El general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, está muy molesto. Por un lado, porque las demoras en resolver las lagunas legales sobre su participación en la lucha contra el crimen organizado, donde realizan funciones que son más propias de la Policía, los han hecho pagar altos costos políticos por violaciones a los derechos humanos.
Y por el otro, porque el Presidente Felipe Calderón sacrificó en materia presupuestal a las Fuerzas Armadas en beneficio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, e instruyó a la Secretaría de Hacienda para que le recortaran una tercera parte del dinero asignado a ellos en el próximo año fiscal.
Por primera vez en la memoria de muchos políticos, para evitar hoyos más grandes en su presupuesto, el general Galván tuvo que ir al Senado y la Cámara de Diputados a cabildear por más recursos. Que un secretario de la Defensa acudiera personalmente a gestionar apoyos en forma directa como los legisladores, se interpretó como un abandono por parte del Presidente, y como una medida extraordinaria en busca de apoyo para que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, abriera la tubería del gasto militar. Sus esfuerzos no han sido oídos hasta ahora.
El general Galván habló en privado con legisladores y les dijo cosas terribles. Que a la Fuerza Aérea le atormenta cada vez que tiene que sacar a volar los aviones de combate F-5 porque son tan viejos, que ni siquiera existen todas las piezas de refacciones que se necesitan. Esos F-5, que tuvieron alguna utilidad defensiva disuasoria a fines de los setenta y principio de los ochenta, ya no sirven para nada. Ni siquiera para desfiles, por el riesgo de que se caigan por fallas mecánicas.
Que México no podría enfrentar un conflicto bélico con Guatemala, porque esa guerra, no tenía duda, la perdería por la falta de armamento. El secretario de la Defensa se quejó ante los legisladores que el armamento del Ejército era inferior a la capacidad de fuego de los narcotraficantes, y que necesitaban urgentemente mejores pertrechos. Inclusive, recordaban en las cámaras, una fuerza de comandos de élite que desfiló el pasado 16 de septiembre, caras pintadas y boinas de tropas especiales, tuvo que ser armada en ese momento con equipo de otras unidades para que pudieran pasar orondas frente al balcón presidencial en el Palacio Nacional. La falta de apoyo gubernamental provocó que esa unidad delta esté hoy en día desintegrada. Por cuanto a los recursos, Carstens pidió 30% menos para la Defensa en el gasto del próximo año. Y que por favor, les mandó decir a los legisladores, dejaran de atender al secretario de la Defensa, pues los incrementos a la Fuerzas
Armadas eran atribución única del Presidente Calderón.
Institucional finalmente, la molestia de quienes lo han oído, no es con el Presidente, sino con los secretarios Carstens, y con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien consideran que es el consentido de Los Pinos, y al que, dicen militares y legisladores, le están dando todo el apoyo que a otras áreas de seguridad, pese a poner tropa en la primera línea de fuego como las Fuerzas Armadas, niegan. El alto mando militar, confiaron personas que han escuchado los alegatos de los generales, no está en la lógica de contravenir los deseos del Presidente Calderón, pero sostienen, cada vez en voz más alta, que haya congruencia y que los regresen a los cuarteles.
Eso sí que no. El Ejército regresará a los cuarteles, han dicho funcionarios federales, incluido el Presidente Calderón y el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, a su debido tiempo. El vocero de seguridad, Monte Rubido Alejandro, estableció 2013 como el año que regresarían los soldados a los cuarteles, como un adelanto de la iniciativa de ley que envió el Ejecutivo al Congreso para regular la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones que recaen en el ámbito de
las fuerzas de seguridad civiles, y empezar a poner bálsamo sobre la espalda del general secretario.
La iniciativa declara la existencia de una “afectación a la seguridad interna”, que no sin requerir la suspensión de las garantías individuales, como prevé el Artículo 29 de la Constitución, permita el actuar de las Fuerzas Armadas en caso de sublevación, agresiones directas contra autoridades del Consejo de Seguridad Nacional o directas a las instituciones, y por actos que pongan en peligro el orden, la paz y la seguridad y acciones de extorsión colectiva.
El proyecto es una respuesta directa al llamado del general Galván a debatir la presencia militar en las calles, que fue como una apelación urgente al debate porque el Ejército está acumulando violaciones a los derechos humanos porque sus tropas de élaite, entrenadas a matar y a utilizar la fuerza para cumplir sus objetivos, están matando y utilizando la fuerza, lo que significa, según personas que conocen de cómo llegan los presuntos delincuentes a las cárceles, que los están torturando.
El Presidente Calderón no está dispuesto, hasta ahora, a quitarle recursos a García Luna para dárselos a la Secretaría de la Defensa, lo que ha expandido la molestia de los militares a los legisladores. Les está dando una cobertura legal para evitar que en el futuro sean juzgados por crímenes contra la población civil, pero no los blinda por la violación de los derechos humanos. Es un avance pero no es suficiente. Las Fuerzas Armadas necesitan dinero para mejorar su capacidad bélica, su capacitación y su poder de fuego, si quieren que sigan enfrentando a los narcotraficantes.
Si no se les da ese apoyo político y presupuestal, que los regresen hoy, no dentro de cuatro años, a sus cuarteles.
Raymundo Riva Palacio/ Periodista
Correo electrónico: rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Y por el otro, porque el Presidente Felipe Calderón sacrificó en materia presupuestal a las Fuerzas Armadas en beneficio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, e instruyó a la Secretaría de Hacienda para que le recortaran una tercera parte del dinero asignado a ellos en el próximo año fiscal.
Por primera vez en la memoria de muchos políticos, para evitar hoyos más grandes en su presupuesto, el general Galván tuvo que ir al Senado y la Cámara de Diputados a cabildear por más recursos. Que un secretario de la Defensa acudiera personalmente a gestionar apoyos en forma directa como los legisladores, se interpretó como un abandono por parte del Presidente, y como una medida extraordinaria en busca de apoyo para que el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, abriera la tubería del gasto militar. Sus esfuerzos no han sido oídos hasta ahora.
El general Galván habló en privado con legisladores y les dijo cosas terribles. Que a la Fuerza Aérea le atormenta cada vez que tiene que sacar a volar los aviones de combate F-5 porque son tan viejos, que ni siquiera existen todas las piezas de refacciones que se necesitan. Esos F-5, que tuvieron alguna utilidad defensiva disuasoria a fines de los setenta y principio de los ochenta, ya no sirven para nada. Ni siquiera para desfiles, por el riesgo de que se caigan por fallas mecánicas.
Que México no podría enfrentar un conflicto bélico con Guatemala, porque esa guerra, no tenía duda, la perdería por la falta de armamento. El secretario de la Defensa se quejó ante los legisladores que el armamento del Ejército era inferior a la capacidad de fuego de los narcotraficantes, y que necesitaban urgentemente mejores pertrechos. Inclusive, recordaban en las cámaras, una fuerza de comandos de élite que desfiló el pasado 16 de septiembre, caras pintadas y boinas de tropas especiales, tuvo que ser armada en ese momento con equipo de otras unidades para que pudieran pasar orondas frente al balcón presidencial en el Palacio Nacional. La falta de apoyo gubernamental provocó que esa unidad delta esté hoy en día desintegrada. Por cuanto a los recursos, Carstens pidió 30% menos para la Defensa en el gasto del próximo año. Y que por favor, les mandó decir a los legisladores, dejaran de atender al secretario de la Defensa, pues los incrementos a la Fuerzas
Armadas eran atribución única del Presidente Calderón.
Institucional finalmente, la molestia de quienes lo han oído, no es con el Presidente, sino con los secretarios Carstens, y con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a quien consideran que es el consentido de Los Pinos, y al que, dicen militares y legisladores, le están dando todo el apoyo que a otras áreas de seguridad, pese a poner tropa en la primera línea de fuego como las Fuerzas Armadas, niegan. El alto mando militar, confiaron personas que han escuchado los alegatos de los generales, no está en la lógica de contravenir los deseos del Presidente Calderón, pero sostienen, cada vez en voz más alta, que haya congruencia y que los regresen a los cuarteles.
Eso sí que no. El Ejército regresará a los cuarteles, han dicho funcionarios federales, incluido el Presidente Calderón y el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, a su debido tiempo. El vocero de seguridad, Monte Rubido Alejandro, estableció 2013 como el año que regresarían los soldados a los cuarteles, como un adelanto de la iniciativa de ley que envió el Ejecutivo al Congreso para regular la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones que recaen en el ámbito de
las fuerzas de seguridad civiles, y empezar a poner bálsamo sobre la espalda del general secretario.
La iniciativa declara la existencia de una “afectación a la seguridad interna”, que no sin requerir la suspensión de las garantías individuales, como prevé el Artículo 29 de la Constitución, permita el actuar de las Fuerzas Armadas en caso de sublevación, agresiones directas contra autoridades del Consejo de Seguridad Nacional o directas a las instituciones, y por actos que pongan en peligro el orden, la paz y la seguridad y acciones de extorsión colectiva.
El proyecto es una respuesta directa al llamado del general Galván a debatir la presencia militar en las calles, que fue como una apelación urgente al debate porque el Ejército está acumulando violaciones a los derechos humanos porque sus tropas de élaite, entrenadas a matar y a utilizar la fuerza para cumplir sus objetivos, están matando y utilizando la fuerza, lo que significa, según personas que conocen de cómo llegan los presuntos delincuentes a las cárceles, que los están torturando.
El Presidente Calderón no está dispuesto, hasta ahora, a quitarle recursos a García Luna para dárselos a la Secretaría de la Defensa, lo que ha expandido la molestia de los militares a los legisladores. Les está dando una cobertura legal para evitar que en el futuro sean juzgados por crímenes contra la población civil, pero no los blinda por la violación de los derechos humanos. Es un avance pero no es suficiente. Las Fuerzas Armadas necesitan dinero para mejorar su capacidad bélica, su capacitación y su poder de fuego, si quieren que sigan enfrentando a los narcotraficantes.
Si no se les da ese apoyo político y presupuestal, que los regresen hoy, no dentro de cuatro años, a sus cuarteles.
Raymundo Riva Palacio/ Periodista
Correo electrónico: rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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