Lo ocurrido ayer en Guadalajara con los candidatos de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) que compiten por la presidencia municipal, ha sido el punto más estridente, más escandaloso, más sucio, de las campañas que ambos vienen realizando, y que comenzaron casi inadvertidas porque estaba en uno de sus momentos culminantes la emergencia sanitaria por la presencia del virus de la influenza A H1N1, que obligó a buena parte de la sociedad a mantenerse a buen resguardo.
En un marco de acusaciones y descalificaciones, los aspirantes acudieron a un supuesto debate que, mostrando la peor cara de la política, quedó completamente opacado por el sainete que protagonizaron por un pretendido afán de exhibirse uno al otro como probables personajes contaminados por los vicios y la cercanía con el delito.
Lanzar el reto, en plena campaña electoral, para que el adversario se someta a pruebas toxicológicas y al polígrafo para ver quién miente (¿o será mejor decir, quién miente más?), es poner en evidencia que se han agotado las ideas, si es que las hubo, o que los argumentos no son suficientes para intentar convencer a los ciudadanos que pueden confiar en ellos, y que tienen un incentivo para acudir a la jornada de votación el próximo 5 de julio.
Estos actos que se han escenificado en plena calle, en lugares públicos, delante de ciudadanos y representantes de medios de comunicación, han llevado a los consejeros del Instituto Electoral a levantar la voz y exigir a los partidos políticos y sus candidatos a que regresen al camino de la estricta legalidad, porque a los ciudadanos les “irrita profundamente la actitud irresponsable” en la que están incurriendo.
No hay que olvidar que los presidentes de los partidos políticos registrados en Jalisco firmaron, con pleno conocimiento de causa, un “acto por la legalidad, la ética y la civilidad en el proceso electoral 2009” que, hoy en día, están incumpliendo flagrantemente, en su afán de hacer tropezar al adversario y ganar, hasta con malas artes, los votos de quienes no han decidido su opción.
Es de esperar que quepa un poco de sensatez en quienes están en la contienda electoral. Pero, francamente, también hay que estar conscientes de que es mucho pedir.
En un marco de acusaciones y descalificaciones, los aspirantes acudieron a un supuesto debate que, mostrando la peor cara de la política, quedó completamente opacado por el sainete que protagonizaron por un pretendido afán de exhibirse uno al otro como probables personajes contaminados por los vicios y la cercanía con el delito.
Lanzar el reto, en plena campaña electoral, para que el adversario se someta a pruebas toxicológicas y al polígrafo para ver quién miente (¿o será mejor decir, quién miente más?), es poner en evidencia que se han agotado las ideas, si es que las hubo, o que los argumentos no son suficientes para intentar convencer a los ciudadanos que pueden confiar en ellos, y que tienen un incentivo para acudir a la jornada de votación el próximo 5 de julio.
Estos actos que se han escenificado en plena calle, en lugares públicos, delante de ciudadanos y representantes de medios de comunicación, han llevado a los consejeros del Instituto Electoral a levantar la voz y exigir a los partidos políticos y sus candidatos a que regresen al camino de la estricta legalidad, porque a los ciudadanos les “irrita profundamente la actitud irresponsable” en la que están incurriendo.
No hay que olvidar que los presidentes de los partidos políticos registrados en Jalisco firmaron, con pleno conocimiento de causa, un “acto por la legalidad, la ética y la civilidad en el proceso electoral 2009” que, hoy en día, están incumpliendo flagrantemente, en su afán de hacer tropezar al adversario y ganar, hasta con malas artes, los votos de quienes no han decidido su opción.
Es de esperar que quepa un poco de sensatez en quienes están en la contienda electoral. Pero, francamente, también hay que estar conscientes de que es mucho pedir.
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