Muchos recordarán que cuando comenzó a sentirse en México la crisis económica originada en Estados Unidos, el Presidente Felipe Calderón se ufanó de que en nuestro país se mantendría el subsidio a los combustibles derivados del petróleo para favorecer a la población.
Mientras los precios internacionales del crudo alcanzaban precios inusualmente altos, el Gobierno federal destinó crecientes recursos para mantener los precios de las gasolinas y el diesel cada vez más debajo de las cotizaciones internacionales, particularmente las de Estados Unidos.
Los efectos crecientes de la crisis sobre las finanzas públicas del país hicieron que, sin comentario oficial de la Presidencia, cambiara la política. Los precios de los combustibles comenzaron a incrementarse semanalmente. La única explicación del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, fue que el “desliz” era un factor contemplado en la regulación de la comercialización de los derivados de petróleo.
A principios de 2009 el criterio volvió a cambiar. Primero la Premium, y luego la Magna, volvieron a tener precios fijos. El diesel mantuvo un encarecimiento mensual mínimo.
Pero ahora, ante el volumen del déficit gubernamental que enfrenta Felipe Calderón, de más de 480 mil millones de pesos para este año, y la imposibilidad de recortar en otros rubros, el Gobierno ha resuelto, sin reconocerlo públicamente, subir peajes en autopistas y reducir el subsidio a las tarifas eléctricas. Estamos siendo testigos de medidas dolorosas, pero necesarias para que el presupuesto anual no se acabe antes de que lo haga el año.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado que esta acción se aplique en las gasolinas. Si así sucede, muchos la verán como una medida impopular. Sin embargo, hay que entender que la dificultad es estructural. El aparato gubernamental es obeso, producto de decisiones clientelares tomadas por muchos años en la burocracia, pero el déficit también exhibe crudamente la alta dependencia del erario por los ingresos petroleros, y la baja recaudación, concentrada en contribuyentes cautivos y una enorme economía informal exenta de aportar al gasto público.
El Gobierno no puede quedarse sin dinero, pero México tiene un enorme desafío por resolver a largo plazo: finanzas sanas, equilibradas y justificadas.
Mientras los precios internacionales del crudo alcanzaban precios inusualmente altos, el Gobierno federal destinó crecientes recursos para mantener los precios de las gasolinas y el diesel cada vez más debajo de las cotizaciones internacionales, particularmente las de Estados Unidos.
Los efectos crecientes de la crisis sobre las finanzas públicas del país hicieron que, sin comentario oficial de la Presidencia, cambiara la política. Los precios de los combustibles comenzaron a incrementarse semanalmente. La única explicación del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, fue que el “desliz” era un factor contemplado en la regulación de la comercialización de los derivados de petróleo.
A principios de 2009 el criterio volvió a cambiar. Primero la Premium, y luego la Magna, volvieron a tener precios fijos. El diesel mantuvo un encarecimiento mensual mínimo.
Pero ahora, ante el volumen del déficit gubernamental que enfrenta Felipe Calderón, de más de 480 mil millones de pesos para este año, y la imposibilidad de recortar en otros rubros, el Gobierno ha resuelto, sin reconocerlo públicamente, subir peajes en autopistas y reducir el subsidio a las tarifas eléctricas. Estamos siendo testigos de medidas dolorosas, pero necesarias para que el presupuesto anual no se acabe antes de que lo haga el año.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado que esta acción se aplique en las gasolinas. Si así sucede, muchos la verán como una medida impopular. Sin embargo, hay que entender que la dificultad es estructural. El aparato gubernamental es obeso, producto de decisiones clientelares tomadas por muchos años en la burocracia, pero el déficit también exhibe crudamente la alta dependencia del erario por los ingresos petroleros, y la baja recaudación, concentrada en contribuyentes cautivos y una enorme economía informal exenta de aportar al gasto público.
El Gobierno no puede quedarse sin dinero, pero México tiene un enorme desafío por resolver a largo plazo: finanzas sanas, equilibradas y justificadas.
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