos estos días y con lo que veremos en los que siguen, para darnos cuenta de que la descomposición está llegando a un punto de no retorno. Por respeto a la vida de 44 niños, los ciudadanos debemos exigir que se llegue al fondo y se castigue a los verdaderos responsables.
LUIS SALOMÓN / Doctor en derecho.
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