A partir de hoy, y como reacción a todo lo que salió a la luz sobre el tema del secuestro la semana pasada, la Policía Federal incorporará Unidades Especializadas en manejo de crisis, análisis táctico, negociación, investigación y operación, con 300 elementos apoyados en información de gabinete y de campo, sistemas y tecnología para generar inteligencia operativa.
Las cifras no reflejan toda la verdad por la amenaza común de los plagiarios de no consignar los hechos ante las autoridades, y aun así son contundentes: el delito de privación ilegal de la libertad creció 9% en el último año, al grado que a esta actividad delictiva se le conoce como la “industria del secuestro”, tristemente, una de las pocas industrias que ha tenido crecimiento en este difícil 2008.
Este repunte lo explican las autoridades por los plagiarios que han abandonado la cárcel y reactivado sus células operativas, además, por grupos del narcotráfico que han optado por este delito como vía de financiamiento; sin embargo, una de las características comunes que se han detectado en este tipo de crímenes, es que se encuentra cuando menos una autoridad policial involucrada, factor que descompone las esperanzas del anuncio dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública.
En la medida en que siga habiendo involucrados miembros de la Policía, sea ésta municipal, estatal o federal, las posibilidades de disminuir este tipo de delitos son sumamente bajas, pero además, las consecuencias que esto generará en términos de distanciamiento entre las autoridades gubernamentales y el resto de la sociedad resultarán insalvables.
De nada sirven los esfuerzos que la sociedad mexicana ha venido realizando durante los últimos lustros para construir una democracia, si quienes han llegado a gobernar tienen en sus equipos de trabajo delincuentes del más alto grado de vileza: los que se apoyan en la protección de su trabajo y la información a que les da acceso, para delinquir en uno de los giros que más degradan la esencia y dignidad humanas.
Mientras este fenómeno de delinquir desde el interior de los cuerpos policiales u otras entidades gubernamentales no se abata, lo que estaremos viendo es cómo, poco a poco, la sociedad se irá empobreciendo, pues el país se irá quedando sin la presencia de sus mejores talentos, sean estos sociales, académicos, empresariales o de cualquier otro origen, que acabarán prefiriendo la paz y tranquilidad de otros lugares, que el riesgo de ser en México el próximo en la lista de los que a alguien le han llamado la atención.
Los políticos y las cúpulas podrán discutir eternamente si es o no insuficiente la cadena perpetua, si la pena de muerte disuade a los delincuentes, si ayuda reforzar los cuerpos policíacos o congelar las cuentas de los familiares de secuestrados para que no haya manera de pagar rescates, u otras alternativas legales contra el secuestro, pero en la medida en que la impunidad y la corrupción hagan del Estado de derecho una mera simulación, el tiempo se estará perdiendo.
Las cifras no reflejan toda la verdad por la amenaza común de los plagiarios de no consignar los hechos ante las autoridades, y aun así son contundentes: el delito de privación ilegal de la libertad creció 9% en el último año, al grado que a esta actividad delictiva se le conoce como la “industria del secuestro”, tristemente, una de las pocas industrias que ha tenido crecimiento en este difícil 2008.
Este repunte lo explican las autoridades por los plagiarios que han abandonado la cárcel y reactivado sus células operativas, además, por grupos del narcotráfico que han optado por este delito como vía de financiamiento; sin embargo, una de las características comunes que se han detectado en este tipo de crímenes, es que se encuentra cuando menos una autoridad policial involucrada, factor que descompone las esperanzas del anuncio dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública.
En la medida en que siga habiendo involucrados miembros de la Policía, sea ésta municipal, estatal o federal, las posibilidades de disminuir este tipo de delitos son sumamente bajas, pero además, las consecuencias que esto generará en términos de distanciamiento entre las autoridades gubernamentales y el resto de la sociedad resultarán insalvables.
De nada sirven los esfuerzos que la sociedad mexicana ha venido realizando durante los últimos lustros para construir una democracia, si quienes han llegado a gobernar tienen en sus equipos de trabajo delincuentes del más alto grado de vileza: los que se apoyan en la protección de su trabajo y la información a que les da acceso, para delinquir en uno de los giros que más degradan la esencia y dignidad humanas.
Mientras este fenómeno de delinquir desde el interior de los cuerpos policiales u otras entidades gubernamentales no se abata, lo que estaremos viendo es cómo, poco a poco, la sociedad se irá empobreciendo, pues el país se irá quedando sin la presencia de sus mejores talentos, sean estos sociales, académicos, empresariales o de cualquier otro origen, que acabarán prefiriendo la paz y tranquilidad de otros lugares, que el riesgo de ser en México el próximo en la lista de los que a alguien le han llamado la atención.
Los políticos y las cúpulas podrán discutir eternamente si es o no insuficiente la cadena perpetua, si la pena de muerte disuade a los delincuentes, si ayuda reforzar los cuerpos policíacos o congelar las cuentas de los familiares de secuestrados para que no haya manera de pagar rescates, u otras alternativas legales contra el secuestro, pero en la medida en que la impunidad y la corrupción hagan del Estado de derecho una mera simulación, el tiempo se estará perdiendo.
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