En Ginebra, sede europea de la Organización de las Naciones Unidas, México presentó ayer su primer informe sobre derechos humanos. Fue el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien en representación del Gobierno federal admitió que en el país se requieren más esfuerzos en el combate al tráfico de personas y la prevención de la tortura, las desapariciones forzadas y la discriminación, al tiempo que justificó la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, tema este último en el fue cuestionado por representantes de diversos países.
Gómez Mont sostuvo que actualmente la mayor amenaza contra los derechos humanos en México es el crimen organizado, por lo cual las Fuerzas Armadas están comprometidas a promover las reformas en el terreno del procesamiento y de la aplicación de la justicia en los tribunales militares. Y sobre la participación militar en la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico, dijo que es subsidiaria y sólo a petición de las autoridades civiles, es estrictamente temporal y un componente más de la estrategia integral de seguridad.
Hubo países, como Alemania, que preguntaron al secretario de Gobernación cuánto iba a durar la participación de las Fuerzas Armas, y él respondió que los militares regresarán a las tareas propias de su disciplina en cuanto se cumpla con el compromiso de reconstruir las instituciones de seguridad pública: “La impunidad, la inseguridad pública y la corrupción representan, en sí mismas, una agresión inaceptable contra los derechos humanos. El crimen organizado ha segado vidas de ciudadanos, periodistas, fiscales, policías, e integrantes de las Fuerzas Armadas”, recordó Gómez Mont, justificando de esa manera la presencia castrense en el combate contra la inseguridad.
Queda claro que para otras naciones, sobre todo europeas, resulte extraño que militares realicen tareas que son responsabilidad de la Policía. Sin embargo, en México ha sido necesario, y si bien los resultados no se han dado como se esperaba, ya que la violencia se manifiesta cada vez con más fuerza, no se debe bajar la guardia; la lucha es difícil y costosa, pero debe continuar hasta conseguir los objetivos trazados, aun cuando deba pasar mucho tiempo.
Gómez Mont sostuvo que actualmente la mayor amenaza contra los derechos humanos en México es el crimen organizado, por lo cual las Fuerzas Armadas están comprometidas a promover las reformas en el terreno del procesamiento y de la aplicación de la justicia en los tribunales militares. Y sobre la participación militar en la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico, dijo que es subsidiaria y sólo a petición de las autoridades civiles, es estrictamente temporal y un componente más de la estrategia integral de seguridad.
Hubo países, como Alemania, que preguntaron al secretario de Gobernación cuánto iba a durar la participación de las Fuerzas Armas, y él respondió que los militares regresarán a las tareas propias de su disciplina en cuanto se cumpla con el compromiso de reconstruir las instituciones de seguridad pública: “La impunidad, la inseguridad pública y la corrupción representan, en sí mismas, una agresión inaceptable contra los derechos humanos. El crimen organizado ha segado vidas de ciudadanos, periodistas, fiscales, policías, e integrantes de las Fuerzas Armadas”, recordó Gómez Mont, justificando de esa manera la presencia castrense en el combate contra la inseguridad.
Queda claro que para otras naciones, sobre todo europeas, resulte extraño que militares realicen tareas que son responsabilidad de la Policía. Sin embargo, en México ha sido necesario, y si bien los resultados no se han dado como se esperaba, ya que la violencia se manifiesta cada vez con más fuerza, no se debe bajar la guardia; la lucha es difícil y costosa, pero debe continuar hasta conseguir los objetivos trazados, aun cuando deba pasar mucho tiempo.
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