LUIS SALOMÓN
El anuncio del Gobierno federal que muestra disposición para iniciar un diálogo con el EPR es un hecho de la mayor relevancia que implica supuestos que deben ser clarificados por la autoridad ante la opinión pública.
En primer lugar hay que señalar que esto supone que el Gobierno ha confirmado debidamente que el diálogo que se pretende establecer, se hará con la estructura formal de una organización que se ha caracterizado por su constante restructuración, es decir que los servicios de inteligencia saben que con quien se hablará tiene mando e influencia en esta organización.
Como segundo punto supone que la información de que dispone el Gobierno debe indicar que la presencia del EPR en varios estados del país es real y que constituye una amenaza directa, porque de otro modo no se explica la reacción directa y franca al primer estímulo.
En tercer lugar cabe pensar en que las negociaciones con grupos radicales de izquierda por parte del Gobierno persiguen fragmentar la nueva envestida de AMLO. Como cuarto punto la información que tienen las autoridades seguramente indica que puede confiarse en actores como Samuel Ruiz, ex obispo de Chiapas y en Luis H. Alvarez, que curiosamente aparecen prestos a participar en el proceso.
Y el quinto punto es evidente que la materia de la negociación es incierta, puesto que el reclamo del grupo es el rescate de dos de sus miembros, y derrocar a lo que ellos llaman un gobierno ilegítimo; con lo que cabe preguntarse por qué el Gobierno negocia con un grupo que le ha declarado la guerra, precisamente en este momento.
Son muchas las preguntas que surgen respecto de este naciente proceso, en el que por cierto un jalisciense tendrá un papel relevante: Abraham González Uyeda, actual subsecretario de Gobernación; estas cuestiones deben ser respondidas con claridad, porque dada la calidad moral de los miembros de la comisión, sobre todo Granados Chapa y Montemayor, sería muy lamentable que fueran ellos la única fuente de información confiable en el proceso.
Para que este camino tenga éxito deben explicarse claramente el contexto, el ámbito de acción y los objetivos que persigue el Gobierno; debe exponerlos además al Congreso y a la opinión pública, porque el diálogo en sí es ya una declaración política que involucra la seguridad nacional y pone a prueba a las instituciones políticas.
Lo deseable en este proceso es que se haga con transparencia y que el resultado conduzca a la participación política de estos grupos en el entorno de la democracia y la lucha electoral, dejando de lado procedimientos de lucha con violencia; para lograr este cometido es necesario construir una confianza que hoy por hoy no existe en la capacidad negociadora con las fuerzas de la izquierda.
Más vale que sea un acto sincero, sustentado, respaldado en la fuerza política y no se trate de una simple maniobra de distracción, que puede tener altos costos para la seguridad interna de nuestro país.
En los días siguientes veremos si la información de fondo fluye o nos quedamos en mensajes para estimular percepciones, lo que sería un mal comienzo.
México necesita de acuerdos políticos de altura que involucren a todos. Los extremismos son más que nunca peligrosos, tanto los de la derecha, que los tenemos tan cerca, como los de la izquierda que buscan levantar un ambiente de confrontación social.
Esperemos que este proceso esté en la línea de la construcción de una tolerancia política que fortalezca las instituciones.
LUIS SALOMÓN / Doctor en Derecho.
Correo electrónico: lsalomon@iblerlinks.com.mx
El anuncio del Gobierno federal que muestra disposición para iniciar un diálogo con el EPR es un hecho de la mayor relevancia que implica supuestos que deben ser clarificados por la autoridad ante la opinión pública.
En primer lugar hay que señalar que esto supone que el Gobierno ha confirmado debidamente que el diálogo que se pretende establecer, se hará con la estructura formal de una organización que se ha caracterizado por su constante restructuración, es decir que los servicios de inteligencia saben que con quien se hablará tiene mando e influencia en esta organización.
Como segundo punto supone que la información de que dispone el Gobierno debe indicar que la presencia del EPR en varios estados del país es real y que constituye una amenaza directa, porque de otro modo no se explica la reacción directa y franca al primer estímulo.
En tercer lugar cabe pensar en que las negociaciones con grupos radicales de izquierda por parte del Gobierno persiguen fragmentar la nueva envestida de AMLO. Como cuarto punto la información que tienen las autoridades seguramente indica que puede confiarse en actores como Samuel Ruiz, ex obispo de Chiapas y en Luis H. Alvarez, que curiosamente aparecen prestos a participar en el proceso.
Y el quinto punto es evidente que la materia de la negociación es incierta, puesto que el reclamo del grupo es el rescate de dos de sus miembros, y derrocar a lo que ellos llaman un gobierno ilegítimo; con lo que cabe preguntarse por qué el Gobierno negocia con un grupo que le ha declarado la guerra, precisamente en este momento.
Son muchas las preguntas que surgen respecto de este naciente proceso, en el que por cierto un jalisciense tendrá un papel relevante: Abraham González Uyeda, actual subsecretario de Gobernación; estas cuestiones deben ser respondidas con claridad, porque dada la calidad moral de los miembros de la comisión, sobre todo Granados Chapa y Montemayor, sería muy lamentable que fueran ellos la única fuente de información confiable en el proceso.
Para que este camino tenga éxito deben explicarse claramente el contexto, el ámbito de acción y los objetivos que persigue el Gobierno; debe exponerlos además al Congreso y a la opinión pública, porque el diálogo en sí es ya una declaración política que involucra la seguridad nacional y pone a prueba a las instituciones políticas.
Lo deseable en este proceso es que se haga con transparencia y que el resultado conduzca a la participación política de estos grupos en el entorno de la democracia y la lucha electoral, dejando de lado procedimientos de lucha con violencia; para lograr este cometido es necesario construir una confianza que hoy por hoy no existe en la capacidad negociadora con las fuerzas de la izquierda.
Más vale que sea un acto sincero, sustentado, respaldado en la fuerza política y no se trate de una simple maniobra de distracción, que puede tener altos costos para la seguridad interna de nuestro país.
En los días siguientes veremos si la información de fondo fluye o nos quedamos en mensajes para estimular percepciones, lo que sería un mal comienzo.
México necesita de acuerdos políticos de altura que involucren a todos. Los extremismos son más que nunca peligrosos, tanto los de la derecha, que los tenemos tan cerca, como los de la izquierda que buscan levantar un ambiente de confrontación social.
Esperemos que este proceso esté en la línea de la construcción de una tolerancia política que fortalezca las instituciones.
LUIS SALOMÓN / Doctor en Derecho.
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