La reacción inmediata fue de aprobación. Y a ésta se sumaron desde el Gobierno estatal hasta organismos civiles y personas en general.
Debe hacerse, justo es, un reconocimiento a los diputados del Congreso estatal porque, en un tema trascendente, pudieron dejar de lado posiciones personales y visiones parciales, para actuar en beneficio de la comunidad.
Ése es el comportamiento que los jaliscienses esperan de sus legisladores.
Pasadas la controversia y la polémica, elementos que en el ámbito del Congreso estatal son normales e incluso deseables cuando se guían por el conocimiento y se frenan cuando se oponen al interés común, queda ahora el reto para un futuro inmediato.
El consenso en este momento es que la Ley de Transparencia necesita una reforma, justamente para optimizar el acceso a la información pública. Sin embargo, abundan las posiciones respecto a qué cambios deben hacerse.
En un panorama como éste, lo que conviene es el diálogo y hay muchas vías para entablarlo; las sugerencias inmediatas van de la organización de foros en los que puedan participar especialistas y ciudadanos interesados, a nuevas sesiones de trabajo en las comisiones que integran los diputados del Estado.
El esfuerzo debe encabezarlo el Congreso mismo, por las facultades que la ley le confiere y por la representatividad ciudadana que lo sustenta.
Ya se da por hecho que en las escasas semanas de actividad que le quedan a esta Legislatura, serán los próximos diputados quienes atenderán una reforma a la Ley de Transparencia. Esto ofrece la oportunidad de renovar esfuerzos y repetir, en la mejor de sus expresiones, la tarea del legislador.
En cuestiones tan sensibles como el derecho a la información, que el Poder Legislativo y la ciudadanía caigan en posiciones de confrontación ideológica no es problema irresoluble, porque permanece la posibilidad, como ocurrió ayer, de atender a la sociedad y volver al diálogo antes que imponer nada.
Las partes cumplieron.
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