Se puede decir que todos quedaron conformes, por los discursos posteriores a la firma; de hecho, el gobernador del Estado, Emilio González Márquez, fue especialmente enfático cuando dijo que todo se dio en un marco de manifestaciones respetuosas y transparencia, sin chantajes ni amenazas.
Sin embargo, vale la pena recordar que desde que se difundió el conflicto surgieron mensajes contradictorios de parte de los actores involucrados, sobre todo entre la dirección de los Hospitales Civiles y la representación sindical y el titular del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
Y vale la pena recordarlo porque, en un contexto en donde la clase política es proclive a la simulación, es mejor conocer y reconocer los detalles del proceso, de manera que sirvan como lección para situaciones similares futuras y, en consecuencia, prevenir conflictos.
Acuerdos de esta naturaleza son impensables sin negociación, sin la búsqueda de consensos; se trata del manejo de recursos públicos millonarios y, en este caso en particular, de una institución —los Hospitales Civiles— indispensable en el sistema estatal de salud.
La politización de las negociaciones fue lo que prolongó el hallazgo de los acuerdos y el factor que, mito o no, llegó a contaminar las pláticas, propició desgaste inútil y enrareció el ambiente: el poder del Grupo Universidad.
Los Hospitales Civiles, esa grandiosa institución que presta servicios de salud invaluables para los jaliscienses y los habitantes de la Región Occidente, no puede ni debe estar sujeta ni por asomo, a la sospecha de una influencia así.
Fueron cuatro meses de incertidumbre, desencuentros, divisiones, distracción y pérdida de horas-hombre que se pudieron evitar con mayores dosis de voluntad y apertura, más allá de intereses políticos.
Por fortuna ya pasó y se logró un acuerdo tal que se dispone de un compromiso firmado. Lo mejor es que la lección es clara y debe servir para resolver otros casos en menos tiempo.
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