Aunque las lluvias, escasas o abundantes, no son obra de la burocracia, sea ésta federal o estatal, sí depende de los funcionarios que se cumpla uno de los anhelos que se ha invocado incesantemente desde que se normalizó el ejercicio de Gobierno después de la Revolución Mexicana: la autosuficiencia alimentaria.
En lugar de plantearse esta meta, por décadas las administraciones gubernamentales han descuidado escandalosamente el desarrollo y fortalecimiento de un sector que se ocupe de la producción agropecuaria en nuestras generosas tierras. Si en otros países la cuestión de abastecerse de alimentos es una prioridad, o incluso un “asunto de seguridad nacional”, en México —y por extensión, en cada uno de sus estados— esto pasa a segundo o tercer grado de importancia, con consecuencias evidentes.
Nada menos en Jalisco, que se precia de ser uno de los “graneros nacionales”, se admitieron ya las pérdidas parciales o totales de cosechas en poco más de 110 mil hectáreas. Nuestra zona labrantía alcanza una superficie de 787 mil hectáreas.
Si esto es poco, el ex gobernador y actual secretario federal de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, informó ayer en la Ciudad de México, que habrá una pérdida de 80% de la producción nacional de maíz. Son datos demoledores, no sólo por las afectaciones a agricultores, sino también porque esto implica más importaciones de alimentos justo en medio de recortes presupuestales, avisos de severa austeridad y proyectos de aumento a impuestos.
Se insiste: si llueve menos no es competencia de la autoridad, pero no hay políticas públicas integrales o soluciones que fortalezcan al sector agrícola. Vamos, ni siquiera a muy largo plazo se apuesta por tecnificar al campo para reducir la dependencia de la siembra de temporal.
Eso es irresponsable.
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